Aquel 27 de diciembre de 1978, nacía oficialmente la Constitución española. El rey estampaba su firma en el texto aprobado por los españoles el 6 de diciembre. La nueva Carta Magna "es, de inmediato, certeza", "despeja una incógnita que se ha cernido sobre España demasiado tiempo", "pone término a la imprecisión y a la inseguridad", proclamaba el presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil.
Han pasado ya 35 años. Y la "certeza" ya no es tal, ni todas las piezas ajustan con precisión. Cada vez son más las voces –partidos, expertos, ciudadanos– que defienden la conveniencia de dar una vuelta a la Constitución, adaptarla a los nuevos tiempos, remozarla para tapar sus agujeros. O ir, directamente, a un proceso constituyente semejante al que se puso en marcha en 1977. "La Constitución necesita una reforma profunda, intensa, y los partidos políticos debieran tomar nota de que ya es impostergable. Lo más leal con nuestra Constitución que hoy podemos hacer es proceder a su reforma", recomienda sin dudar Gregorio Cámara, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. "La reforma constitucional es una operación delicada, que debe hacerse de forma meditada, pero debe hacerse de vez en cuando", comenta Antonio Torres del Moral, constitucionalista de la UNED. Su colega de la Universidad del País Vasco Javier Tajadura coincide: "Es la única Ley Fundamental europea que no se ha adaptado a los tiempos". Y ayer mismo, formaciones como PSOE o UPyD celebraban actos en Madrid para reivindicar la puesta al día de la Carta Magna. En distintas direcciones, claro.
El Gobierno y el PP, mientras, rehúsan proceder al cambio, y se escudan en la ausencia de un acuerdo de mínimos. "Falta un núcleo de consenso que permita tener garantías de llegar a buen término", sancionó ayer la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, al término del Consejo de Ministros. "No estamos en condiciones de abordar un cambio o una reforma constitucional ni jurídica ni políticamente" y además "no es el momento de abrir una puerta que no sabemos a dónde nos lleva sin saber a dónde queremos ir", zanjó también ayer María Dolores de Cospedal, número dos del PP y presidenta de Castilla-La Mancha. El propio jefe del Ejecutivo y líder del PP, Mariano Rajoy, afirmó en un vídeo grabado en la Moncloa y difundido en la tarde de ayer, que la Ley de Leyes "no es un corsé" que impida moverse sino el marco donde "las libertades y los derechos de cada español encuentran su acomodo".
En torno a un tercio de españoles no la votó
35 años y 35 razones para actualizar la Constitución. Desde la mejor definición de la organización territorial del Estado –el gran conflicto aún irresuelto–, al blindaje de los derechos sociales, la garantía de la laicidad, el refuerzo de la paridad (también para la sucesión al trono), la potenciación de la participación directa, la reforma del Senado, la protección de la transparencia, la elección de los órganos e instituciones, el refuerzo de la laicidad, la abolición total de la pena de muerte... o la relajación del procedimiento mismo de reforma de la Ley Fundamental. Esta es una guía rápida de por qué España habría de dar el salto del cambio.
1. Adecuación a los cambios de la sociedad española. En torno a 13,5 millones de españoles pudieron votar la Constitución aquel 6 de diciembre de 1978. Un 29% del total de 46,7 millones de ciudadanos. O sea, toda la población menor de 53 años no pudo pronunciarse sobre ella. Pero no sólo es una cuestión de volumen, sino también de los rápidos cambios sufridos por la sociedad española en estos 35 años. "Lo que sirvió en la Transición de la dictadura a la democracia hoy es manifiestamente insuficiente y las costuras de un traje que ya se ha quedado muy corto y ajado amenazan estallar. También las generaciones vivas tienen derecho a que su voz se oiga y sea tenida en cuenta en la elaboración de la norma suprema que regula la convivencia de todos", aduce Cámara. Joan Lluís Pérez-Francesch, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), condena también el olvido de aquellos que no participaron del nacimiento de la democracia: "Vivimos en una especie de letargo de la Transición, de la que no nos podemos despertar. No se puede adormecer eternamente a las generaciones".
