Cuando empezó la pandemia, durante el confinamiento, la población salía masivamente a los balcones a aplaudir a los sanitarios. Después, la Comisión del Congreso para la Reconstrucción volvió a situar a la Sanidad Pública en el centro de las actuaciones necesarias, y hasta hoy no ha habido declaración pública de los responsables políticos que no hiciera hincapié en la necesidad de reforzar y potenciar la Sanidad Pública y en cómo la pandemia ha demostrado su importancia y su eficacia.
Sin embargo, a pesar de tantas promesas y palabras altisonantes, la cruda realidad ha ido por otro lado, como puede comprobarse analizando los presupuestos y los gastos realizados en reforzar la sanidad. Si las bonitas palabras no se acompañan de esfuerzos presupuestarios se quedarán en el vacío; ya se sabe, “es la economía, estúpido”.
Veamos los hechos. En primer lugar está el Plan de Resiliencia presentado a la UE que, sorprendentemente, destinaba una cantidad escasa a la sanidad; un exiguo 1,53 % frente al 22,68% de Italia, el 17,8% de Alemania, el 14,9% de Francia o el 8,3% de Portugal (de hecho, somos el 3º país de la UE que menos porcentaje destina a sanidad de estos fondos). Este plan era un primer indicio de que la Sanidad Pública no estaba entre las prioridades reales.
La segunda cuestión es el destino real de los fondos covid que las comunidades recibieron del gobierno en 2021 (ver El País 31/12/21). El 13,42% de este dinero no se empleó, y sólo el 51,93% se gastó en sanidad y servicios sociosanitarios (por supuesto con amplias variaciones entre autonomías y como siempre Madrid a la cola: 24,57% no se gastó, y en sanidad y servicios sociosanitarios solo se gastó el 50%). De nuevo, no se controló el gasto y no se empleó todo el dinero disponible. Imaginen lo que se podría haber hecho con los 2.157 millones de euros no gastados si, por ejemplo, se hubiesen destinado a reforzar la Atención Primaria. Desde luego no estaríamos ante la situación actual de un colapso casi generalizado de la misma.
La tercera son los presupuestos, generales y autonómicos, que en modo alguno reflejan la intención de reforzar significativamente el sistema sanitario. Los presupuestos de sanidad crecen un 4,9%, pero los del Ministerio de Sanidad decrecen un 17,2% (en realidad el crecimiento es el de los de las Mutualidades de funcionarios) y los de las comunidades, que son el 92,96% del gasto sanitario público, crecen un 4,15% de promedio. Es decir, un aumento evidentemente insuficiente para cubrir las necesidades del sistema sanitario público y más aún para permitir un refuerzo y/o una reconstrucción del mismo. Paralelamente, se mantiene la exagerada diferencia entre los presupuestos per capita (690,65 euros por habitante entre la que más destina, País Vasco, y la que menos, de nuevo Madrid) lo que impide que en la práctica se puedan proveer los mismos servicios sanitarios, en cantidad y/o en calidad, y rompe con la necesaria equidad y cohesión entre las autonomías.
Finalmente, se continúa en la línea de las promesas sin compromisos concretos, como sucede con la aprobación del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria para los años 2022 y 2023, que no contiene compromisos presupuestarios concretos y vuelve a dejarnos con la expectativa de un plan con objetivos más o menos buenos, pero sin medios para cumplirlos. Otra decepción.
Hay que tomar medidas concretas de refuerzo con rapidez, porque está en juego el mejor sistema sanitario que ha tenido este país y por lo tanto la salud de la población
Esto es lo que hay. Un posible efecto muy peligroso es que se fracture la capacidad de afrontar la situación de los trabajadores sanitarios, hartos de promesas incumplidas, lo que sería sumamente grave y difícil de recuperar. No estaría de más recordar que existe el artículo 43 de la Constitución, que señala que “se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”. Sería también deseable que comenzaran a cumplirse las promesas de nuestros políticos, porque el tremendo estrés que vive el sistema sanitario no puede mantenerse demasiado tiempo sin que se produzca un hundimiento del mismo. Hay que tomar medidas concretas de refuerzo con rapidez, porque está en juego el mejor sistema sanitario que ha tenido este país y por lo tanto la salud de la población.
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Marciano Sánchez Bayle es médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
Cuando empezó la pandemia, durante el confinamiento, la población salía masivamente a los balcones a aplaudir a los sanitarios. Después, la Comisión del Congreso para la Reconstrucción volvió a situar a la Sanidad Pública en el centro de las actuaciones necesarias, y hasta hoy no ha habido declaración pública de los responsables políticos que no hiciera hincapié en la necesidad de reforzar y potenciar la Sanidad Pública y en cómo la pandemia ha demostrado su importancia y su eficacia.