La última actualización de la relación de abogados del Estado cifra en 654 el número de estos altos funcionarios. Del total, 250 (el 38,22%) están en situación de excedencia trabajando en el sector privado, 345 (52,75%) están en activo y 59 (9%) en situación de servicios especiales, es decir, en cargos públicos de la Administración o en órganos judiciales.
Además, de los 345 abogados del Estado que, según datos oficiales, están en activo, una treintena compatibiliza su puesto de funcionario con actividades privadas para las que han obtenido la compatibilidad. Como norma general se les autoriza al ejercicio de la abogacía siempre y cuando esa actividad no colisione con los intereses del Estado. Estas compatibilidades son no pocas veces polémicas.
También es controvertido el tránsito de abogados del Estado al sector privado, en muchos casos para asesorar a empresas que litigan contra el Estado. De ellos, las empresas privadas valoran su gran conocimiento del derecho público y de la legislación. Los funcionarios, a cambio, obtienen remuneraciones muchísimo más altas que en el sector público.
Si se les compara con los registradores de la propiedad y los notarios, los abogados del Estado son los altos funcionarios más proclives a solicitar una excedencia para dar el salto a la empresa privada. En el caso de los notarios, de un censo de 2.894, sólo 1 (0,03%) está en situación de servicios especiales, mientras que 63 se encuentran en excedencia (2,16%) y los 2.830 restantes (97,7%) están en activo. En el de los registradores de la propiedad, de un total de 1.062 que figuran en el escalafón, 2 (0,18%) están en servicios especiales, 19 (2,73%) lograron una excedencia y 1.041 (98%) se encuentran en activo.
Los datos, con fecha de este mes de diciembre, han sido facilitados a infoLibre a raíz de tres demandas de información al Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado.
A continuación, este diario repasa los datos más relevantes que se desprenden de los listados actualizados de cada uno de estos cuerpos de funcionarios.
Abogados del Estado
Este cuerpo se encarga de prestar asistencia jurídica al Estado y a sus organismos autónomos, así como a los órganos constitucionales. La última oferta de empleo público para abogados del Estado apareció en el Boletín Oficial del Estado este mes de diciembre. El total de plazas para este proceso selectivo es de 20.
En el listado facilitado a través del Portal de la Transparencia figuran nombres tan conocidos como el de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el de la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, o el del comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.
Santamaría ocupa el puesto 683 en el escalafón oficial, en el que también conservan su número los funcionarios jubilados y fallecidos. A Cospedal le corresponde el número 555. La situación administrativa de ambas es en "servicios especiales". Arias Cañete, en la misma situación, ocupa el número 280.
Entre los 59 abogados del Estado que están en servicios especiales figuran nombres como el de Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey, o Eva María González Díez, secretaria general y del consejo de Loterías y Apuestas del Estado. También se encuentra el nombre de uno de los más jóvenes del Cuerpo: Álvaro Botella. Nacido en 1981 fue nombrado secretario general y del consejo de Correos en febrero de 2016. Ocupa el puesto 888 en el escalafón.
Dentro del mundo de los abogados del Estado tiene mucha fama la promoción de 1996. Es la conocida como La Gloriosa.La Gloriosa Sus integrantes ocupan o han ocupado altos cargos tanto en el Gobierno como en la empresa privada. Es el caso de Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Presidencia entre los años 2011 y 2015 y ahora de vuelta al Banco Santander, de donde fue fichado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Ocupa el puesto 618 del escalafón y su situación es de excedencia.
También tuvo un cargo relevante en el primera legislatura de Rajoy otro de los nombres más conocidos de La Gloriosa: Leopoldo González-Echenique, expresidente de RTVE. Este abogado del Estado presentó el 25 de septiembre de 2014 su dimisión ante el consejo de administración de RTVE. Y el 6 de marzo de 2015 obtenía la autorización de compatibilidad para incorporarse a la consultora Sociedad Everis SLU. Se dio la circunstancia de que era la misma empresa a la que se le había adjudicado un análisis del Portal de la Transparencia, una de las iniciativas estrella del Gobierno.