El PSOE, en su Declaración de Granada, ya escribía que la reforma constitucional "es necesaria para adecuarla a las nuevas demandas de la sociedad española y a las nuevas realidades del siglo XXI. "Hace treinta y cinco años no estábamos en la UE, ni había Internet, ni éramos una sociedad de inmigración, ni nuestra economía estaba globalizada, ni había una crisis financiera como la que hay ahora, ni había desarrollado servicios sociales básicos como la educación, la sanidad o las pensiones". "Hay que actualizar ese pacto de convivencia, para dar una solución a las pulsiones territoriales y para actualizar la carta de derechos y libertades fundamentales que está reformando por la puerta de atrás el PP", señala Francesc Vallès, miembro de la dirección del Grupo Socialista en el Congreso.
IU se remite a la "crisis sistémica" del modelo, al "agotamiento" de la arquitectura nacida en la Transición y al "incumplimiento" del carácter social y de derecho que marca la Ley Fundamental. "Por eso apostamos por un completo proceso constituyente, que se abra un debate para ver qué Constitución necesita España en el siglo XXI, un debate que ahora se ha hurtado a la población. El PP ha iniciado un proceso deconstituyente, con la colaboración del PSOE, con el que está desmontando la Constitución por la puerta falsa", argumenta José Luis Centella, portavoz parlamentario de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). Francisco Balaguer, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, es uno de los analistas que defiende igualmente el proceso constituyente. "Estamos en una situación tal, con problemas tan numerosos, que se requiere una refundación del sistema constitucional y no reformas puntuales, pero no se dan las condiciones por la falta de consenso", expone, con cierta desesperación.
En resumidas cuentas, la Carta Magna se habría quedado vieja. Un argumento, sin embargo, que no vale para algunos expertos. Torres del Moral, de hecho, lo considera "un desatino considerable", porque ahí están las leyes fundamentales de Francia u otros países europeos. O el ejemplo paradigmático, la de Estados Unidos, de 1787. "Ahí la tienes, con 226 años, y tan buena moza. El transcurso del tiempo no hace ilegítima una Constitución, que es una norma suprema hecha con una vocación de permanencia mayor. El paso del tiempo no deslegitima las constituciones, las arraiga... siempre y cuando se las reforme", razona. De la misma opinión es Antonio Bar Cendón, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Valencia.
2. Mayor legitimación de las instituciones básicas del Estado. Cámara es uno de los convencidos de que un lifting completo de la Constitución serviría para paliar en parte el desafecto ciudadano, el alejamiento hacia las instituciones. "Si con altura de miras y visión de futuro, generosidad y responsabilidad de nuestras fuerzas políticas pudiera llevarse a cabo esta reforma con el suficiente consenso, sin duda redundaría en una relegitimación de nuestra democracia para muchos años más en una línea de lealtad al pacto constituyente originario de 1978 y a los valores y principios que lo inspiraron. En definitiva, podrían sentarse las bases para una importante mejora de la estructura y del funcionamiento de nuestro Estado constitucional de derecho, social y democrático, un logro importante para las generaciones vivas y un inestimable legado para las generaciones futuras". Bar Cendón comparte que la modificación constitucional ayudaría a "legitimar" el texto y las instituciones claves del Estado.
3. Redefinición del modelo territorial. Si hay algo en lo que coinciden expertos y la mayoría de los partidos de la oposición, empezando por PSOE, IU y UPyD, es que hay que cerrar aquello que se dejó abierto en 1978, básicamente en el Título VIII. La organización territorial del Estado es vista así como la principal disfunción de la España nacida en la Transición. Las tres formaciones quieren caminar, del Estado autonómico actual, hacia un Estado federal, pero ninguna lo concibe del mismo modo. El partido de Rosa Díez piensa en un federalismo totalmente simétrico, con competencias iguales para todas las comunidades. "No hay que hacerlo para contentar a los nacionalistas, hay que hacerlo a pesar de los nacionalistas para garantizar la igualdad", proclamó ayer la portavoz.
El PSOE, por el contrario, cree en un "modelo federal cooperativo y pluralista", que conjugue reconocimiento de la "igualdad" entre españoles y "legítimas diferencias", sin que estas supongan "privilegios". En él no cabe el derecho a decidir, que sin embargo sí defiende el PSC. Un modelo federal "puede permitir solventar las actuales disfunciones y tensiones de nuestro Estado de las autonomías, dando una mejor cabida a las diferentes singularidades de nuestros territorios, reforzando la necesaria cooperación entre las comunidades autónomas y preservando la igualdad de todos los españoles y españolas", reza el manifiesto socialista difundido ayer por el 35º aniversario de la Carta Magna.
IU va un paso más allá. Quiere un "Estado federal, republicano, plurinacional y solidario", laico, de "alta intensidad democrática". Y en el que se recoja el derecho a decidir entendido en un sentido amplio: no sólo como el derecho de autodeterminación, de secesión, sino como el derecho de los ciudadanos a decidir sobre sus "derechos democráticos y sociales, por cuanto son estos los que están siendo liquidados por el capitalismo global".
El calado de esta reforma, que no sólo implica remodelar el Título VIII sino tocar en consonancia otros artículos de la Constitución –como el 2, el que alude a la unidad de España y del reconocimiento de las "nacionalidades y regiones", que no "naciones"–, hace que, en la práctica, se desenvuelva un proceso constituyente, según lo interpreta Torres del Moral. Hablamos de la incorporación del nombre de las autonomías, de la clarificación competencial entre el Estado y las entidades federadas, de los mecanismos de cooperación y solidaridad interterritorial... Es la "desembocadura natural del proceso evolutivo seguido en la práctica política de manera muy desordenada, desestructurada y permanentemente abierta", sentencia Cámara. Cerrar el modelo contribuiría "a la estabilidad, a la claridad y a la reducción de la litigiosidad" entre el Estado y las comunidades, añade Tajadura.
Otros expertos, sin embargo, no creen que haya que caminar hacia un Estado federal. Porque ya no es posible. Según explica Bar Cendón, en un Estado federal, las entidades federadas se unen y ceden poderes al Estado. "La periferia crea el centro. Pero aquí se hizo al contrario, se metió el demonio en el cuerpo. Se partió desde el centro y las CCAA fueron arrancándole poderes. Se crea así la dinámica inversa, centrífuga y no centrípeta, y el centro se deshace". Pérez-Francesch, desde una óptica diametralmente opuesta, asegura que el federalismo no cabe en la Constitución ni se podrá llegar a él porque "no va a haber consenso y es un brindis al sol", "pero sí cabe la consulta", porque es una cuestión de "pura voluntad política".
La definición de España, absolutamente nuclear, remite a otro aspecto mollar: la Jefatura del Estado. Si se abre el melón de la reforma, con toda seguridad, fuerzas como IU, ERC, BNG o Compromís-Equo reivindicarán que se discuta sobre la abolición de la monarquía y su sustitución por una república. O, cuando menos, que se someta la Corona a un referéndum.
4. Reconocimiento de los hechos diferenciales. PSOE e IU sí empujan para que se reconozcan los hechos diferenciales de los distintos territorios, aparte de la lengua (ver siguiente punto). "Singularidades sociales, territoriales, históricas, geográficas o económicas", sanciona la federación de Cayo Lara. Los socialistas, como hechos diferenciales, incluyen: la diversidad simbólica y cultural, la diferenciación entre nacionalidades y regiones que contempla la Constitución –y que ha hecho que en los estatutos se permita a algunas autonomías su "definición como entidades políticas particulares, dentro del conjunto del Estado"–, la insularidad, el hecho de que Galicia, Cataluña y Euskadi dispusieran de cartas autonómicas propias en la II República, la foralidad de Navarra, el concierto vasco y el convenio navarro, las especificidades de derecho civil en algunas CCAA, el acceso de Andalucía a su autonomía por la vía rápida del artículo 151 de la Carta Magna...
5. Blindaje de las lenguas. Los idiomas cooficiales han sido tradicionalmente otro de los focos habituales de conflicto en estos 35 años de andadura constitucional. La Constitución especifica, en su artículo 3, que el castellano es la lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen deber de conocer y derecho a usarla, y deja a los estatutos la regulación del resto de lenguas, "oficiales en sus respectivas CCAA".
