El sindicalismo confederal es independiente de todos los partidos políticos, pero no es indiferente al marco institucional que construye la política. Está fuera de duda la beligerancia del sindicalismo para lograr un marco político-institucional que defienda, propicie y amplíe los derechos sociales y la reducción de las desigualdades. ¿Cómo concretarlo en una legislatura cuando está cogida con pinzas? El lema de las derechas «la cruz en los pechos y el diablo en los hechos» será permanente zafarrancho de combate contra una legislatura que, como hipótesis, podría abrir un nuevo ciclo de derechos sociales y civiles. Frente a ese ataque, que no le conviene al sindicalismo confederal, éste debe construir instrumentos para defender un objetivo prioritario que pasa porque la legislatura cumpla su plazo y sea lo más fructífera posible. Si esto fracasa, el riesgo sería una involución en los terrenos sociales, culturales y políticos.
Esto nos lleva a una segunda consideración: la relación entre política y trabajo es –o debería ser– un rasgo distintivo de la izquierda. Se nos hace difícil pensar la izquierda y su proyecto-trayecto fuera de esa relación. En parte, la crisis de las izquierdas ha tenido mucho que ver con su desvinculación del multifacético universo del trabajo que ha vivido profundas mutaciones.
Nos parece necesario que el gobierno de coalición PSOE–UP y el sindicalismo confederal pongan en marcha una amplia red contractual y que aborde una serie de medidas urgentes con el fin de satisfacer problemas pendientes, a la par que consolide la legislatura. Nos parece que el cumplimiento total del período de mandato legislativo es condición necesaria, aunque no suficiente, para abrir un nuevo curso de derechos sociales. La firma para la última subida del Salario Mínimo Interprofesional es una señal potente y clara. Es un paso hacia el umbral de la Concertación Social entre los agentes sociales.
No estamos planteando que el sindicalismo sea un sujeto ancilar de las políticas del gobierno, ni de ningún partido. Estamos hablando de una relación de utilidad mutua entre ambos que redunde en beneficio de la mayoría de la ciudadanía, especialmente de aquellos sectores menos protegidos. No se trataría tanto de formalizar un pacto sino más bien de una práctica sostenida de acuerdos puntuales. Por ejemplo, entendemos que, para trascender la reforma laboral, se debería elaborar un nuevo texto normativo, previamente negociado con los agentes sociales. Una práctica que impulse unos nuevos derechos sociales nacidos del paradigma post-fordista e inscritos en el cuadro de un acuerdo social por la innovación tecnológica, muy especialmente en el ecocentro de trabajo. De entrada con un particular interés en reducir el déficit tecnológico en nuestro país, que es uno de los tapones que obliteran la eficiencia de la empresa al tiempo que degradan la calidad del empleo; pero también como imprescindible estrategia de la lucha contra la crisis climática. Pensemos, es sólo uno entre tantos ejemplos, en la necesaria reconversión del sector automovilístico.
Una nueva relación entre sindicalismo y política contribuiría a revitalizar las instituciones democráticas y la misma democracia, que han envejecido considerablemente. Se trata de encontrar, entre ambos, una práctica inédita para reducir la distancia entre la política y la ciudadanía, ampliando la proximidad del sindicalismo con sus representados. Para ello sería conveniente que la política y el sindicalismo se comprometieran, cada cual en su terreno, con una profunda y convincente renovación. No nos estamos refiriendo a las cuestiones de intendencia que son las que han motivado que los partidos se dieran sólo una mano de pintura. Pensamos en una profunda corrección de la desubicación de la política con el actual paradigma post-fordista en permanente reestructuración y reconversión de los aparatos productivos y de la economía global. Esa es la situación mientras que los actores políticos y sociales actúan al margen de ello; se mueven en la estrecha clave del Estado nación y como si el agente principal de la gran industria todavía fuese la cadena de producción de naturaleza fordista.
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Hoy, digámoslo claro, el fordismo es pura herrumbre, no así el taylorismo que sigue vivito y coleando. Mantener la acción política en el viejo paradigma, ya inexistente, no sólo es completamente inútil sino contraproducente. Así las cosas, los problemas no sólo no se solucionan sino que se pudren y, tras ello, aparecen tres situaciones: una, inmensas agrupaciones de agraviados; dos, un descrédito de la democracia, reduciéndose gradualmente su perímetro; y tres, la aparición de ejércitos de salvación –primero en forma de grupúsculos irrelevantes, después más consistentes con poder de intimidación— con sus respectivos caudillos, profetas y soldados. Por eso nos atrevemos a sugerir a unos y otros que no tengan miedo de lo nuevo.
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José Luis López Bulla es sindicalista. Javier Tébar Hurtado es historiador.
El sindicalismo confederal es independiente de todos los partidos políticos, pero no es indiferente al marco institucional que construye la política. Está fuera de duda la beligerancia del sindicalismo para lograr un marco político-institucional que defienda, propicie y amplíe los derechos sociales y la reducción de las desigualdades. ¿Cómo concretarlo en una legislatura cuando está cogida con pinzas? El lema de las derechas «la cruz en los pechos y el diablo en los hechos» será permanente zafarrancho de combate contra una legislatura que, como hipótesis, podría abrir un nuevo ciclo de derechos sociales y civiles. Frente a ese ataque, que no le conviene al sindicalismo confederal, éste debe construir instrumentos para defender un objetivo prioritario que pasa porque la legislatura cumpla su plazo y sea lo más fructífera posible. Si esto fracasa, el riesgo sería una involución en los terrenos sociales, culturales y políticos.