La difusión por el Gobierno de Madrid de datos falsos de la adjudicataria de cinco contratos a dedo que suman 38,7 millones ha destapado los agujeros en el sistema aplicado por el equipo de Isabel Díaz Ayuso con la llamada tramitación de emergencia por la pandemia. Como publicó este miércoles infoLibre, la Consejería madrileña de Sanidad presentó los cinco contratos que sumaban esos 38,7 millones, cuatro de ellos para el suministro de material sanitario y uno para su transporte aéreo desde China, como si hubiesen sido adjudicados en la primavera de 2020 a una compañía granadina. En realidad, su destinataria fue otra de Florida propiedad de un empresario venezolano que opera en EEUU y Panamá.
Tras lo desvelado por este periódico, tanto Más Madrid como el PSOE y Unidas Podemos han lanzado una amplísima batería de iniciativas parlamentarias para averiguar qué pasó. El caso de los datos falsos, sostienen los tres grupos de izquierda presentes en la Cámara madrileña, es el paradigma de un sistema opaco que pone en solfa el uso del dinero público en contratos adjudicados a dedo, los de emergencia, y de los que a menudo se conoce muy poco: de hecho, el portal de contratación no muestra ni el documento de adjudicación a Sigma Dental Inc. ni el de formalización del contrato, si es que existe en alguno de los cinco encargos que obtuvo en la primavera de 2020. Lo publicado agrega dudas a un escenario donde sigue en primer plano el contrato a otra empresa, Priviet Sportive SL, contrato que de manera indirecta benefició con al menos 55.000 euros al hermano de la presidenta por el cobro de una comisión cuya legalidad defiende el Gobierno madrileño y ahora en manos de la Fiscalía Anticorrupción tras las denuncias de los tres grupos de izquierda.
Las dos compañías de este caso de datos falsos, la granadina y la radicada en Florida, se llaman Sigma Dental. Pero la española, cuyos propietarios ya han negado de forma taxativa todo vínculo con la estadounidense propiedad del venezolano Roger Swidorowicz y que nunca ha recibido un contrato público al menos de Madrid, es una “SL”. Y la americana, una “Inc”. Sumar a la información divulgada ese segundo sufijo mercantil, el "Inc" inexistente en España, habría descartado de inmediato que la empresa fuera española. Pero no aparecía ni en el portal de contratación madrileño ni en los datos suministrados al portal estatal ni en el listado de contratos que el Gobierno regional facilitó en noviembre a la Asamblea madrileña. Muy al contrario, lo que sí figuraba junto al nombre de la compañía era un cif español falso pero idéntico, salvo en un dígito, al de la empresa granadina.
Este miércoles, infoLibre preguntó por la mañana a los portavoces de la Consejería de Sanidad el porqué de la omisión sobre el tipo de empresa que es Sigma Dental Inc. Preguntó también de dónde se extraen los códigos fiscales que muestra el portal de contratación. En EEUU, la figura equivalente al CIF o NIF español es el TIN y resulta imposible de confundir. Pero la única respuesta recibida hasta ahora es esta: que en efecto y “además de Sigma Dental a secas”, tendría que haberse incluido el sufijo inc en el recuadro donde el portal de contratación de la Comunidad muestra el nombre de la adjudicataria.
La Consejería no ha explicado aún por qué no se hizo cuando la propia lista entregada en noviembre a la Asamblea de Madrid demuestra que incorporar el tipo de empresa -SL, SA, UTE, Ltd. o Inc- fue la norma en una lista de más de 1.200 contratistas. Tampoco ha facilitado datos sobre por qué se adjuntó un CIF o NIF que indicaba de manera inequívoca que los cinco contratos habían sido para una SL española: mientras que el NIF de las sociedades anónimas (SA) comienza con la A, el de las limitadas (SL) arrana con la B.
El CIF publicado ahora es falso..., pero en 2020 Sanidad dio otro idéntico al de la firma granadina
El CIF publicado junto a la Sigma Dental que el portal de contratación muestra la Comunidad de Madrid sin el apellido inc es en efecto falso porque difiere en un dígito del de la empresa granadina. Y ninguna otra viaja por el mundo mercantil con el manejado por la Comunidad de Madrid. Pero en julio de 2020, en la respuesta a una petición de infoLibre a través de Transparencia sobre las empresas adjudicatarias de servicios de transporte aéreo de material sanitario relacionado con el Covid, la Consejería de Sanidad incluyó otro CIF. Y este era exactamente el de la compañía granadina. Ahí no había discrepancia alguna. El porqué es otro misterio.
Lo sorprendente de esa respuesta de 2020 es que en la nómina de adjudicatarios de transporte aéreo había otra compañía extranjera que había logrado dos contratos. Pero junto a su nombre, quedó vacía la casilla reservada para anotar el código de identificación fiscal, sea cual sea el país donde la empresa esté registrada. Haber dejado sin rellenar la de Sigma Dental habría planteado entonces una pregunta a cualquiera que observara el listado de adjudicatarios: ¿de dónde es esa sociedad? Del porqué de lo relatado en este párrafo tampoco hay aún respuesta oficial.
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Lo sucedido con Sigma Dental ha puesto en alerta a los tres grupos de izquierda presentes en la Asamblea madrileña. “Van apareciendo empresas amigas y procedimientos poco transparentes y por eso vamos a seguir investigando", anuncia el diputado de Más Madrid Javier Padilla. "Vamos viendo -continúa- empresas amigas y procedimientos poco transparentes y parece que con dinero público se está haciendo un uso totalmente discrecional y opaco de todos los procesos de contratación pública".
"Esto es una aberración y si tenemos que ir a la justicia iremos", proclama desde Unidas Podemos la parlamentaria Vanessa Lillo. En su opinión, esto es "uno más en la cadena de escándalos y explica por qué se opone el PP a que se cree una comisión". El partido de Díaz Ayuso, prosigue Lillo, "no quiere que se investiguen los contratos y eso pone en evidencia que hay un supuesto fraude".
Fuentes parlamentarias socialistas incidieron en el mismo mensaje. Al igual que Más Madrid y Unidas Podemos, el PSOE pedirá oficialmente esta mañana acceso a los expedientes de los cinco contratos adjudicados a Sigma Dental Inc. Y la comparecencia en la comisión de vigilancia de contratos no solo del consejero de Sanidad sino del de Hacienda para que den explicaciones. Los socialistas temen que, como ya han hecho con la solicitud de comparecencia del dueño de Priviet Sportive, la empresa que pagó al hermano de Díaz Ayuso por sus gestiones en la compra de mascarillas, también ahora el PP frene cualquier acceso de la oposición a los expedientes de Sigma Dental Inc.
La difusión por el Gobierno de Madrid de datos falsos de la adjudicataria de cinco contratos a dedo que suman 38,7 millones ha destapado los agujeros en el sistema aplicado por el equipo de Isabel Díaz Ayuso con la llamada tramitación de emergencia por la pandemia. Como publicó este miércoles infoLibre, la Consejería madrileña de Sanidad presentó los cinco contratos que sumaban esos 38,7 millones, cuatro de ellos para el suministro de material sanitario y uno para su transporte aéreo desde China, como si hubiesen sido adjudicados en la primavera de 2020 a una compañía granadina. En realidad, su destinataria fue otra de Florida propiedad de un empresario venezolano que opera en EEUU y Panamá.