El PSOE aconseja "reforzar el poder autonómico" de las autonomías con idiomas cooficiales "en las políticas de ordenación, defensa y promoción de su lengua propia". Catalán, gallego y euskera quedarían así más protegido. IU va algo más lejos y, además de solemnizar el carácter "plurilingüístico" de España, proponen medidas para "enraizarlo" como dar la opción de "utilizar" los idiomas cooficiales "como lengua vehicular de aprendizaje en territorios castellanoparlantes".
6. Derecho de sufragio a partir de los 16 años. Es una propuesta reiterada de IU y plasmada en sus programas electorales. El PSOE, a su vez, reconoce que el debate de rebajar la edad legal para poder votar de los 18 a los 16 años existe, y es consciente de que en algún momento le tocará abordarlo. Por lo pronto, en sus primarias para la elección del candidato presidencial podrán participar los mayores de 16 años –y de 14 en adelante, si se tiene carné de Juventudes Socialistas de España (JSE).
7. Incorporación de nuevos derechos. El profesor Cámara es partidario de introducir en el texto "nuevos y variados aspectos de los derechos que se han ido generando con el transcurso del tiempo, como es el caso de los ámbitos de la biomedicina, protección de la intimidad y datos personales, tutela judicial y gratuidad para quienes no tengan recursos suficientes, derecho a una muerte digna...". Sin embargo, su opinión no es un unánime en la doctrina. Así, el catedrático Pérez-Francesc entiende que no haría falta, toda vez que la redacción actual alude a los tratados internacionales firmados por España, de modo que todos ellos forman parte del ordenamiento jurídico. Tajadura, en el mismo sentido, recuerda que países como Francia carecen de una tabla detallada de derechos. Así, la Constitución de la V República francesa remite a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y al preámbulo de su Carta Magna de 1946.
8. Blindaje de la sanidad y la educación públicas. Mucho se ha hablado, desde la llegada al Gobierno de Rajoy a finales de 2011, de la necesidad del blindaje de la sanidad y la educación públicas. Ahora mismo, el derecho a la educación está recogido en el artículo 27, y figura entre los derechos fundamentales, con la máxima protección –junto a los derechos a la vida, a la libertad de expresión, a la intimidad, a la reunión y manifestación...–. El derecho a la protección a la salud es el artículo 43, que cae bajo el paraguas de los principios rectores de la política social y económica, con menos salvaguardas.
Los socialistas han venido defendiendo el refuerzo de ambos derechos, incidiendo en su carácter público y como escudo frente a recortes como los operados por el PP. Como un cortafuegos al "desmantelamiento del Estado del bienestar", como subraya Vallès. Los constitucionalistas consultados por infoLibre también coinciden en que esa reforma es posible y necesaria, para blindarlos frente a la voluntad de las mayorías parlamentarias puntuales. No obstante, según advierte Bar Cendón, ello "no garantiza por sí solo una mejor prestación del derecho".
En ese blindaje también se podrían incorporar otros derechos básicos como pensiones o servicios sociales, que hoy día gozan de una protección menor, semejante al de la salud.
9. Refuerzo de la igualdad de oportunidades. Cámara cree que hay que reforzar la igualdad de oportunidades, consagrar en la norma suprema la no discriminación por ningún tipo de razón y garantizar el acceso a todos los derechos sociales, civiles y de participación a todos los ciudadanos. El PSOE lo incluyó en su Conferencia Política. IU lo relaciona con su defensa de la república, y así se puede leer en su borrador de reforma del modelo de Estado: "El Estado republicano debe basarse no en un pueblo o en una nación abstractos e idealmente soberanos sino en la ciudadanía, en la participación, en la pluralidad, en la libertad entendida no como mera abstención del poder público ante el individuo sino como tarea colectiva; en la igualdad entendida no como mero reconocimiento de la igualdad legal sino como efectiva igualdad de oportunidades".
