La necesidad de una mayor transparencia es algo ya inherente a la propia evolución de la sociedad. Y en ese sentido, las nuevas tecnologías de comunicación e información han sido las que han posibilitado una vigilancia democrática que era impensable en otras épocas de asimetría informativa.
Pero al tiempo que se ha constatado esta necesidad, se ha abierto un debate entre transparencia y seguridad. En relación con la primera, no hay ningún manifiesto y/o declaración política que no la reclame de forma efusiva. Y en relación con la segunda, se ha abierto también la vieja dicotomía entre libertad y seguridad. Un debate que, en línea con lo que propugnó el secretario general de Naciones Unidas en 2005, consideramos bastante falso. Para el Secretario General, el concepto más amplio de libertad es el que suma seguridad, desarrollo y Derechos Humanos. Y no hay desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo, y no puede haber ni seguridad ni desarrollo si no hay respeto por los derechos humanos.
Es evidente también, que gracias al fenómeno de la globalización se ha creado, para la transparencia, un nuevo espacio de atención pública que ha reducido sensiblemente las distancias entre testigos y actores. Y en ese espacio, los ciudadanos son protagonistas, en la medida en que mediante la vigilancia y la denuncia, han contribuido a reducir distancias con el poder y a desestabilizar, cada vez más, la capacidad que ese poder tenía para imponerse de forma coercitiva.
El problema surge cuando se habla de la necesidad de transparencia en temas de seguridad y defensa, pues parece que, con ello, lo que se pretende es abrir una caja de Pandora que los “expertos” consideran suya, y que defienden a capa y espada en aras del “bien común”.
Pero creemos que ya es hora de que esa idea de los “expertos” cambie definitivamente, porque bajo la excusa de que “eso puede afectar a la seguridad” se esconde, muchas veces, información sobre la gestión de un servicio público. Y esa gestión debe ser transparente. La transparencia es transversal a toda la Administración Pública, incluida la de seguridad y defensa.
Esta demanda de transparencia supone, en definitiva, un cambio en las formas de actuar.
Una transparencia que no debe entenderse como una mera apertura de archivos y acceso a la información bruta. Como insiste Biung Chul Han, el filósofo coreano -de educación alemana-, la transparencia no siempre coincide con la comprensión, ya que transparencia y verdad no son siempre idénticas. (“La sociedad de la transparencia”, editorial Herder. Barcelona, 2013),
La transparencia se ha convertido en uno de los principales valores democráticos, gracias a la cual la ciudadanía puede controlar la actividad política, verificar que los procedimientos legales se respetan, y confiar en las instituciones, pero también es cierto que su implementación no es tan sencilla en los temas de seguridad y defensa.
Los “expertos” en seguridad, los poderes que controlan esta “información sensible”, se resisten a este cambio de comportamiento y pretenden cumplir el requisito de la transparencia con una mera puesta a disposición de los datos. Y eso no es suficiente. No solo hay que exigir los datos y la veracidad de los mismos, sino que esa información que se pone a disposición de los ciudadanos sea inteligible.
Para garantizar una adecuada vigilancia democrática, no es suficiente la abundancia de datos. La “hiperinformación” no supone una inyección de luz en la oscuridad. Es necesario que esos datos podamos interpretarlos y entender en qué condiciones se han generado. Si no es así, solo tendremos una parte de la realidad.
¿Hay transparencia en los temas de Seguridad y Defensa?
Pues si nos atenemos a los informes de Transparencia Internacional (TI) – el último publicado corresponde al año 2015, y estudia la corrupción en el sector público de 168 países- vemos que entre los países que han tenido un mayor descenso en sus posiciones durante los últimos cuatro años se incluyen Libia, Australia, Brasil, España y Turquía.
El informe incluye un Índice Anticorrupción en defensa y seguridad que evalúa los riesgos de corrupción en los ámbitos políticos, financieros, de personal, de operaciones y de adquisiciones en las administraciones militares de los miembros de la OTAN y países socios. Y en el caso de España, indica que a pesar de las denuncias, aún no se ha realizado ninguna evaluación exhaustiva de los riesgos de corrupción en las Fuerzas Armadas y, concretamente, aconseja “elaborar una doctrina operativa que identifique dichos riesgos”. TI cree imprescindible “proporcionar formación al personal militar y altos mandos”, y “garantizar un personal crítico e independiente preparado para vigilar y advertir de lo ocurrido durante las misiones -especialmente aquellas de paz-, y en la contratación, donde se hallan las mayores tasas de corrupción en el sistema de defensa”.
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También alude, el informe, a las dificultades y falta de transparencia que tiene la Comisión de Defensa para examinar los Presupuestos de Defensa, debido a:
- Que el desglose de los presupuestos no es el más adecuado. No se detallan importantes gastos militares, ni los fondos utilizados de forma extraparlamentaria. Además, éstos son incluidos en los presupuestos de otros ministerios como Industria, Economía, Educación o Asuntos Exteriores.
- Que existe una diferencia de un 14% de media entre la proyección de los presupuestos y su ejecución, llegando a un 30% en ciertos años.
Por ello, TI recomienda “publicar los presupuestos de Defensa de una forma más comprensible, reflejando la financiación que se realiza mediante otras partidas de los presupuestos del Estado”, y sugiere que “el Gobierno de España dependa menos de los fondos reservados – excepto en casos impredecibles o de emergencia-,” así como que “la financiación de las misiones internacionales debe ser calculada con mayor exactitud para minimizar las disparidades entre el presupuesto y el gasto real”.
En definitiva, que algunas cosas pueden y deben de hacerse de otra manera.
La necesidad de una mayor transparencia es algo ya inherente a la propia evolución de la sociedad. Y en ese sentido, las nuevas tecnologías de comunicación e información han sido las que han posibilitado una vigilancia democrática que era impensable en otras épocas de asimetría informativa.