La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) presentó este viernes una querella criminal ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y su antecesora en el cargo, Ana Mato, por “restringir el acceso” a los medicamentos de última generación que, aun habiendo sido aprobados en España, siguen sin llegar a los pacientes y, por consiguiente, se les está "dejando morir".
Así, a gritos de "No toleramos ni una muerte más", "No son muertes, son asesintos" y "La lucha es el único camino", alrededor de un centenar de personas y afectados se concentraron a las puertas del Alto Tribunal.
Eva Martínez, trabajadora social y responsable de los asuntos jurídicos de la plataforma, detalló a los medios de comunicación que la querella agrupa 39 casos de pacientes con el medicamento prescrito desde hace meses –a excepción de dos de ellos que ya han fallecido– y que "a día de hoy no han accedido a la medicación". La responsable señaló que cada dos o tres semanas volverán al Supremo para "seguir presentando nuevos casos de denuncia que llegan a la plataforma a diario para pedir justicia".
En la querella, los afectados acusan a Mato y Alonso de "omisión del deber de socorro, homicidio y lesiones" ya que, desde que en enero de 2014 la Agencia Europea de Medicamentos diera el visto bueno a uno de estos fármacos, el sofosbuvir –comercializado por la farmacéutica Gilead como Sovaldi–, se han producido más de 4.000 fallecimientos de pacientes que se podrían haber beneficiado de su uso mientras otros muchos han visto cómo se agravaba su enfermedad.
También denunciaron a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Según Martínez, a los primeros les denuncian porque entienden que "ha habido un funcionamiento irregular", mientras que a los segundos porque "no han dado respuesta y porque mienten diciendo a la ciudadanía que los datos que da la plataforma son inventados y eso no es así", señaló la responsable, quien además se comprometió a que desde la organización asumirán "toda la labor de informar, asesorar y acompañar a cada persona que hoy no tiene la medicación".
Esta querella se suma al recurso contencioso administrativo presentado el pasado 12 de enero por parte del Partido Socialista de Madrid ante la Audiencia Nacional, que ha sido admitido a trámite este martes.
Reunión en el Ministerio
Este lunes, una veintena de afectados de la plataforma se acercaron al Ministerio de Sanidad en Madrid para entregar, por sexta vez, un escrito solicitando una reunión con el ministro de la cartera. En esta ocasión se produjo una reunión improvisada con la subdirectora General de Cartera Básica de Servicios, Maravillas Izquierdo. "Buenas palabras, pero ningún compromiso" fue el resumen que el presidente de la organización, Mario Cortés, hizo este viernes sobre dicha reunión.
“Mi hijo se me moría en la cárcel y nadie me escuchaba”
"Nos dijo que el Plan Nacional contra la hepatitis C estaría terminado para el tres de marzo. Pero si no es firmado por todas las Comunidades Autónomas, se queda en un papel muy bonito pero sin ninguna efectividad", apuntó Cortés, quien a renglón seguido señaló que "es necesario que lo firmen todas las Comunidades porque son las que tienen las competencias".
Cortés no quiso dejar de recordar que, actualmente, en España hay 175.000 personas diagnosticadas de hepatitis C, "de los cuales se encuentran en las fases 3 y 4 el 40% de ellos y, a su vez, de ese porcentaje hay 35.000 y 40.000 cirróticos".
El Congreso rechazó este mismo martes, con el voto del PP, una proposición no de ley impulsada por el PSOE y que había sido pactada por la mayor parte de los grupos de la oposición en la que se solicitaba al Gobierno que renegociara el precio de los nuevos medicamentos, que "puede llegar a alcanzar los 25.000 euros", recordó el diputado de IU Gaspar Llamazares.
La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) presentó este viernes una querella criminal ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y su antecesora en el cargo, Ana Mato, por “restringir el acceso” a los medicamentos de última generación que, aun habiendo sido aprobados en España, siguen sin llegar a los pacientes y, por consiguiente, se les está "dejando morir".