A comienzos de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, se enfrentó en la Eurocámara al examen para convertirse en jefe de la diplomacia europea. Durante las tres horas que duró la audiencia, se abordaron multitud de temas. Uno de ellos fue el de la venta de armamento a países en conflicto, un negocio del que también se beneficia España. En concreto, el 22,4% de las exportaciones de material bélico que se realizaron en los últimos años tuvieron como destino final Estados en los que entonces existían tensiones o, directamente, conflictos armados, según consta en el informe La espiral de violencia de la España fortaleza del Centre Delàs d’Estudis per la Pau y el Instituto Internacional por la Acción Noviolenta (Novact). Unas cifras que permiten a los investigadores afirmar que durante el periodo analizado “la legislación vigente en materia de exportación de armamento ha sido vulnerada de manera reiterada”. Por ello, exigen un “modelo de autorización” que “evite una interpretación negligente, irresponsable o dolosa”.
Entre 2004 y 2017, el periodo estudiado por la organización, se dio el visto bueno o se entregó armamento a más de un centenar de países. Catorce ejercicios en los que, además, las ventas de material bélico se multiplicaron por diez. Sólo en los últimos cinco años recogidos en el informe, las exportaciones de armas que se llevaron finalmente a cabo mantuvieron una cifra que rondó los 4.000 millones de euros anuales, algo que para los expertos “muestra la consolidación de una elevada facturación” en los mercados exteriores “por parte de la industria militar española”. “Hay dos posibles explicaciones para esto: que una laxa aplicación de la normativa sobre exportaciones de armas haya sido quien haya contribuido de manera decisiva al crecimiento del sector o bien que el hecho de haberse convertido en un sector económico de relevancia en la cartera de exportaciones españolas influya en cierto modo en que la aplicación de la legislación al respecto sea especialmente laxa”, señalan Jordi Calvo y Ainhoa Ruiz, los autores del estudio.
El Centre Delàs analiza detalladamente los compradores de este material bélico. Y una de las principales conclusiones a las que llega es que los sucesivos Ejecutivos no han aplicado con firmeza la ley. Así, entre 2007 y 2017 el 6,1% de las exportaciones de armas fueron efectivamente entregadas a países en guerra y el 16,3% a Estados en tensión. Es decir, que en estos catorce años el 22,4% del material bélico que salió de nuestro país recaló finalmente en lugares en los que su uso “pudiera tener una relación directa con la violencia armada y represión militar característica de los conflictos armados y habitual en escenarios de tensión política y social, evidenciando que el crecimiento de las exportaciones de armas españolas y su aparente importancia en la economía se debe, en parte, a la venta a países en conflicto o tensión”. Envíos a Estados como Argelia, Irak o Venezuela, entre otros, que han reportado a la industria militar patria 6.303 millones de euros.
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau también hace hincapié en que una parte importante de los envíos de material bélico fueron, además, a parar a Estados donde existían “cifras relevantes de personas forzadas a migrar”. “Los principales destinos de armas españolas que pueden haber provocado refugiados y desplazados son: Irak, Pakistán, Colombia, Malí, Filipinas y Turquía”, señala el informe. En este grupo incluyen también incluye a Israel, por el conflicto con Palestina, y a Arabia Saudí, que junto con Emiratos Árabes Unidos lidera la coalición internacional en la guerra de Yemen. A suelo israelí ha llegado en estos últimos años gran variedad de armamento, destacando tanto las armas pequeñas y ligeras como los equipos electrónicos y de formación de la imagen, “susceptibles de ser utilizados para el control militar de la población palestina”. Municiones y bombas, torpedos, cohetes y misiles fueron, por otra parte, los envíos más importantes que llegaron a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos procedentes de España.
Legislación “vulnerada de manera reiterada”
“La existencia de refugiados y desplazados en un país es un claro indicador de que la situación de seguridad es deficiente. Este factor es uno de los criterios por los que el Gobierno español debiera haber rechazado la autorización o la realización efectiva de buena parte de las exportaciones”, recoge el informe, que añade que durante todos los años analizados “la legislación vigente en materia de exportación de armamento ha sido vulnerada de manera reiterada”. En la actualidad, la venta de material bélico a otros países está regulada por la Ley 53/2007. Esta norma establece, en su artículo 8, que se podrán denegar las solicitudes de autorización y suspender y revocar las autorizaciones “cuando existan indicios racionales” de que el material de defensa o los productos y tecnologías de doble uso puedan “ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional”, “exacerbar tensiones o conflictos latentes” o ser utilizados “con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”.