10. Refuerzo de la paridad. Socialistas e IU consideran que hace falta redoblar la apuesta por la igualdad de hombres y mujeres en la norma máxima. El objetivo es "reforzar en el futuro la lucha contra la discriminación directa o indirecta, garantizar el derecho a la paridad en el acceso a la toma de decisiones, tanto en las instituciones públicas como en las empresas, los poderes públicos y las organizaciones sociales, así como hacer más efectiva la igualdad en el empleo, la educación, la salud, los servicios públicos, la información, y cualquier ámbito de nuestra vida política, económica, social y cultural. Además, garantizará el desarrollo de una educación en valores cívicos y en igualdad, libres de sesgos de género", asegura el PSOE. En definitiva, propone "blindar las políticas de igualdad, haciendo en ella una nueva lectura con incorporación de la perspectiva de género de forma transversal, en todos sus artículos".
Paridad en todos los niveles. También en la Jefatura del Estado. Es unánime la petición de que se elimine la prelación del varón sobre la mujer en la sucesión al trono, una reforma ya planteada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aparcada desde la primera legislatura. En este cambio están de acuerdos todos los partidos. El problema es que cualquier toque del Título II, el dedicado a la Corona, exige seguir el procedimiento de reforma agravada descrito en el artículo 168 de la Carta Magna, que obliga a la disolución de las Cortes y al referéndum.
11. Reconocimiento de los derechos de los inmigrantes. Es una remodelación que casi pasa desapercibida. No lo citan en primer término los expertos. Y se remiten a ello de pasada PSOE e IU. Los primeros han redactado una agenda contra la desigualdad y contra la discriminación y los segundos apelan a reconocer los derechos de los inmigrantes "tanto a la integración social como a mantener su propia identidad cultural".
12. Inclusión de los matrimonios del mismo sexo. Se trata de incorporar en la Constitución lo que ya está en la ley de 2005, y validado por el Tribunal Constitucional en 2012, con el fin de que no quepa la marcha atrás.
13. Derecho al aborto. No está en la Carta Magna actual. La actual regulación es de 2010, cuando, en la segunda legislatura de Zapatero, se aprobó la Ley de Plazos, que ahora pretende revertir el Gobierno del PP, retrotrayéndose a los tiempos anteriores a la ley de 1985, la que permitía la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: malformación del feto, peligro físico o psíquico de la madre y violación.
14. Abolición de la pena de muerte. ¿En España no está derogada la pena capital? Sí y no, porque permite una excepción: "Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra", se lee en el artículo 15. En 1995, mediante la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, se abolió la pena capital, incluso en tiempo de guerra, y convirtió la derogación en absoluta. No obstante, organizaciones como Amnistía Internacional piden que, dado que en más de 40 países sus constituciones prohíben expresamente la pena de muerte en todos los casos, se eleve esa abolición a la norma suprema.
15. Laicidad del Estado. España se define como un Estado aconfesional en su artículo 16, en el que se estipula que se mantendrán "relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones". IU pretende cambiar la rotulación a Estado "laico". El PSOE, reforzar la "neutralidad" del Estado y ahondar en la "laicidad". La medida estrella, ya materializada esta semana a través de una proposición no de ley, es la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede de 1979. Expertos como Tajadura o Torres del Moral señalan que el problema no radica tanto en este precepto, sino en el Concordato, que confiere privilegios "exorbitantes" a la Iglesia, y a los que no obligaba la Carta Magna.
16. Blindaje de la independencia de los medios de comunicación públicos. En toda la historia democrática, han sido frecuentes las acusaciones de manipulación de las radiotelevisiones públicas, estatal y autonómicas. Se trataría de garantizar en la Constitución la no interferencia de los poderes públicos en ellas y la elección por consenso de sus órganos de administración.
17. Garantía de la proporcionalidad del sistema electoral. El modelo electoral está desarrollado por ley orgánica. Pero la Carta Magna sí que contiene algunas cláusulas básicas en su artículo 68, como el establecimiento de la provincia como la circunscripción electoral, algo que según los expertos merma muchísimo la proporcionalidad del sistema, pues la mayor parte de distritos elige a un número reducido de diputados. Como dice Torres del Moral, "el 68 es un artículo de imposible cumplimiento". IU y UPyD batallan desde hace años por aumentar la proporcionalidad del modelo. El PSOE, en sus documentos de la Conferencia Política, apuesta por "mejorar la proporcionalidad" y por introducir primarias obligatorias para todos los partidos o listas parcialmente abiertas.
