¡Vete al médico, Errejón! ¿Y después qué?

Va para tres años que, en una sesión de control al Gobierno, un diputado del PP —Carmelo Romero— lanzó su particular exabrupto dirigido a Íñigo Errejón –“¡Vete al médico!”—, en un intento de ridiculizar y banalizar la salud mental, contra la petición que éste estaba haciendo al presidente Sánchez para diseñar de manera urgente una política más ambiciosa para la atención psicológica. El parlamentario de Más País se focalizó en los problemas de salud mental que sufre la población española, y en la falta de medios para atenderla debidamente. La petición fue recogida insistiendo en la complejidad de la situación, y en que el remedio pasa por abordar un paquete de actuaciones inmediatas, como incorporar más plazas para pacientes en hospitales y centros de día, y el aumento de la ratio de profesionales psiquiatras y psicólogos clínicos en la sanidad pública para alcanzar la media europea. No obstante, el anterior gobierno de coalición no logró finalizar la tramitación de la Ley General sobre Salud Mental que propuso Unidas Podemos en 2021, debido a retrasos con las enmiendas y el final de la legislatura.

Siendo un aspecto crucial el aumento del número de plazas para los tratamientos y de profesionales, no debemos dejar de prestar atención a la totalidad del recorrido que muchos pacientes tienen por delante una vez han sido atendidos y tratados por el Sistema Sanitario público. Existen otros elementos que están integrados, como son las residencias concertadas, las asociaciones de apoyo y cuidados, y el sistema de voluntariado. 

Al sistema de voluntariado, como último eslabón de la cadena de tratamiento y cuidados en salud mental, hay que darle la importancia que realmente tiene y necesita. Desde el comienzo del presente siglo XXI se han publicado un gran número de artículos y libros sobre el voluntariado, la mayoría críticos con la visión neoliberal, individualista y conservadora que se mantiene actualmente sobre el mismo. Prima un enfoque crítico hacia la figura del Estado, que detalla la evolución sufrida por todos los actores implicados en el Tercer Sector, entre ellos la relación Estado-asociación-voluntario, dado que el Estado se ha convertido en la mayor fuente de financiación y regulación, pero, a cambio de su ausencia o de la fragilidad de los mecanismos de intervención estatal en la esfera de la protección social y los cuidados. 

El Estado delega la iniciativa y extiende al entorno de asociaciones y voluntariado el trabajo precario e informal, incluso como un complemento de la formación académica. Las instituciones impulsan e incentivan el voluntariado para cubrir los vacíos que ellas mismas producen y que no solucionan con sus propios organismos de protección. Estos intereses influyen y dirigen la importancia que los voluntarios conceden a la implicación con sus organizaciones, o a la falta de identificación para con ellas. 

La visión neoliberal, individualista y conservadora del voluntariado es una trampa. Es la utilización perversa de la retórica de la responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad para satisfacer intereses generales. Pero participar en la gestión no es tener responsabilidad, son conceptos diferentes. Ser responsable es tener que responder y promover, y quienes, por imperativo legal, constitucional, lo tienen que hacer son los poderes públicos. 

En los tipos de asociaciones hay grandes diferencias a nivel de apoyo social, aporte de medios económicos institucionales y privados, y difusión de la problemática que tratan, pero, sobre todo, en la cantidad, obligatoriedad y adecuación de la formación hacia el voluntario. Esto se hace de manera muy positiva a favor de, por ejemplo, las asociaciones contra el cáncer (AECC), pero de forma más deficiente con las asociaciones que tratan a personas con enfermedad mental severa y/o discapacidad intelectual. Se estudia a los voluntarios de asociaciones contra el cáncer, la incidencia de su abandono total de la actividad y el burnout, pero no se estudia sobre la preferencia de los voluntarios por trabajar en asociaciones contra el cáncer en detrimento de las de enfermos mentales y discapacitados intelectuales, o sobre el abandono temprano en estas y cuáles son los factores que inciden para ello. Estar en estrecha relación con situaciones críticas en salud mental puede ser un factor en contra de la estabilidad emocional y anímica, si el voluntario no dispone de suficiente formación y apoyo. En este  sentido, debemos hacernos las siguientes preguntas:

