Buzón de Voz

Traduciendo a Puigdemont

Después de escuchar este martes a Carles Puigdemont en cuatro idiomas desde su aparente autoexilio en Bruselas, y tras una lectura atenta de la querella de la Fiscalía General, procede consultar a juristas, políticos y asesores de comunicación con el objetivo de traducir el estado de cosas sobre Cataluña y España, marcado en todo momento por la confusión y la propaganda y tan condicionado por la acción de la justicia como por los intereses electorales de los partidos.

Cumplidos esos deberes, y con todas las cautelas frente a posibles intoxicaciones, nos atrevemos a escribir:

¿Quién prestará declaración y quién no en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo?

Carles Puigdemont no tenía la intención de pedir asilo político en Bélgica entre otras razones porque sabía que no se lo concederían. España tiene un Gobierno reprobable, con varios ministros reprobados por el Congreso y un Fiscal General, José Manuel Maza, tan reprobado como desacreditado por afirmaciones impropias de su cargo en cualquier democracia madura. Pero España no es una dictadura sino un Estado de derecho garantista y europeo. Que Puigdemont alimentara la pretensión de ser considerado un exiliado político no era tan ofensivo para el Estado español como para la memoria de centenares de miles de exiliados antifranquistas, catalanes o españoles, catalanistas o simplemente demócratas, que de verdad se vieron obligados a abandonar su patria tras un golpe de Estado y tras sufrir la derrota en una guerra civil. Insinuar siquiera la comparación es una absoluta frivolidad.

Lo que también sabe Puigdemont es que Bruselas es un escenario idóneo para colocar un potente megáfono con el que mantener en Europa el sonido de la inexistente República Catalana y el de la denuncia contra un Estado “represor” que “se niega a utilizar el diálogo para resolver una cuestión política”. Se trata de una forma extrema de “internacionalizar” el conflicto, después de haber comprobado que las instituciones europeas y la comunidad internacional han dado la espalda a una declaración de independencia unilateral de Cataluña.

Cuando se le preguntó a Puigdemont al mediodía si tenía previsto volver a Cataluña, el president destituido dijo que exigiría para él y sus acompañantes “garantías de ser tratados como ciudadanos europeos”. Proclamó que no pretendía “eludir la responsabilidad ante la justicia”, aunque todo el mundo interpretó que planeaba esperar en Bélgica (al menos él) las decisiones que fueran tomando los tribunales españoles. Y la primera decisión llegó por la tarde, cuando la jueza Carmen Lamela, la misma que encarceló sin fianza a los Jordis, admitió la querella de Maza y citó para el jueves y el viernes en la Audiencia Nacional a Puigdemont y al resto del Govern destituido. De no presentarse ni justificar la ausencia, la Fiscalía podría reclamar una orden de detención y, si siguiera fuera de España, de extradición. Hasta entonces todos ellos son personas libres sin limitación alguna de movimiento.

Declarar el viernes la República Catalana Independiente y desaparecer tres días del mapa mientras el Estado decreta la destitución del gobierno autonómico, la extinción de sus principales organismos en el exterior, la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre exigía una explicación detallada y convincente. Sobre todo ante los propios ciudadanos catalanes, y muy especialmente ante los 193.000 funcionarios de la Generalitat a quienes se les ha venido pidiendo “resistencia pacífica”. Puigdemont ha contado que desde el viernes por la noche el Govern (no se sabe en qué reunión ni con qué asistentes) trazó “un plan de trabajo” con la prioridad de “evitar la violencia” ante “la agresividad sin precedentes de la ofensiva del Estado contra el gobierno legítimo”.

Según ese plan, una parte del gobierno autonómico se desplazaría a Bruselas para “evidenciar el grave déficit democrático que se da en el Estado español” y la otra parte, “con el vicepresidente [Oriol Junqueras] a la cabeza” continuaría en Barcelona defendiendo su legitimidad. Hasta el momento de escribir estas líneas, ni Junqueras ni ninguno de los miembros del Govern destituido que han permanecido en Cataluña han confirmado que existiera ese “plan de trabajo” y ese ‘reparto de tareas’. Por otra parte, alegar que el viaje a Bruselas tenía como prioridad “no poner a los funcionarios en una situación de riesgo”, al tiempo que les reclama que sean "creativos" para impedir la aplicación del 155 es, como mínimo, chusco por parte de Puigdemont. Si en algún momento se ha planteado reeditar en Bélgica una especie de Saint Martin le Beau (localidad francesa donde vivió expatriado Josep Tarradellas más de treinta años), debería tener más presente lo que Tarradellas decía inspirado por Josep Pla: "En política se puede hacer todo, menos el ridículo".

