Durante los años de la crisis, más de 550.000 hogares han perdido el derecho a tener el llamado bono social, un descuento del 25% en el recibo de la luz para determinados colectivos, pero no ligado a la renta. En 2009, cuando el entonces Gobierno socialista puso en marcha este mecanismo, el número de beneficiarios alcanzó los 3.004.607. Siete años después, en 2015, el número de clientes a los que se aplicaba este descuento se redujo hasta los 2.440.965. En porcentaje, el descenso es del 18,8%.
Portavoces de las principales comercializadoras consultados por infoLibre defienden que gran parte de este descenso responde a "la depuración de fraudes", pues el Ejecutivo optó en su momento por un sistema que supuso la aplicación automática del descuento a 2,6 millones de clientes que tenían contratada una potencia inferior a 3 kilovatios (kW), que es uno de los cuatro supuestos o perfiles definidos como beneficiarios. Pues bien, las eléctricas aseguran que se colaron entonces contratos de segundas residencias y de pequeños locales comerciales –la medida sólo está disponible para hogares– que se fueron purgando posteriormente.
Los datos recopilados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reflejan esta tendencia. De hecho, este el único supuesto en el que ha descendido el número de beneficiarios desde la puesta en marcha del mecanismo. Los clientes que disfrutan de la rebaja por tener en sus hogares una potencia inferior a 3 kW pasaron de 2.646.928 en 2009 a 1.827.284 en 2015. El descenso fue, por tanto, del 31%. Los otros tres colectivos que pueden acogerse a esta medida –y que el Gobierno del PP no cambió en su amplia reforma eléctrica– son los pensionistas con prestaciones mínimas, las familias numerosas y aquellas con todos sus miembro en paro.
Por compañías, Iberdrola es la comercializadora en la que, en conjunto, más ha descendido el número de beneficiarios del bono social, un 30,8%. El número de clientes con descuento ha pasado de 1.259.538 en 2009 a 871.385 en octubre de 2016. Un portavoz de la empresa asegura a preguntas de infoLibre que ese descenso se debe principalmente a los fraudes que se producían en el capítulo de clientes que accedieron automáticamente al sistema por tener baja potencia contratada.
"A partir de 2010 se empezaron a hacer depuraciones en los contratos que se habían heredado del distribuidor. Así se constató que aproximadamente el 25% no incluían ningún DNI y se les había considerado persona física (vivienda) sólo por este hecho; que el dato de primera vivienda se asignaba a a casi todos los contratos residenciales por defecto o que un 15% de los hogares que tenían contratada una potencia inferior a 3 kW no tenían el dispositivo que permite medir la potencia", explica este portavoz. Según datos aportados por la compañía sólo entre 2009 y 2014 se redujo casi un 40% el número de beneficiarios de este supuesto.
En el caso de Gas Natural Fenosa, el número total de beneficiarios del bono social se redujo un 13% entre 2009 y 2015 (de 511.909 a 445.294); y en el de Endesa un 12,4% (de 1.140.646 a 999.332). Portavoces de ambas compañías explican también que la bajada se debe a que existían clientes que no tenían derecho a acceder al descuento a sus facturas, aunque lo estuvieran percibiendo.
Las cifras de las tres compañías citadas son muy representativas, pues el 95% de los beneficiarios del bono social tiene contratado el suministro eléctrico con Iberdrola, Endesa o Gas Natural Fenosa. Una de las características de este mecanismo es que sólo está disponible con las comercializadoras que ofrecen la tarifa regulada, es decir, fuera del mercado libre y que son únicamente ocho: las tres citadas, EDP, Viesgo, CHC, Teramelcor (únicamente en Melilla) y Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta.
Requisitos cuestionados
Los datos agregados que ofrece la CNMC muestran también cómo la mayor parte de los beneficiarios que se han adherido al bono social son aquellos que tienen una baja potencia contratada. Así, de cada cuatro clientes que aprovechan este descuento, tres acceden a él por este supuesto. Aunque muy por debajo, el siguiente gran grupo que ha solicitado esta rebaja son los pensionistas, que con 314.255 beneficiarios suponían en 2015 el 12,9% del total. En 2009 los jubilados con descuento en la factura de la luz eran 277.815 (+13,1% en este período).
Sin embargo, quizás las cifras más llamativas y las que evidencian de forma más clara el fracaso de una de las pocas medidas disponibles para paliar la pobreza energética es el escaso número de hogares con todos sus miembros en paro que se benefician de este descuento. En 2015 eran un total de 70.994. Esta cifra contrasta con las los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de ese año que publica el INE. Según el organismo estadístico del Estado, en ese momento había en España 1.556.600 hogares con todos sus miembros en paro, por lo que la rebaja apenas estaría llegando al 4,6% de esas familias.
De hecho, las entidades sociales vienen quejándose desde su aprobación de que los cuatro supuestos no reflejan en todos los casos a los hogares en situación de vulnerabilidad. "Por ejemplo, los hogares que tienen a todos sus miembros en situación de desempleo pierden su derecho al bono social en cuanto uno de ellos accede a un empleo aunque sea muy precario y su renta conjunta apenas mejore", señala José Luis López, coordinador de proyectos de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).
Además, López se queja de no se han puesto en marcha las campañas de comunicación y difusión necesarias sobre la existencia de este mecanismo ni se han establecido los protocolos y mecanismos de coordinación que permitan recibir automáticamente esta rebaja a colectivos que la Administración ya ha definido como vulnerables, como puede ser el caso de los perceptores de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI).
Al mismo tiempo, los datos de la CNMC también constatan que ha aumentado un 208,9% el número de familias numerosas que se benefician de esta rebaja, que ha pasado de 64.832 en 2009 a 200.295 en 2015. Este supuesto también ha sido criticado por las entidades sociales, pues al no incluir un criterio de renta puede beneficiar a hogares no vulnerables. "No debería ser un supuesto de forma automática, pues el hecho de ser familia numerosa no es un criterio que determine necesariamente vulnerabilidad energética", señala María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética
Por otro lado, algunas asociaciones de consumidores como Facua y otras entidades sociales vienen denunciando que muchos clientes han sido llevados al mercado libre (donde no es posible acceder al bono social) atraídos por distintas ofertas, en ocasiones aceptando condiciones contractuales menos beneficiosas que las ofrecidas por la tarifa del mercado regulado, que es la única que permite tener este descuento del 25% si se cumplen los requisitos.
Las comercializadoras se defienden asegurando que siempre informan a sus clientes de todas las condiciones en el caso de firmar un nuevo contrato y recordando que el cambio al mercado libre es reversible y el cliente puede volver al precio regulado cuando lo estime oportuno. Sí admiten, no obstante, que las prácticas agresivas de algunos de sus comerciales –que son de empresas subcontratadas– han podido estar detrás de algunos de estos casos, aunque mantienen que tienen establecidos "protocolos" y "auditorías" para regular este tipo de conductas.
Reformulación de las condiciones
En cualquier caso, los datos de beneficiarios contrastan con los informes del INE o de instituciones académicas como la ACA que han venido constatando que el fenómeno de la pobreza energética se ha hecho más virulento con el avance de la crisis. Según el organismo estadístico del Estado el 10,6% de la población vivía en 2015 en hogares que no podían permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. En 2009 este porcentaje era del 7,2%.
La ACA, que edita un estudio de referencia en España sobre esta materia, también certificó en su último documento [consultar en PDF] que en 2014 el porcentaje de hogares que tienen que destinar una cantidad desproporcionada de sus ingresos –el 10% del total, tal y como se recoge en la metodología británica– a pagar facturas de luz y gas subió en 2014 hasta el 15%, lo que equivale a 6,6 millones de personas. En 2010 este indicador estaba situado en el 12,4%, lo que equivalía a cinco millones de personas.
Las entidades sociales, pero también las comercializadoras, coinciden en que el actual modelo no funciona y apuestan por que se establezca un criterio corrector basado en la renta del hogar. Precisamente en el Congreso de los Diputados los grupos parlamentarios están debatiendo con el Ministerio de Energía su reformulación. José Luis López, de la ACA, considera además que sería importante también que se tuviera en cuenta a la hora de poder acceder a este descuento tanto las características de la vivienda y sus equipamientos, como sus necesidades de servicios de energía.
Además, desde esta asociación proponen la ampliación del bono social a otros consumos energéticos (gas natural o gas licuado), que se aplique indistintamente tanto a consumidores del mercado libre como del regulado, o que se tenga en cuenta a modelos de familia como los monoparentales. Respecto a la renta, tanto la ACA como la Alianza contra la Pobreza Energética defienden un modelo progresivo con distintos porcentajes de rebaja en función de la renta, así como que se incluyeran factores de compensación por hijos o personas dependientes.
Un portavoz de Iberdrola mantiene también que en la compañía son partidarios de mejorar los criterios para la concesión del bono social, vinculándolo al nivel de renta de los clientes y perfeccionando las condiciones para que lo reciban las personas que realmente lo necesiten por estar viviendo una situación de vulnerabilidad.
A este respecto, Endesa hizo una propuesta el pasado mayo en la que proponía fijar límites de renta a los usuarios con menos de 3 kW de potencia y a las familias numerosas y la creación de otro fondo para sufragar el 100% de la factura a los hogares en verdadera situación de pobreza. Ambos mecanismos, según la compañía, deberían estar financiados por el Estado y el resto de consumidores en la tarifa. Además, propuso la creación de otro fondo –dotado con 200 millones– para mejorar el aislamiento de las viviendas que sí se sufragaría con el Fondo Nacional de Eficiencia Energético (FNEE) al que contribuyen las petroleras y empresas generadoras y comercializadoras de gas y electricidad
Financiación
Recientemente, el caso de la anciana de Reus también ha abierto el debate de la corresponsabilidad. Es decir, hasta qué punto las eléctricas deben o no implicarse aportando fondos propios para paliar las consecuencias de este fenómeno teniendo en cuenta que se trata de un mercado privatizado. Por ejemplo, la ley catalana contra la pobreza energética y los desahucios insta a las administraciones públicas a establecer acuerdos con las compañías de suministro "para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial o les apliquen descuentos muy notables en el coste de los consumos mínimos".
Esa era también la filosofía del bono social, que tuvo un coste anual en 2015 de 188 millones de euros. Cuando se puso en marcha en 2009, las cinco grandes distribuidoras eléctricas –Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, EDP España y Viesgo– aceptaron hacerse cargo de su coste a cambio de que el regulador dejara de detraerles parte de los ingresos extras que percibían por trasladar al precio de la electricidad el coste de los derechos de emisión de CO2.
Las familias numerosas adineradas tendrán acceso al bono social, pero no las de ingresos reducidos sin hijos
A pesar de este compromiso Iberdrola recurrió el modelo de financiación en 2012. El Tribunal Supremo le dio la razón al determinar que el reparto era discriminatorio y el coste de la medida se acabó trasladando a las facturas de todos los consumidores mediante los peajes de acceso. El Gobierno del PP recuperó en 2014 un mecanismo similar al que había anulado el Alto tribunal dos años antes, aunque con la salvedad de que debían costear el bono todos los grupos eléctricos que generan, distribuyen y venden energía, no sólo los cinco citados. Pero las compañías volvieron a recurrir a los tribunales insistiendo en que el coste debería asumirse por los Presupuestos Generales del Estado. El Supremo les volvió a dar la razón hace poco más de un mes, reconociendo incluso el derecho de las compañías a ser indemnizadas.
La Alianza contra la Pobreza Energética defiende que esta tarifa social la puedan ofrecer todas las comercializadoras, pero que la asuman las empresas que están "controlando" el mercado eléctrico, es decir, las grandes distribuidoras. "El mercado libre está en la generación y la comercialización, pero no en la distribución de un servicio básico, que está en manos, en la práctica, de cinco empresas. Por eso consideramos que tienen que asumir como parte de su negocio la responsabilidad de asumir los costes de las familias que no pueden pagar sus recibos", señala Campuzano.
En esta línea, el colectivo defiende que se debería avanzar hacia un modelo de gestión que tenga vocación de servicio público y asegure su universalización, así como hacer una auditoría pública de los costes del servicio y el déficit tarifario para depurar responsabilidades, reducir los costes asociados y no pagar la deuda ilegítima.
Durante los años de la crisis, más de 550.000 hogares han perdido el derecho a tener el llamado bono social, un descuento del 25% en el recibo de la luz para determinados colectivos, pero no ligado a la renta. En 2009, cuando el entonces Gobierno socialista puso en marcha este mecanismo, el número de beneficiarios alcanzó los 3.004.607. Siete años después, en 2015, el número de clientes a los que se aplicaba este descuento se redujo hasta los 2.440.965. En porcentaje, el descenso es del 18,8%.