18. Reforma del Senado. La modificación de la Cámara alta está obviamente relacionada con el modelo de Estado. Pero, ya sin caminar hacia un Estado federal, la noción de que el Senado no funciona y no es una Cámara de representación territorial verdadera está bastante asentada y es compartida por todos los partidos. Hay más consenso en torno a qué nuevas funciones debería asumir (más poder en iniciativas legislativas territoriales, labor de cooperación entre territorios...), pero no en su composición. PSOE e IU dudan incluso entre copiar el Bundesrat alemán –cuyos miembros son elegidos por los Gobiernos de los Länder– o la Cámara alta austriaca –sus parlamentarios los designan las asambleas regionales–. En realidad, la disfunción del Senado era perceptible desde la redacción de 1978. Lo dice Torres del Moral: "Salió mal de los talleres constitucionales y así sigue".
19. Rebaja de las condiciones de las ILP. La iniciativa legislativa popular (ILP) está regulada en el artículo 87 de la Carta Magna. Prescribe que hacen falta 500.000 firmas acreditadas, y que las ILP no podrán referirse a materias propias de "ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia". Socialistas e IU quieren que se relajen las condiciones: que no sean precisos tantos apoyos. El partido de Rubalcaba está dispuesto a que se "revisen" las materias que el 87 excluye. La formación de Lara desea que desaparezcan todos los límites.
20. Potenciación de los referendos. Constitucionalistas como Torres del Moral o Tajadura sostienen que es una "aberración" que la Ley Fundamental, en su artículo 92, hable de "referéndum consultivo", porque es una "contradicción en sus términos", ya que la voluntad del pueblo debe ser obedecida por los gobernantes, no sólo tenida en cuenta. Los dos discrepan respecto a la necesidad de más democracia directa. El profesor de la UNED sí lo cree preciso. El constitucionalista de la UPV opina, sin embargo, que es más conveniente "corregir" la democracia representativa, rehaciendo el vínculo "entre representante y representado a través del sistema electoral", pues los lazos del político con la cúpula de su partido es más fuerte que con el elector. IU aboga por consultas vinculantes, por fomentar la participación directa (el derecho a decidir), por "empoderar" a los ciudadanos, mientras que los socialistas quieren "ampliar" las materias objeto de referéndum. No obstante, como advierte el socialista Vallès, muchos mecanismos de mejora democrática no han de traducirse necesariamente en un cambio en la Carta Magna, sino que se pueden incorporar vía ley, reglamento del Congreso y del Senado...
21. Revocación de los cargos públicos. Es una idea que aparece en los documentos de la federación de Lara: la posibilidad de que los ciudadanos puedan destituir, vía consulta, a los cargos públicos en caso de que desaprueben su gestión. En su borrador sobre la reforma del modelo de Estado emerge igualmente esa propuesta.
22. Reforma de la institución del indulto. La aplicación de medidas de gracia es tremendamente discrecional en España, y está regulada por una ley de 1870. Depende del Gobierno, y este no tiene que justificar por qué concede la libertad a un reo. En los últimos años ha crecido la indignación ciudadana, sobre todo en casos que se perciben como injustos. De ahí que se pida redactar una nueva norma que limite el margen de maniobra del Ejecutivo y restrinja los tipos de delitos perdonados. El PSOE, en su Conferencia Política, aprobó "revisar" la institución del indulto, para que sea un instrumento "muy excepcional" y "muy motivado".
23. Protección de la transparencia. La nueva Ley de Transparencia no recoge el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, una tara que los colectivos sociales (y partidos como IU y UPyD) han condenado. La reforma de la Constitución podría incluir la obligación de la transparencia para las instituciones, administraciones públicas, partidos, patronal, sindicatos, o colectivos o entidades que reciban fondos públicos.
24. Democratización de los partidos políticos. La Carta Magna, en su artículo 6, conmina a los partidos a tener una "estructura y funcionamiento interno democráticos". Pero poco más. Sin embargo, la demanda social a favor de una mayor porosidad de las formaciones políticas es mayor. Bar Cendón, por ejemplo, sostiene que hace más falta la "reforma de la política del país, de la gobernanza, de los modos de comportarse los políticos" que la propia modificación de la Constitución. Las opciones de peso, aparte de la transparencia, son las primarias abiertas en todos los partidos para la elección de los candidatos, o las listas abiertas. Ambos planteamientos fueron sancionados por la Conferencia Política del PSOE.
25. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. En una España azotada por la corrupción, se podría elevar a rango constitucional la no caducidad de los delitos relacionados con ella.
26. Protección de la memoria histórica. En 1978 estaba todavía tierno el recuerdo de la Guerra Civil, y más aún de la dictadura. La reconciliación propiciada por la Transición tapó el dolor del pasado. Pero ahora, 35 años después, cabría plantearse otorgar un mayor nivel a la memoria histórica. El PP ha reducido a la nada la ley de 2007.
27. Prohibición del enaltecimiento del franquismo y de sus símbolos. Una medida vinculada a la anterior y que camina en la línea de lo que ha hecho Alemania con el nazismo.
28. Reversión del artículo 135. En 2011, PSOE y PP pactaron la reforma exprés de la Constitución, para incorporar en ella la regla de oro fiscal, el principio de estabilidad presupuestaria. Para IU, como reitera Centella, lo "primero que habría que hacer", en cuanto se abra el melón de la modificación de la Ley Fundamental, es "derogar el nuevo artículo 135, porque lo que hay que anteponer es la cobertura universal de los servicios públicos, que es lo fundamental". Pérez-Francesch entiende que esa redacción de 2011 "está para quedarse", porque es una "imposición externa" y, aunque se eliminase, están por encima del ordenamiento jurídico español los tratados internacionales. "Un partido puede hacer brindis al sol, pero Europa dirá que primero hay que pagar la deuda. No se puede engañar a los ciudadanos con falsas expectativas. Ahora bien, sí se puede aplicar desde un punto de vista más humano", añade.
29. Creación de un suelo social mínimo. Es lo que el PSOE llamó un 135 bis135 bis. Es decir, que junto a la garantía de estabilidad presupuestaria figurase el principio de "estabilidad social", que debería asegurar un nivel de los servicios públicos básicos (educación, sanidad, servicios sociales y pensiones), que constituiría, en su caso, un mandato imperativo en la distribución de los recursos públicos del país". IU, a su vez, también propone recursos garantizados para unos derechos básicos preservados en todo el Estado.
30. Incorporación de los principios básicos de la financiación autonómica y local. Se deriva de la concepción de modelo de Estado. El dibujo de la polémica financiación autonómica es muy vago en la Constitución actual, y la batalla nunca ha cesado en este tiempo de democracia. La izquierda plantea una mayor claridad en este asunto, llevando a la Constitución principios básicos, tales como la ordinalidad –que la contribución interterritorial no coloque en peor puesto a quien más contribuye–, o la definición de los impuestos de cada escalón administrativo (Estado, comunidades, ayuntamientos). Los socialistas proponen también un Fondo de Solidaridad que fomente la convergencia interterritorial y un Fondo de Garantía del Estado del bienestar, una hucha como la de las pensiones de la que se tire en época de vacas flacas. IU exige asimismo una mejora de la financiación autonómica y local. El profesor Cámara insiste igualmente en un Estado federal debe comportar "la suficiencia y la corresponsabilidad, la solidaridad interterritorial en términos de equidad, mayor garantía de la autonomía local y de la suficiencia de la financiación".
31. Recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía. PSOE e IU coinciden en que, para que no se repita el episodio del Estatut –el Tribunal Constitucional tumbó el texto aprobado en referéndum por los catalanes–, debe recuperarse el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía.