Leídosy releídos los 118 folios de la querella de la Fiscalía General, es llamativo el esfuerzo por argumentar el delito de rebelión haciendo responsables a Puigdemont, a todo su Govern y a la Mesa del Parlament de cada uno de los incidentes violentos ocurridos en las calles de Cataluña antes, durante y después del 1 de octubre. Juristas de relieve no encuentran sin embargo datos que demuestren que los acusados sean autores de un “alzamiento violento”. La comparación que se apunta con el golpe del 23-F, como si nadie recordara los disparos en el hemiciclo del Congreso, es tan poco respetuosa con la memoria como la de Puigdemont en su papel de “exiliado político”.

Una vez más, como tantas otras en lo referido a Cataluña, la exageración resta credibilidad a la actuación. Ya sea por intencionalidad o por incapacidad, lo cierto es que delitos como la desobediencia o la malversación tienen suficiente castigo penal y civil como para que nadie devalúe su peso acusando también a sus presuntos autores de rebelión, de sedición o de la muerte de Manolete. Puigdemont y el resto de investigados podrán, como cualquier otro acusado, defenderse con todas las garantías y recurrir las decisiones judiciales, en los tribunales españoles y en los europeos.

Lo que ofrece menos dudas es el objetivo político de Puigdemont: asume las elecciones convocadas hábilmente por Rajoy para el 21 de diciembre y las plantea como “un plebiscito” sobre la legitimidad del 155. El independentismo no puede acudir a estos comicios prometiendo lo que ya ha demostrado que no es capaz de conseguir porque ni España ni la comunidad internacional ni la realidad económica aceptan: la independencia unilateral. De modo que intenta colocar los focos y el motor de la movilización de sus filas en la denuncia de “la intervención del Estado por la fuerza” en Cataluña. Se trata de incentivar el frentismo desde el orgullo herido de un pueblo “invadido”, no con los tanques sino vía real decreto.

Hasta el 21 de diciembre (como mínimo) seguiremos asistiendo a un angustioso proceso con dos caminos paralelos que inevitablemente se irán condicionando entre sí: el judicial y el político. Sobre el primero, Puigdemont ha bailado en las últimas horas entre las opciones de convertirse en prófugo o inmolarse como "martir" de la causa independentista si es enviado a prisión. Sobre el segundo, el futuro político de Cataluña y España, vale la pena atender a esa pregunta que lanza Puigdemont (por escasa que sea ya su autoridad para hacerla): ¿Qué plantean los partidos que han apoyado el 155 si el resultado del 21-D dibujara un Parlament similar al disuelto? Ese es precisamente el pronóstico de la última encuesta del ‘CIS catalán’, conocida este mismo martes y susceptible de variar en un contexto tan volátil y sujeto a la movilización mayor o menor de los distintos frentes y del abstencionismo habitual. Nadie querrá responder a esa pregunta antes del 22 de diciembre, pero más vale que insistamos en que hay que ofrecer respuestas que no se limiten a las querellas por rebelión, porque un Puigdemont y trece exconsellers pueden acatar las órdenes judiciales o incluso acariciar el autoexilio, pero centenares de miles de ciudadanos seguirán donde están y pensando o sintiendo probablemente lo mismo que hoy piensan o sienten. Salvo que escuchen propuestas creíbles y capaces de hacerles cambiar de opinión.

P.D. Ya no sorprende, pero debería. En todo este laberinto en el que andamos catalanes y españoles seguimos sin escuchar una sola intervención política que arranque reconociendo un error. ¿Alguien se imagina a Rajoy pidiendo disculpas por haber utilizado electoralmente el Estatut que el PP recurrió al TC? ¿A Artur Mas aceptando que no es democrático iniciar un proceso hacia la independencia sin tener una mayoría social que lo exija? ¿A Puigdemont reconociendo que nunca debió saltarse la ley? ¿O que tuvo la oportunidad de convocar las elecciones que Rajoy le ha convocado y la desperdició? Ha dado ejemplo este martes uno de los más respetados y respetables periodistas, Iñaki Gabilondo: “Me equivoqué”. Escúchenlo. No es tan difícil.

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