Tras dos aplazamientos consecuencia de la política de recortes y con tres años de retraso respecto a lo que preveía inicialmente la ley, 312.025 dependientes moderados –según datos del mes de mayo, que son últimos disponibles– accedieron el pasado 1 de julio al derecho a tener una ayuda o prestación por tener limitada su autonomía personal. La dependencia ha sido uno de los principales flancos de las críticas a las que ha tenido que enfrentarse el Gobierno de Mariano Rajoy durante esta legislatura. Ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina, el Ejecutivo publicita este cumplimiento de la ley casi como un logro.
Pero más allá del optimismo del que puedan hacer gala en el Gobierno, la inquietud permanece entre los colectivos de afectados, que vienen denunciando de forma insistente que el de la dependencia es un sistema "en situación de demolición controlada". Y también hay intranquilidad entre las autonomías –que son las principales financiadoras de esta ley– y que auguran que la inclusión en el sistema de ayudas de los dependientes moderados (son los que tienen necesidades de apoyo intermitente) acarreará "bastantes problemas", según comentan a infoLibre desde varios Gobiernos autonómicos que no están en manos del PP.
En este punto, el asunto central es el de la financiación. Aunque su incorporación estaba prevista desde julio de 2012, el Ejecutivo presupuestó para este año el mismo dinero que en 2014 sin prever, por tanto, la obligada entrada de los discapacitados leves en el sistema. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, intentó transmitir el pasado 16 de junio un mensaje de tranquilidad en el Congreso cuando insistió en que el Gobierno "realizará las ampliaciones de crédito que sean necesarias" para que estas personas puedan entrar en el sistema. "Cuando los beneficiarios estén contabilizados por las autonomías se hará el cálculo del dinero que tiene que recibir cada una. Esa cuantía se pedirá al Ministerio de Hacienda y se distribuirá a las comunidades. No tiene por qué haber ningún problema", amplía a preguntas de este diario un portavoz de este departamento.
Pero la cuestión clave es que la dependencia es un sistema que no tiene un sólo financiador, sino tres: la Administración General del Estado, las aportaciones de las comunidades autónomas y el copago de los usuarios. Es decir, el Gobierno central no pone todo, sino una parte que se calcula en función de los servicios prestados (residencias, centros de día, servicios de ayuda a domicilio) a través de una ponderación. Y de ahí surgen las suspicacias de los afectados y los profesionales del sector. El Gobierno se compromete a poner su parte, pero es una incógnita qué haran las autonomías, sometidas, a su vez, a duros objetivos de déficit.
La financiación
Las cifras oficiales –recogidas en el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales– evidencian que la gran carga del sostenimiento del sistema sigue recayendo sobre las autonomías, que financian el 62,7% de lo que cuesta atender a las personas que necesitan ayuda en su vida diaria. De hecho, los datos muestran también que, desde 2009, el porcentaje de dinero que aporta el Estado se ha reducido un 54%, pasando del 39,2% al 17,9%, y que los beneficiarios ya ponen de su bolsillo más dinero que la Administración central para ser atendidos.
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, ilustra esta realidad con cifras concretas. "El cálculo es que, de media, el Estado desembolsará alrededor de 140 euros al mes por cada dependiente moderado atendido, pero las prestaciones que les garantiza la ley, según recogió el BOE, tienen un coste que es superior. Por ejemplo, 20 horas mensuales de ayuda a domicilio pueden tener un coste medio de 260 euros. ¿Quién paga los 120 euros restantes? Está claro, la comunidad o el usuario", señala. "El ministro fue irresponsable al anunciar que los 310.000 dependientes moderados entraban a partir del 1 de julio en el sistema porque provocó la expectativa y luego la angustia de aquellos dependientes que están viniendo a los centros de servicios sociales diciendo que quieren su prestación o servicio", añade.
La conclusión es que que los dependientes moderados puedan ser atendidos, y la premura con que se haga, dependerá también de la capacidad financiera de las diferentes las autonomías. Aunque la situación es dispar, algunas comunidades no son capaces de mantener la tasa de reposición y fallecen en ellas más usuarios que beneficiarios nuevos entran en el sistema. Además, en las cuentas públicas para 2012, el Gobierno suprimió la partida dedicada a la financiación del llamado nivel acordado. Se trataba de una cantidad de dinero (283 millones de euros en 2011) que se distribuían entre las comunidades con criterios consensuados de reparto y que tenían por objeto fundamental financiar infraestructuras, servicios y sistemas para la atención a las personas dependientes en el ámbito autonómico. Las comunidades nunca han vuelto a recuperar ese importe.
"Problemas va a haber porque el anterior Gobierno [el presidido por la conservadora María Dolores de Cospedal] no ha presupuestado lo suficiente. Cuando veamos la situación y los recursos vamos a hacer el máximo posible en función de las prioridades que nos hemos marcado y atender a los dependientes están entre ellas", sostiene un portavoz del nuevo Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, que preside Emiliano García-Page. Esta es una sensación que admiten también otros representantes autonómicos, especialmente de gobiernos que han cambiado de signo, que tienen la dificultad añadida de tener que hacer frente a esta novedad recién aterrizados.
la lista de espera
La otra cuestión controvertida es la ya abultada lista de espera, que es realmente a donde se han incorporado los más de 310.000 dependientes moderados el pasado 1 de julio. Los datos oficiales reflejan que existe una paulatina reducción del número de personas con derecho reconocido que permanecen a la espera de un servicio o prestación. Sin embargo, en mayo de 2015 todavía eran 132.191 las personas que estaban en esta situación, a las que se añadirán ahora los nuevos potenciales beneficiarios.
La defensora del pueblo, Soledad Becerril, dijo en un informe publicado el año pasado que se estaba produciendo una "demora inaceptable" en los abonos de las prestaciones reconocidas como consecuencia de la "carencia de presupuesto". En el informe se reseñaba además que también eran frecuentes las protestas remitidas a esta institución en la valoración y el reconocimiento del grado de dependencia o la asignación de los servicios o prestaciones más adecuados a las necesidades del usuario. En este sentido, el documento dice que "se observa que en algunas autonomías como Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana o Murcia se produce la paralización de las resoluciones, especialmente las que reconocen prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, ante la falta de fondos para abonarlos".
Otro informe oficial, esta vez del Tribunal de Cuentas, ya evidenció cómo el acceso a las ayudas depende en gran parte del lugar de residencia. Señaló que los retrasos son "especialmente significativos" en Andalucía, Asturias, la Comunitat Valenciana y Extremadura. Esta dispersión autonómica también se refleja en los últimos datos oficiales. La peor situación está actualmente en Aragón, donde un 30,96% de las personas con derecho reconocido no están recibiendo el servicio o prestación que les pertenece. Este porcentaje es del 24,64% en Galicia, del 22,79% en Murcia, del 22,22% en Andalucía, del 20,87% en Castilla-La Mancha o del 20,57% en la Comunitat Valenciana. Todas ellas están por encima de la media, que se sitúa en el 15,07%. En el otro extremo se sitúan Castilla y León (0,28%), Madrid (5,57%) o Asturias (7,25%).
Estas cifras, explica Ramírez, tendrán mucho qué ver con cómo se incorporan en el futuro estos dependientes al sistema. "Hay autonomías donde la lista de espera es y será de años si no hay cambios profundos en la financiación y otras donde sí los podrán ir asimilando en los próximos meses, que es el plazo que marca la ley", señala. A su juicio, la situación será especialmente complicada en las comunidades en las que ha habido cambio de signo político y entran nuevos equipos. "¿A quién atiendes, a los grandes dependientes, a los moderados? El dilema es grandísimo...", lamenta.
Otra cuestión que también puede ralentizar el acceso a las prestaciones son los propios trámites administrativos que hay que seguir para acceder a las ayudas y que, en algunas autonomías, se alargan también durante meses. El ministerio, según admite un portavoz, carece de datos concretos sobre cuántas de esas personas ya han culminado todo el proceso de valoración y tienen en su mano la propuesta del Programa Individual de Atención (PIA), es decir, la determinación real del servicio o prestación a percibir y, por tanto, pueden acceder ya al sistema si no hubiera ningún problema de financiación. No obstante, según asegura esta fuente, "la mayor parte" ya lo ha hecho, así que el ministerio da por hecho que no habrá grandes complicaciones en ese sentido.
Tras dos aplazamientos consecuencia de la política de recortes y con tres años de retraso respecto a lo que preveía inicialmente la ley, 312.025 dependientes moderados –según datos del mes de mayo, que son últimos disponibles– accedieron el pasado 1 de julio al derecho a tener una ayuda o prestación por tener limitada su autonomía personal. La dependencia ha sido uno de los principales flancos de las críticas a las que ha tenido que enfrentarse el Gobierno de Mariano Rajoy durante esta legislatura. Ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina, el Ejecutivo publicita este cumplimiento de la ley casi como un logro.