32. Cambio en el modo de elección de los órganos constitucionales. La crítica al reparto de cuotas entre los partidos en los órganos constitucionales y las instituciones es recurrente entre los expertos, y otra de las causas del desapego ciudadano. En el caso del Consejo General del Poder Judicial –cuya renovación se acaba de culminar por un acuerdo de PP, PSOE, IU, CiU y PNV– y del Tribunal Constitucional, los analistas piden una elección más separada de los partidos y por méritos. Bar Cendón, por ejemplo, está de acuerdo con que sea el Parlamento quien elija a los vocales del CGPJ, pero pide que los designados por las formaciones pasen un verdadero examen público y se les nombre finalmente por su cualificación. El PSOE, en su Conferencia Política, se comprometió a "revisar la forma y criterios de nombramientos en diversos órganos e instituciones, entre los que debe primar la capacitación, la profesionalidad, el prestigio, la trayectoria profesional y la independencia de actuación". IU, por el contrario, aboga por "profundizar en la utilización del sufragio universal para la elección de los órganos constitucionales".
33. Descentralización de la Justicia. Es una de las tareas que se consideran pendientes del Estado autonómico. Hoy el Poder Judicial está centralizado en el CGPJ. Las propuestas de socialistas e IU, con menor o mayor intensidad, plantean territorializarla, reservando para el Tribunal Supremo la unificación de doctrina y abriendo la puerta a la creación de los Consejos de Justicia autonómicos (pequeños CGPJ).
34. Europeización. Tajadura dice incluso que la primera tarea es "europeizar" la Constitución, como han hecho los demás países europeos. "Deberíamos introducir un título entero, no un solo artículo. El texto tiene que decir que tenemos competencias transferidas a Bruselas, que no dirigimos la política monetaria, que hay toda una arquitectura jurídica supranacional", incide. El catedrático de Granada Francisco Balaguer enfatiza aún más esta realidad: "La mayor parte de las soluciones no son de la Constitución, sino europeas. Podría haber una refundación constitucional interna y quizá no sería suficiente. Por eso es tan importante que avancemos hacia un modelo social y más democrático en Europa. Si eso cambia, cambiará en los Estados".
35. Flexibilización de las condiciones de la reforma de la Constitución. La Carta Magna indica dos caminos para su reforma, expresados en su Título X. El mecanismo agravado (artículo 168) se aplica cuando se quiera cambiar el Título Preliminar (forma de gobierno del Estado, lenguas, partidos, sindicatos, bandera, capitalidad...), el Título II (la Corona) o la sección primera del capítulo segundo del Título I (o sea, los derechos fundamentales). La propuesta de reforma debe ser aprobada por dos tercios de las Cámaras, luego se disolverán las Cortes y el nuevo Parlamento deberá sancionar el cambio por mayoría, de nuevo, de dos tercios. El último paso, el referéndum. Para el resto de títulos, se sigue el procedimiento ordinario (el que se aplicó en 2011, el del artículo 167): basta que aprueben la modificación tres quintos del Congreso y tres quintos del Senado.
Constitucionalistas como Tajadura o Torres del Moral prefieren que se "simplifiquen" los canales de reforma. O bien que todo pase por el 167 o bien que no haga falta disolver las Cortes en el caso agravado. Bar Cendón, sin embargo, cree que si no hay reforma de la Carta Magna no es por es este Título X, sino por falta de "voluntad" de los partidos. "Es que si queremos cambiar el Preliminar, el II o los derechos fundamentales, es que queremos cambiar la sustancia de la democracia española, y eso es una ruptura", señala. El socialista Vallès afirma que no hace falta modificar estos dos artículos, pues la Constitución acierta al encontrar el equilibrio entre "rigidez y flexibilidad".
Son 35 motivos. Quizá habría algunos más. Pero en cualquier caso parecen no bastar, porque la reforma no está, por ahora, a la vuelta de la esquina.
Aquel 27 de diciembre de 1978, nacía oficialmente la Constitución española. El rey estampaba su firma en el texto aprobado por los españoles el 6 de diciembre. La nueva Carta Magna "es, de inmediato, certeza", "despeja una incógnita que se ha cernido sobre España demasiado tiempo", "pone término a la imprecisión y a la inseguridad", proclamaba el presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil.