El 4,4% de encuestados en el último Barómetro Sanitario [consultar, aquí], el sondeo que realizan anualmente el Ministerio de Sanidad y el CIS, asegura que en 2016 dejó de tomar algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos.
Si se traslada este porcentaje al conjunto de la población española mayor de 18 años la conclusión es que 1,67 millones de ciudadanos residentes en España han renunciado a tratamientos médicos. En 2014, la primera vez que el barómetro incluyó esta pregunta el 4,5% de los encuestados respondió en este mismo sentido. El porcentaje bajó al 4% en 2015 y ahora ha vuelto a subir.
El sistema sanitario español está construido sobre los cimientos de la universalidad y la gratuidad, si bien incluye desde su origen el copago en las medicinas que se dispensan en las oficinas de farmacia. Además, el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha en 2012 un nuevo sistema con el que implantó el copago para los pensionistas, que hasta entonces sólo habían contribuido a pagar los medicamentos a través de los impuestos.
Los jubilados empezaron así a pagar el 10% del precio de los fármacos que compran en boticas (con topes de 8, 18 o 60 euros mensuales en función de la renta). Para el resto de ciudadanos, el porcentaje de pago se estableció en función de los ingresos. Se mantuvo en el 40% para quienes ganan hasta 18.000 euros al año, se aumentó del 40% al 50% para los que tienen unos ingresos entre 18.000 y 100.000 y se incrementó del 40% al 60% para quienes ganan más de esa cifra. A cambio, quedaron exentos los parados de larga duración y quienes cobran pensiones mínimas o no contributivas.
En este sentido, la Organización Médica Colegial (OMC), entidad que agrupa a los colegios de médicos de toda España, ha lanzado en los últimos años propuestas como blindar frente al copago los fármacos para determinadas enfermedades para que nadie quede excluido de ningún tratamiento por falta de medios. De hecho, países de la Unión Europea como Francia, Italia y Holanda tienen listas de fármacos para determinadas patologías financiados al 100% por la Administración.
Desde el Ministerio de Sanidad defienden que ya existen los llamados fármacos de aportación reducida por los que los pacientes pagan, tengan la renta que tengan, un 10% de su precio con un límite de 4,13 euros por receta. Se trata de 40 grupos de productos entre los que están los antidiabéticos orales y la insulina, los antidepresivos, los tratamientos para controlar las arritmias o los medicamentos para el tratamiento del cáncer que se toman fuera del hospital.
La reforma sanitaria puesta en marcha cuando Ana Mato estaba al frente del Ministerio de Sanidad también puso en marcha el llamado medicamentazo. Es decir, la exclusión del sistema de recetas de 417 fármacos de uso común que desde el 1 de septiembre de 2012 los pacientes deben pagar íntegramente de su bolsillo. Entre ellos, Fortasec, para tratar la diarrea; Flumil o Flutox, para procesos catarrales; o el protector de estómago Almax.
Valoración
El estudio que anualmente realizan el Ministerio de Sanidad y el CIS para testar la opinión de los ciudadanos sobre el sistema de salud deja también otros datos de interés. En conjunto, la puntuación que dan los ciudadanos a la atención sanitaria que reciben es notable: 6,55 sobre 10. De hecho, esta nota aumenta respecto al año pasado, cuando fue de 6,38. En 2014 la puntuación media fue de 6,31, el peor registro desde 2008. Respecto a la opinión general de la población (usuarios y no usuarios), el 66,1% manifiesta que el sistema sanitario en España funciona bien o bastante bien aunque necesite algunos cambios, mientras que el 33,2% piensa que necesita modificaciones fundamentales.
También es muy positiva la valoración de la atención en la consulta de atención primaria (médico de familia): el 86% asegura que es buena o muy buena, dos décimas más que en 2010. Las expectativas previas sobre la atención son, además, altas, ya que seis de cada diez personas manifiestan que la atención recibida fue más o menos igual a como esperaban que fuera. En las consultas de atención primaria son muy apreciados aspectos como la confianza y seguridad que transmite el médico (7,73 puntos sobre 10), el trato recibido del personal sanitario (7,72) y la información recibida sobre el problema de salud (7,55).
Todo ello a pesar de que el problema de la demora para ser atendido ha llegado a este servicio. Llamar por teléfono, pedir cita y estar en la consulta del médico de cabecera al día siguiente o, como mucho, a los dos días ya no es algo tan habitual. De hecho, uno de cada cuatro encuestados asegura que tardaron al menos cinco días en darle cita con su médico de cabecera. La Organización Médico Colegial viene alertando de este problema, que enmarca en un contexto de crisis y recortes presupuestarios. Según un informe elaborado por esta organización sobre la base de 4.450 encuestas realizadas a médicos de familia y pediatras, el 52,5% de los facultativos tiene cupos superiores a las 1.500 personas asignadas, lo que supone una media de cuarenta citas por jornada.
En cuanto a las consultas de especialistas, el 79,5 % de los pacientes manifiesta que la atención prestada fue buena o muy buena. No obstante, casi uno de cada tres (28,7%) considera que la situación en este servicio va a peor. En 2011 los encuestados que hicieron esta consideración apenas llegaban al 12%.
También se advierte cierto deterioro en la percepción que tienen los ciudadanos sobre los servicios de urgencias. De hecho, el 35,2% cree que el servicio ha empeorado respecto al año anterior y uno de cada cuatro asegura que permaneció al menos tres horas esperando desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le pasaron a planta. Por otro lado, el 75,8% asegura que el trato recibido fue bueno o muy bueno la última vez que acudió a este servicio, 4,7 puntos menos que en 2010.
Listas de espera
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Entre los aspectos más cuestionados por los ciudadanos sigue estando la lista de espera, que viene siendo uno de los elementos más negativos desde 1995, cuando se publicó el primero de estos informes. 2016 no es una excepción: el 28% de los encuestados cree que la situación de las listas de espera ha empeorado en el último año. Esta cifra supone un ligero descenso respecto al año anterior cuando el 33,3% consideraba que había empeorado. En 2010 los que creían que la situación de las listas de espera se había deteriorado en relación a los doce meses previos eran el 11,7% y en el año 2000 apenas el 4,7%.
Por otro lado, el informe del Ministerio de Sanidad y el CIS también pregunta por los modelos de gestión sanitaria. De manera clara, la mayoría de los encuestados (68,9%) considera que la gestión pública es mejor, mientras que un 13,3% opina que el sistema funcionaría mejor si lo gestionaran empresas. Así ocurre en las distintas opciones analizadas por el estudio: consultas de atención primaria (69,6%), consultas de atención especializada (57,0%), ingreso en hospital (68,1%) y urgencias (66,4%).
No obstante, en conjunto, la percepción sobre la diligencia de las compañías privadas ha aumentado levemente. En 2014, cuando se preguntó por primera vez por esta cuestión, el 69,6% prefería la pública y el 11,2% la privada.
El 4,4% de encuestados en el último Barómetro Sanitario [consultar, aquí], el sondeo que realizan anualmente el Ministerio de Sanidad y el CIS, asegura que en 2016 dejó de tomar algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos.