Frenar cayucos a golpe de millones: por qué delegar la política migratoria en los países de origen es un error

Mauritania, Gambia y Senegal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arranca este martes una gira de reuniones diplomáticas por África, un destino no escogido al azar. Tan sólo la semana pasada llegaron a las costas españolas un total de 789 migrantes, de los cuales 716 (más del 90%) fueron rescatados tratando de arribar a las Islas Canarias. Allí, según el último balance del Ministerio del Interior —que recoge datos hasta el 15 de agosto— han llegado 22.304 personas, un número que supone un 126,1% más que en el mismo periodo de 2023. La situación del archipiélago ya fue de hecho a comienzos de este verano el motivo de la principal batalla política entre Gobierno y oposición, que fueron incapaces de alcanzar un acuerdo sobre convertir en obligatoria la necesaria reubicación de los menores migrantes solos que ya no pueden ser acogidos por el sistema del archipiélago. Ahora, y con el telón de fondo de esta gira, ha sido Sumar, socio de Gobierno de Sánchez, el que ha mostrado sus dudas sobre el objetivo del viaje a los países africanos.

“Espero que esa visita no sea una vez más para firmar pactos o acuerdos exclusivamente para frenar las migraciones. Es decir, para externalizar fronteras, para convertirlos en nuestros gendarmes y para que no se avance en otro tipo de medidas que permitan y regulen vías legales y seguras para llegar a Europa y a España”, expresó la eurodiputada de Sumar Estrella Galán en una entrevista en Radio Nacional. De forma oficial, el objetivo no es ese, aunque fuentes españolas y mauritanas aseguraron a El País que entre los asuntos que habrá sobre la mesa sí estará la revisión de algunos acuerdos en materia migratoria que el país africano desea modificar.

La última visita del presidente del Gobierno al país se produjo hace apenas unos meses. Y con el resultado entonces que Galán teme ahora. El viaje, que entonces se produjo en febrero, y en el que también estuvo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acabó con el compromiso de la Unión Europea de donar al país 210 millones de euros de forma directa para frenar la inmigración hacia las costas españolas, además de para invertir en otros proyectos como algunos relacionados con la energía o destinados a infraestructuras. En paralelo, anunció por su parte el líder del Ejecutivo, nuestro país comprometió más de 300 millones de euros para, por ejemplo, potenciar el hidrógeno verde. En cualquier caso, hay un dato revelador: según el colectivo Caminando Fronteras, el 83% de los cayucos que llegan a Canarias proceden de este país.

Pero también de Gambia y Senegal, señala la misma organización. “Las comunidades en movimiento abordan un océano con mayores peligros, donde el riesgo de perder el rumbo, las dificultades meteorológicas y las largas travesías son peligros presentes, a los que se suman los insuficientes recursos de búsqueda de embarcaciones en situación de riesgo”, lamenta. Y a esos dos países viajó el pasado mes de junio el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. En su caso, con el primero se comprometió a impulsar la migración circular con la contratación en origen de gambianos y a seguir trabajando conjuntamente en la lucha contra la inmigración ilegal y las mafias, dijo. Al segundo, por su parte, le prometió 180 millones en cuatro años destinados a la cooperación al desarrollo, aunque también se comprometió a explorar cómo impulsar, también, la migración circular.

Cambiar el enfoque

Para las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, todas estas noticias comparten algo: el inadecuado enfoque. No se trata efectivamente, opinan, de una ayuda al desarrollo. Ni de una cooperación. Son políticas, denuncian, que buscan una evidente externalización de fronteras.

No es un mero debate de nomenclatura, o al menos así lo defiende Mauricio Valiente, director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que explica que la terminología es importante a la hora de establecer un marco para el debate. “Además de las políticas en sí mismas, es muy relevante la escenificación de las mismas. Si lo que se visibiliza es que el compromiso y la cooperación con estos países tiene que ver el control de fronteras se traslada el mensaje de que eso es lo prioritario, cuando lo que se debería de trasladar es que el objetivo debe pasar por eliminar las causas que provocan los desplazamientos”, explica.

El motivo está claro: situar el debate migratorio en términos de seguridad alimenta el discurso xenófobo. “El problema fundamental es el desplazamiento, no la seguridad. Asumir eso implicaría buscar políticas a largo plazo basadas en alternativas a los países más empobrecidos”, continúa el director de CEAR, que rechaza también hablar de “capacidad de acogida”. “Ya vimos con la guerra de Ucrania que Europa no tiene un problema en ese sentido”, critica.