Pérez Renovales y González-Echenique son compañeros de promoción de Iván Rosa. El marido de Soraya Sáenz de Santamaría ocupa el puesto 650 en el listado de los abogados del Estado y en la actualidad está en excedencia. Trabaja para Telefónica.
Tal y como informó este periódico, durante la primera legislatura de Rajoy, la vicepresidenta Santamaría fue la integrante de su gabinete que más se apartó a la hora de tomar decisiones en el Consejo de Ministros: 23. El grueso de sus abstenciones tuvieron que ver con el trabajo de su marido. Rosa fichó por Telefónica como asesor jurídico en marzo de 2012.
La influencia y el poder de los altos funcionarios del Estado en la primera legislatura de Rajoy provocó no pocos recelos en sectores del Gobierno y del PP. Uno de los puntos de mayor fricción fue la regulación del cargo público.
En los momentos de redacción de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, dirigentes conservadores se quejaban de que pese a que el mensaje que se pretendía lanzar desde el Gobierno era el de que los controles a quienes se dedican a la actividad pública iban a ser mayores, lo que podía extraerse del proyecto de ley apuntaba a lo contrario. Se quejaban de que el Gobierno estaba dando pasos para hacer de la Administración un coto privado al que sólo tuviesen acceso los funcionarios.
La crítica venía sustentada en el artículo 2.6 de la ley, que establecía como norma general que los puestos de director general quedaban reservados para funcionarios de carrera.
Registradores de la propiedad y notarios
El máximo exponente de los registradores de la propiedad es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, titular del registro de Santa Pola (Alicante). En la actualidad, con datos de diciembre, hay 1.062 registradores en España. El grueso de ellos está en activo (1.041), 19 en excedencia y dos en servicios especiales. Según el Ministerio de Justicia, la función es "la llevanza de los Registros de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles existentes en España".
Uno de los dos registradores en servicios especiales es Rajoy, que ingresó en el cuerpo con fecha del 21 de septiembre de 1978; el otro es Francisco Javier Gómez Gálligo, director general de los Registros y del Notariado. Gómez Gálligo, que se incorporó a la carrera en septiembre de 1984, es titular del registro número 5 de Las Palmas de Gran Canaria.
IU pide limitar las excedencias de abogados del Estado y prohibirles litigar contra la Administración
El apellido Rajoy Brey se repite en dos ocasiones más en el listado de registradores de la propiedad. Al presidente del Gobierno le acompañan en esta carrera sus hermanos Mercedes y Enrique. En el escalafón, en el que también figuran los fallecidos y los jubilados, Rajoy ocupa el número 61. Mercedes, titular del número 2 de Getafe (Madrid), ocupa el puesto 145, y Enrique, titular del registro número 3 de Valladolid, ocupa el 246. Ambos, a diferencia de su hermano, están en activo.
Según ha informado este diario, del expediente de Rajoy se desprende que el líder del PP cobró entre 1981 y 1985 como cargo público y también como registrador. Al conseguir su primer escaño, en octubre de 1981, tenía dos opciones legales: pedir la excedencia como registrador, con lo que su plaza saldría a concurso, o acogerse a la norma que le permitía recibir una parte de los honorarios registrales al tiempo que percibía retribuciones como diputado. Y optó por la segunda opción. Sólo renunció a esos honorarios en noviembre de 1985, es decir, 14 meses después de que hubiera entrado en vigor la ley que pasó a prohibir la doble cobranza a todos los funcionarios, incluidos los registradores.
El notario es el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales. Dentro de los altos funcionarios este es uno de los grupos más numerosos. En la actualidad hay 2.894. Sólo 1 está en servicios especiales y 63 en excedencia. El único notario es excedencia es Ángel Aznárez Rubio, magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJ de Asturias.
La última actualización de la relación de abogados del Estado cifra en 654 el número de estos altos funcionarios. Del total, 250 (el 38,22%) están en situación de excedencia trabajando en el sector privado, 345 (52,75%) están en activo y 59 (9%) en situación de servicios especiales, es decir, en cargos públicos de la Administración o en órganos judiciales.