Con todos estos datos sobre la mesa, los investigadores recomiendan al Gobierno “incorporar un modelo de autorización” que “garantice el respeto completo a la legislación española y europea existente y evite una interpretación negligente, irresponsable o dolosa”. Además, proponen una mejora de “los procesos de transparencia” haciendo públicas las actas de decisión sobre las exportaciones de armamento de la Junta Interministerial para el Comercio y el Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU), plantean una mayor participación de organismos y entidades independientes en el proceso y recomiendan incorporar en el análisis de la situación sobre la seguridad de un país “indicadores más amplios” que ofrezcan “una visión amplia y veraz” sobre los “riesgos para la población” de la venta de armas a esos países. Y, por supuesto, plantean la necesidad de aplicar “todos los medios y mecanismos necesarios” para “mantener un control efectivo y permanente” del material bélico que se ha exportado.
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El negocio de la España fortalezaEspaña fortaleza
El informe también analiza la “violencia directa e indirecta” alrededor de las fronteras. España, señala el informe, es “referente” en el despliegue de las “políticas de militarización” del espacio fronterizo como medida de contención y regulación de los procesos migratorios en la Unión Europea. Una estrategia de la España Fortaleza, continúan los expertos, consolidada tanto por los gobiernos del PSOE como los del PP y cimentada sobre la construcción de vallas o muros y en el desarrollo de sistemas de control tecnológico como el SIVE –Sistema Integrado de Vigilancia Exterior–. Y de la que también se obtienen pingües beneficios económicos. “La militarización de los espacios fronterizos es un área de interés para la industria, como se demuestra en la diversificación de empresas y la cantidad de contratos que se realizan para su creación y mantenimiento. De esta manera se alimenta la expansión de un complejo industrial de seguridad que se lucra generando y manteniendo infraestructuras que contribuyen a generar violencia”, sostienen los expertos.
El informe reconoce la complejidad de tener información completa sobre las firmas beneficiadas debido a la dificultad de búsqueda de contratos relacionados con este tema. Sin embargo, los expertos ponen sobre la mesa una pequeña muestra de licitaciones para el mantenimiento de la militarización de fronteras concedidas entre 2002 y 2018. Indra se llevó en ese periodo 27,25 millones de euros públicos en actividades relacionadas con la construcción de vallado y mantenimiento de las instalaciones, seguida por Ferrovial Agromán –20,3 millones de euros– y Dragados Obras y Proyectos –15,28 millones–. La compañía tecnológica también es la más beneficiada en la muestra analizada de contratos relacionados con el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, embolsándose en este periodo 28,54 millones por servicios de suministro y mantenimiento de equipos. Atos IT Solutions y la UTE entre Deimos y El Corte Inglés se hicieron con contratos relacionados con el SIVE por valor de 9,4 y 6,1 millones, respectivamente.
A comienzos de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, se enfrentó en la Eurocámara al examen para convertirse en jefe de la diplomacia europea. Durante las tres horas que duró la audiencia, se abordaron multitud de temas. Uno de ellos fue el de la venta de armamento a países en conflicto, un negocio del que también se beneficia España. En concreto, el 22,4% de las exportaciones de material bélico que se realizaron en los últimos años tuvieron como destino final Estados en los que entonces existían tensiones o, directamente, conflictos armados, según consta en el informe La espiral de violencia de la España fortaleza del Centre Delàs d’Estudis per la Pau y el Instituto Internacional por la Acción Noviolenta (Novact). Unas cifras que permiten a los investigadores afirmar que durante el periodo analizado “la legislación vigente en materia de exportación de armamento ha sido vulnerada de manera reiterada”. Por ello, exigen un “modelo de autorización” que “evite una interpretación negligente, irresponsable o dolosa”.