El resultado: rutas más peligrosas y vulneraciones de derechos

Más allá de reforzar ese discurso xenófobo que Valiente denuncia cada día más extendido en Europa, la externalización de fronteras tiene otra consecuencia mucho más directa. Lejos de contener las llegadas —que es el objetivo que a priori se busca—, lo que se consigue a través de estas medidas es que las personas migrantes se vean obligadas a buscar otras rutas, normalmente más peligrosas. O a caer en manos de mafias que trafican con ellas. “Cuando una persona huye porque sufre una violación de derechos humanos, o por pobreza, o por la crisis climática, buscará cualquier medio para hacerlo”, lamenta Virginia Álvarez, portavoz en materia de migración de Amnistía Internacional.

Un informe publicado recientemente por la Fundación Alternativas ahondó también en ello. “La externalización de las fronteras europeas en países africanos no impide las movilidades forzadas, ni tampoco el creciente fenómeno de las migraciones como forma de adaptación al cambio climático y la degradación ambiental. Todo lo contrario: la criminalización de los flujos migratorios solo los redirige por rutas más remotas y peligrosas, poniendo en grave riesgo la integridad de las personas y bloqueando a miles de ellas en países de tránsito sin garantías de protección”, argumentó.

Está demostrado. Como señala Valiente, las políticas de externalización llevan 30 años aplicándose en Europa, pero las llegadas no han cesado. Ahí están los informes del Ministerio del Interior que lo muestran. Y la propia experiencia de que cuando se cierra una ruta otra se abre. Según un informe que publicó la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), en el año 2013 —cuando el PP volvió a reforzar las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla—, las entradas de migrantes irregulares a través del salto a las vallas de las ciudades autónomas solo supusieron un 15,75% del total. En cambio, al año siguiente, en 2014, y según los datos que publicó el Ministerio del Interior, llegaron por vía marítima 4.552 personas, un 40,6% más que en 2013.

Pero es que además, y según denuncian las fuentes consultadas, no sólo es que no se consiga el objetivo perseguido, sino que la consecuencia que se alcanza es mucho peor. “Estas políticas muestran que los países europeos no asumen sus responsabilidades y, además, solamente consiguen ahondar en las vulneraciones que sufren las personas migrantes”, lamenta Álvarez, que denuncia también el impacto económico y social que sufren, en consecuencia, los países africanos en los que se invierte.

En este sentido, una investigación publicada por el consorcio periodístico Lighthouse Reports desveló que Marruecos, Túnez y Mauritania habían desarrollado un “sistema” contra la inmigración en el que “miles de personas son detenidas, secuestradas y abandonadas en zonas desérticas”. Y todo bajo el conocimiento y financiación de la Unión Europea, denunció el documento.

Una transparencia que “brilla por su ausencia”

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Por último, las organizaciones en defensa de los derechos humanos denuncian que estas políticas se producen, además, bajo una absoluta falta de transparencia. No se conoce con exactitud ni cuántos fondos se reparten ni a quién. Pero tampoco para qué. Ni en qué manos terminan finalmente. “Desde Amnistía Internacional hemos pedido varias veces estos datos, pero lo cierto es que la transparencia brilla por su ausencia”, lamenta Álvarez.

Valiente coincide con ella, pero también apunta a que los países que reciben estos fondos también tienen “sus propios intereses”, por lo que son ellos mismos los que, en muchas ocasiones, rechazan rendir cuentas de las medidas empleadas para cumplir con lo encargado: contener la migración. “Esto les permite situarse en posiciones de fuerza, también respecto al resto de países de su entorno”, completa el experto. La Fundación Alternativas lo subraya. “Conscientes de su rol de socios clave en la gestión migratoria, muchos países africanos están invirtiendo las relaciones de poder preexistentes entre la UE y África e intentan sacar provecho de una 'posición estratégica nueva y potencialmente muy rentable en la que pueden prestar sus servicios como ejecutores delegados de migración a precios elevados”.

De este modo, la única explicación posible a que estas políticas continúen llevándose a cabo se explica, a juicio del director de CEAR, en un marco de incremento del discurso de la extrema derecha. “Todo esto responde a una cesión ante la presión xenófoba. Los discursos que hablan incluso de invasiones han calado tanto que ya parece que un gobierno que no dé una respuesta de fuerza está haciendo dejación de funciones”, sentencia Valiente.