Además de la formación y la visión neoliberal, el estigma es tal vez el aspecto prioritario en relación a la salud mental. Casi nunca se enfoca sobre cómo influye en el proceso del voluntario para elegir una asociación en la que colaborar; también por la cercanía social; la construcción de imaginarios; los estereotipos y los mensajes institucionales hacia el voluntario; la motivación para participar en estas asociaciones o el contra-don. El Estado se apropia de la actividad de los voluntarios, rentabiliza su dedicación al delegar en ellos parte de sus cometidos, pero devuelve lo recibido (como servicio) en forma de incentivos y subvenciones a las asociaciones, y en ello el voluntario no participa, pues dona sin recibir devolución (contra-don). 

Las instituciones impulsan e incentivan el voluntariado para cubrir los vacíos que ellas mismas producen y que no solucionan con sus propios organismos de protección

Mientras tanto, cuando el enfermo mental ya no está en manos del profesional sanitario, en muchos casos se encuentra solo (más aún el adulto), ni siquiera cuenta con la presencia de la familia, que suele apartarlo, instándole a vivir de forma independiente: para el voluntario esto no sucede en el caso de los enfermos de cáncer, donde la familia suele estar presente, le apoya y le proporciona tiempo libre, llegando a relacionarse con ella en un recorrido de largo alcance. El enfermo mental necesita cubrir todo ese tiempo libre y, muchas veces, no tiene medios ni orientación ni conexión con la familia u otras comunidades. La enfermedad mental está en la calle o en la soledad del piso, compartido o no, porque la persona ingresa puntualmente en los hospitales, o acude al centro de día, pero el resto del tiempo está recluida en su casa y, con frecuencia, abandonada hasta el siguiente brote. 

Está acosada por el estigma, que le muestra como una persona perezosa, incompetente e, incluso, peligrosa. Entonces, el voluntario se pregunta cómo va a enfrentarse al hecho de ayudar a “un loco”, pudiendo estar en otra asociación más prestigiosa, que cuida los aspectos emocionales y que está respaldada por figuras importantes y públicas de nuestra sociedad. Un ejemplo es el “Foro contra el Cáncer” (AECC), con la Reina Letizia como presidenta de honor, que defiende que un voluntario formado debe integrarse como uno más en el equipo asistencial que acompañará al paciente de cáncer, y obtendrá reconocimiento por su labor, incluso tendrá la oportunidad de salvar vidas mientras se enriquece como ser humano.

En resumen, después de cada tratamiento en salud mental, el paciente tiene periodos de soledad, oscuros, grises, situaciones que no sabe manejar y necesidades que el sistema de salud mental también debe cubrir. Se tiene que dotar a los responsables de las asociaciones que trabajan con personas con trastorno mental severo y/o discapacidad intelectual de herramientas suficientes para reorientar su posicionamiento como asociación, y sus prácticas en relación a la política de formación de voluntarios, de reclutamiento y de reciprocidad, según las expectativas de los voluntarios. De esta manera se desarrollará con ellos un proceso más exitoso y un trabajo posterior mejor ajustado a sus necesidades y, por supuesto, a las del paciente (ejemplo: Tú Decides). En el trabajo de campo se constatan las dificultades que tienen las asociaciones para reclutar o retener a los voluntarios, que derivan de no saber cómo hacerlo ni por qué sucede.

Esperemos que salga adelante la Proposición de Ley General de Salud Mental que presentó Podemos el pasado doce de enero, con el objetivo de “garantizar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y regular el acceso a una atención sanitaria y social de calidad”. Además, también tiene la misión de “establecer las correspondientes actuaciones de los poderes públicos, con el fin de lograr la plena participación e inclusión en la sociedad, sin estigmatizaciones ni discriminaciones, respetando los derechos humanos”.

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José Javier González es antropólogo y colaborador de la Fundación Alternativas.