La salud de nuestra democracia se juega en los medios (y la UE lo sabe)
Del Código de Buenas Prácticas contra la Desinformación a la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación
En el principio era la desinformación. Cuentas falsas, granjas de bots ubicadas al otro lado de un fantasmagórico telón de acero, y pudimos notar, observar y analizar su influencia en el Brexit, en el procés, en las elecciones europeas, en la pandemia… Pero lo cierto es que no hacía falta mirar a Moscú. En todos los países de la UE, y muy especialmente en España, los medios y redes de desinformación vinculados a la extrema derecha se iban —y se están— multiplicando con el único objetivo de horadar y deslegitimar la democracia y propiciar soluciones autoritarias, si no directamente golpistas (aunque ahora a los golpes los llaman blandos). Trump (con Bannon como agitador entre las democracias europeas) o Bolsonaro marcan el camino. Resulta inquietante que millones de votantes conservadores, en Estados Unidos, Europa, y significativamente en España, hayan sucumbido al machaque constante del columnismo y tertulianismo más burdo (también entre algunos medios convencionales), y sigan religiosamente los canales y medios dedicados a fabricar bulos. Y más inquietante aún es que estén dispuestos a creérselos aun a sabiendas de que son falsos).
La libertad de información tiene agujeros preocupantes
Así que ya desde 2018 la UE se puso manos a la obra buscando códigos de buena conducta. Aunque, primero el cambio climático, luego la pandemia y la invasión de Ucrania, obligaron a redoblar esfuerzos para frenar el negacionismo, teorías conspiranoicas y justificaciones bélicas de quimeras imperiales.
La cosa no queda ahí. Llevamos años viendo en nuestro suelo cómo algunos regímenes autoritarios y/o de derecha radical como Hungría y Polonia han pisoteado la libertad de prensa y amordazado a los periodistas mediante adquisiciones de medios, intimidación y censura. Pero tampoco los socios “más occidentales” se han librado de las presiones contra los periodistas. Por ejemplo, en España, la llamada ley mordaza (todavía no modificada) cuenta con profesionales de la información entre sus numerosos damnificados. Y en Francia, buenas palabras, bellos discursos sobre la libertad de expresión que Amnistía Internacional ha llegado a calificar de “vergonzosa hipocresía”.
Y en el centro de todo está la política. Como dice el profesor Díaz Arias, la mayor parte de las mentiras o las medias verdades, también de los insultos, tienen su origen en agentes políticos que tienen como estrategia “crear un clima de tensión, polarización, descrédito del adversario convertido en enemigo, quebrar la confianza en las fuentes expertas y en los procedimientos lentos y complejos de la democracia para promover las soluciones directas, sencillas, milagrosas”. Esa es la clave del éxito de los mensajes de extrema derecha en las redes sociales: desde la democracia y el respeto a sus procedimientos no se pueden explicar fenómenos complejos en 240 caracteres. Para escribir “frente a la invasión migratoria, bloqueo naval”, nos sobran 200. El lenguaje de las redes facilita la difusión de ideas autoritarias en detrimento de las democráticas. Así ganó Trump en 2016; así se fabricó el Brexit; así desarrolla Putin sus guerras asimétricas. Y el resultado es devastador para el debate civilizado en el que se basa la democracia con la soberanía, la limpieza de las elecciones y la calidad de la deliberación pública como objetivo.
Ha llegado el momento de actuar
En España, además, tenemos un problema añadido. Y es que buena parte de esos agentes intoxicadores, vinculados a la extrema derecha política y a grupos ultraconservadores religiosos, gozan de financiación pública para alimentar sus webs mal llamadas informativas procedentes de algunos gobiernos regionales y locales. Un sarcasmo que, de los impuestos que pagamos toda la ciudadanía, se alimenten instrumentos de desinformación para acabar con la democracia. Por eso es urgente cambiar cuanto antes la actual ley de Publicidad Institucional, y estas propuestas legislativas europeas pueden ayudar a ello.
Conscientes de la debilidad ética de nuestro ecosistema mediático, la Comisión Europea ha lanzado serias advertencias al respecto: “En los últimos años hemos observado diversas formas de presión sobre los medios de comunicación —dice la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová—. Ha llegado el momento de actuar. Tenemos que fijar principios claros: no se debe espiar a ningún periodista por su trabajo; los medios de comunicación públicos no deben convertirse en medios de propaganda”.
Ante una anomalía democrática, pues, las instituciones reaccionan adecuadamente porque el derecho a la información de los ciudadanos es central en la legislación comunitaria. El artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE reconoce el derecho a una información plural y objetiva. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.
Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación
La casuística de los problemas que afectan a la transparencia de los medios y la protección de la libertad de información varía de un país a otro, pero dibuja en cualquier caso un panorama más que preocupante al que hay que hacer frente de forma urgente. Y es en este contexto en el que surge la propuesta de Media Freedom Act, también llamada Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, que establece salvaguardias comunes a escala de la UE para garantizar una pluralidad de voces y para que nuestros medios de comunicación puedan funcionar sin interferencias, sean privadas o públicas. Periodistas independientes y medios transparentes: así resumía Mediapart el plan de la UE para blindar el derecho a la información.
Esta ley tiene, por ahora, formato de Reglamento y contempla, entre otras cosas, salvaguardias contra las injerencias políticas en las decisiones editoriales, contra la vigilancia y presiones a los periodistas o contra la opacidad de la propiedad de los medios.
La propuesta —que ya fue sometida a consulta pública y ahora se debate en la Eurocámara y de manera informal en el Trílogo— se centra en la independencia y la financiación estable de los medios de comunicación de servicio público, así como en la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación y de la asignación de publicidad estatal. También establece medidas para proteger la independencia de los editores y revelar sus conflictos de intereses. Por último, la propuesta de Reglamento aborda también la cuestión de la concentración de los medios de comunicación y crea un nuevo Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicación independiente, formado por autoridades nacionales en materia de medios de comunicación. Este nuevo consejo sería una agencia independiente que velará por la aplicación del acervo comunitario en lo referente a los medios de comunicación dentro de la Unión.
La Presidencia española del Consejo de la UE cierra en la práctica el periodo legislativo toda vez que las elecciones serán en mayo de 2024 y es de vital importancia que esta ley se apruebe como Reglamento antes del final de la legislatura
El texto ha cosechado durante la fase de consultas críticas desde distintos ángulos políticos y profesionales. Desde la derecha, la industria y las empresas editoras y televisivas privadas sostienen que el texto es una amenaza para la libertad de expresión y de los medios de información porque —dicen— la regulación puede restringir la libertad de los medios de comunicación, el principio de la libertad editorial de los editores y la libertad de invertir y hacer negocios.
Desde opciones políticas progresistas y las organizaciones profesionales de periodistas, sin embargo, afirman que la propuesta es poco ambiciosa en la protección auténtica de la libertad expresión y del derecho a la información de los ciudadanos y echan en falta medidas efectivas para abordar la discriminación publicitaria y la desinformación en los medios de comunicación.
Exigencias aparte, lo cierto es que el Reglamento tiene virtudes indudables para la buena salud ética y democrática de nuestros medios. Se trata de encontrar un equilibrio entre protección a la libertad de expresión y de los medios, y la necesaria regulación para garantizar una opinión pública plural y diversa.
Un necesario impulso desde las Presidencia española
Corresponde ahora al Parlamento Europeo y el Consejo debatir la propuesta de Reglamento de la Comisión con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Una vez adoptado por los colegisladores, el Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros. Importante, subrayo: el Reglamento es obligatorio y aplicable en seis meses. Porque posiblemente sea esa la razón por la que ya hay propuestas de algunos grupos parlamentarios y sugerencias en el seno del propio Consejo para segregar el texto en Reglamento y Directiva. La Directiva hay que transponerla a la legislación de cada país y corresponde a cada estado miembro formular y debatir en sus parlamentos sus propias leyes para determinar cómo aplicar estas normas. Largo me lo fiais.
En cualquier caso, la tramitación de una norma tan vital para la protección de las libertades de información y de expresión en la UE, para la salvaguarda de la democracia misma, es importante que no quede atrapada en la lentitud de los procedimientos legislativos y que no sucumba a las tentaciones dilatorias y, por tanto, la Presidencia española debe comprometerse con la agilización de los trámites y su implementación efectiva e inmediata. La Presidencia española del Consejo de la UE cierra en la práctica el periodo legislativo toda vez que las elecciones serán en mayo de 2024 y es de vital importancia que esta ley se apruebe como Reglamento antes del final de la legislatura y que, aunque haya mejoras técnicas, se mantenga el espíritu. Porque es nuestra propia democracia la que está en juego. Sin un debate público plural y equilibrado, no hay democracia posible.
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Juan Cuesta Rico es periodista, presidente de Europa en Suma.
