Los 104 contratos que se realizaron entre enero y marzo de 2010 a través de ocho decretos firmados por el entonces presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, costaron 700.000 euros a la institución provincial.
Este dato fue desvelado al inicio del quinto y último día de juicio contra el expresidente, ya fuera de la política, y para el que las acusaciones piden diez años de inhabilitación por delito de prevaricación continuada.
Así, en su intervención inicial en la sala de la Audiencia, y en el turno para explicar las conclusiones definitivas, el abogado del PSOE dio a conocer el informe de la intervención de la institución en el que se recoge esta cifra, en el que apoya su petición sobre responsabilidad civil que reclama a Baltar. Por parte del fiscal, Florentino Delgado, comenzó la intervención final explicando que en el banquillo no está sentado el expresidente Baltar, "sino una manera de hacer las cosas, una idea de lo que es la administración pública y el servicio a los ciudadanos".
Según el fiscal el "personalismo" se caracteriza por "dejación del ordenamiento" y en él, "uno piensa que es más que el ordenamiento y que el ordenamiento está al servicio de su fin, que es, en este caso, ser el presidente".
Mantiene su inocencia y dice estar "tranquilo"
Baltar se defendió en su alegato final al que le da derecho la justicia asegurando que el secretario y el jefe de Personal le pidieron que asumiese la culpa de no publicar los 104 puestos de trabajolos 104 puestos de trabajo por los que se juzga al que fue barón conservador por un delito de prevaricación. "Me visitaron después [de que se presentase la querella] para decirme que me hiciese cargo, porque si no, les caía el pelo a ellos", afirmó en el juicio que se ha prolongado durante toda la semana en la sala de Audiencia.
Baltar hizo uso del derecho a la última palabra para mantener su inocencia y manifestar que tiene la conciencia "totalmente tranquila". "En esto sólo se va a la caza mayor, pero se dejaron por el camino otras piezas que también están implicadas", advirtió. El expresidente de la Diputación de Ourense lanzó dudas sobre los testimonios, al poner de manifiesto que se parte de la idea "de que ellos dicen la verdad porque como testigos tienen obligación de decirla" y al añadir: "A mí se me supone que miento, porque no estoy obligado a decir la verdad, pero igual está pasando al revés".
En ese sentido, detalló que es cierto que a él "nadie" le advirtió de la obligación de publicar las plazas que se cubrieron con los 104 contratos temporales, de tres meses la mayoría, por procedimiento urgente, e incidió en que "fue el procedimiento" que le dijo "el jefe de Personal, José Luis Suárez, que había que utilizar".
"Afear la conducta"
Baltar (PP) alega que no sabía que las contrataciones "precisaban publicidad”
"A mí me tienen que meter en vereda, ¡pues bueno!, pero hay otros responsables que hicieron caso omiso de sus obligaciones, y ellos no se enteraron de lo que habían hecho hasta que el fiscal envió un oficio pidiendo información sobre dónde se publicaron las plazas", agregó Baltar.
Según él, fue en ese momento cuando el secretario, Francisco Cacharro, y el responsable de Personal le "confirmaron que sí había que publicitar las plazas", cuando él ya no era presidente de la Diputación, dos años después. "Por qué no se hizo entonces, si tenía que saberse, pues había otras plazas que sí se publicitaron e incluso una que se hizo también por ese procedimiento de urgencia y se publicitó", se preguntó Baltar, ante una sala con una veintena de personas entre público, medios de comunicación y abogados de las partes.
Asimismo, añadió que nunca recomendará a los abogados de la acusación para otros trabajos, pues "tuvieron sus minutos de gloria y ya está". "Quiero afear su conducta, y perdonen si ofendo, porque se despacharon a gusto para cazar esta pieza", criticó. El juicio ha quedado visto para sentencia. El fiscal y las acusaciones populares mantienen sus peticiones de condena a 10 años de inhabilitación para cargo público y electo, como expresaron en sus conclusiones definitivas.
Los 104 contratos que se realizaron entre enero y marzo de 2010 a través de ocho decretos firmados por el entonces presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, costaron 700.000 euros a la institución provincial.