Lo del activismo judicial conservador en este país se ha vuelto directamente surrealista. Si no supusiera un grave quebrantamiento del Estado de Derecho con importantes repercusiones para nuestra democracia, podría resultar hasta cómico en términos jurídicos.
Ahora resulta que el magistrado García Castellón, desde su bastión en la Audiencia Nacional, está tratando de procesar a Puigdemont por terrorismo, pero sin hacerlo expresamente, porque en realidad no puede. La jugada pasa por meterlo en el saco de la plataforma Tsunami Democràtic. El instructor pretende, aprovechando la coyuntura, atribuir a esta entidad asociativa el carácter de organización terrorista, en total desacuerdo con la Fiscalía, que –recordemos– es quien según el artículo 124 de la Constitución ejerce la acusación en nombre del interés público –y no el juez–. Aun así, Castellón no escatima en calificativos y llega a denominar a quienes dirige su delirante imputación “Estado Mayor” del proceso independentista. Nótese que la terminología belicista utilizada en el auto resulta especialmente jugosa a la hora de construir titulares, a la par que denota nítidamente la forma en que el magistrado, al que la cúpula del PP denominó en su día “uno de los nuestros” entiende la justicia.
Pero lo mejor de todo es que el órgano judicial del que es titular este activista de la derecha con toga y puñetas resulta palmariamente incompetente para conocer de la causa, desde el mismo momento en que la dirige contra Puigdemont. Por mucho que le pese, se trata de un eurodiputado contra el que no se puede proceder sin previa autorización del Parlamento Europeo. Por eso el instructor se ve obligado a realizar una extravagante pirueta procesal y le cita como investigado, pero sin formalizar la imputación, pues versa sobre unos hechos de los que en realidad no puede tener conocimiento ¿Por qué le cita entonces? La respuesta es fácil: para crear una imagen útil a la causa. Con todo este despropósito solo se pretende simular que Puigdemont está encausado por terrorismo, cuando quien lo insinúa ni siquiera está facultado a día de hoy para procesarle. Cabe añadir, además, que en esta película judicial producida por el PP aparece Otegi haciendo un cameo. Les diríamos que no se la perdieran, pero es que la prensa de derechas no les va a dar opción a ello.
Mientras tanto, en el juzgado 104 de primera instancia de Madrid, el juez Manzanares, condenado por prevaricación e indultado por el Gobierno de José María Aznar en 2004, ha admitido a trámite la demanda presentada por un particular contra todos los partidos políticos que promuevan o apoyen la, aún inexistente, ley de amnistía. Lo que en realidad pretenden los demandantes, en un ejercicio de alienación jurídica, es impedir su tramitación mediante la adopción de unas medidas cautelares, cuanto menos alocadas, dirigidas a paralizar la actividad legislativa con carácter previo a que se inicie.
Todo esto por lo civil, jurisdicción que nada tiene que ver con el asunto, y ante un juzgado de primera instancia de Madrid. Ya puestos, ¿por qué no?
Lo que estamos contemplando es tan inverosímil jurídicamente como grave en términos políticos. Ya no es que algunos jueces estén forzando la Ley, es que nos están llevando a un escenario completamente ajeno al Derecho
Lo que estamos contemplando es tan inverosímil jurídicamente como grave en términos políticos. Ya no es que algunos jueces estén forzando la ley, es que nos están llevando a un escenario completamente ajeno al derecho. Ni en las mejores novelas de Kafka podemos encontrar tal enajenación judicial.
Un puñado de magistrados antisistema parecen dispuestos a quebrar el Estado antes que ver gobernando de nuevo a quienes no comparten su visión de España. Solo así puede explicarse la osadía de declararse rebeldes ante las leyes que deben aplicar y obedecer. También es cierto que tienen razones para sentirse seguros. Por muy flagrante que resulte su incumplimiento, la experiencia demuestra que en nuestro país los excesos cometidos por miembros del Poder Judicial raramente encuentran respuesta dentro de los propios tribunales.
Hasta ahora la venia de sus señorías ha sido respetada incluso en aquellos casos donde difícilmente podía reconducirse al legítimo ejercicio del cargo. Pero conviene preguntarse qué pasará si algunos de ellos continúan forzando la máquina hasta romper el sistema que les soporta. La potestad jurisdiccional, reconocida por el artículo 117.3 de la Constitución, no es una patente de corso para meter baza allí donde se les antoje sin mayores repercusiones que una palmadita en el hombro por parte de sus afines. Si queremos salvar esta imperfecta democracia, más temprano que tarde tendremos que ponerle coto a los desmanes de quienes se escudan en el tercer poder del Estado para alzarse precisamente contra aquello que les ha constituido como autoridad: la soberanía popular expresada en las urnas.
_______________________
Juan Manuel Alcoceba Gil y Amaya Arnáiz Serrano son profesores de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y Javier Truchero Cuevas es abogado y socio de Iuslab.
Lo del activismo judicial conservador en este país se ha vuelto directamente surrealista. Si no supusiera un grave quebrantamiento del Estado de Derecho con importantes repercusiones para nuestra democracia, podría resultar hasta cómico en términos jurídicos.