"Es una putada que me está creando ansiedad y angustia". Estefanía lleva días visitando residencias por toda la zona sur de la Comunidad de Madrid. El miércoles, en Las Camelias. El jueves, en el Centro Geriátrico Campodón. Todo lo mira con lupa. Al fin y al cabo, solo quiere que su marido esté atendido en las mejores condiciones. Pregunta siempre por el uso de las sujeciones. Y, por supuesto, pide que le dejen ver las áreas destinadas a personas con deterioro cognitivo. No busca un nuevo centro porque esté descontenta con el actual. Se ha visto obligada a ello después de que la residencia en la que se encuentra su pareja haya quedado fuera del nuevo acuerdo marco regional. No es la única. Es algo que afecta en estos momentos a más de 600 personas que disfrutan de una plaza concertada en suelo madrileño.
Tres años. Ese es el tiempo que lleva el marido de Estefanía, con un deterioro cognitivo que le impide moverse o comer con normalidad, moviéndose de un centro para otro. Estuvo seis meses en Amavir Humanes. Luego, consiguió una plaza concertada en Vitalia Leganés. Pero estalló la pandemia y su mujer decidió a toda prisa sacarle del centro, donde los contagios aumentaban día tras día. Durante tres meses le cuidó en casa con ayuda de los hijos. Luego, contrataron a una persona durante ocho horas diarias. Y así estuvieron hasta que le concedieron el traslado a Sanitas Getafe. "Ahí ha estado muy bien atendido, sin sujeciones, que es fundamental para mí, y en habitación individual", cuenta su mujer al otro lado del teléfono.
Tras tanto tiempo dando tumbos, por fin estaban contentos. Por el trato y por la ubicación del centro. "A cuatro estaciones de Metro de donde vivo", señala. Pero la pasada semana todo se torció. "Nos ponemos en contacto con usted para informarle que la residencia para personas mayores en la que vive actualmente, en plaza pública, va a finalizar el contrato suscrito con la Consejería de Familia", rezan algunas de las cartas recibidas por los usuarios de los centros. "Nos ha caído como un jarro de agua fría", asevera Julia, que tiene a su madre con alzheimer en otro de los centros del grupo, del que destaca su "profesionalidad", y que pide aparecer en el reportaje con nombre ficticio.
Catorce residencias se descuelgan
El origen del problema se encuentra en el nuevo acuerdo marco de la Comunidad de Madrid, que fija las condiciones de contratación de plazas concertadas en las residencias de mayores de la región para los próximos cuatro años. Hay centros con los que hasta la fecha había conciertos que o no han querido optar a renovarlos o que lo han intentado pero que se han quedado por el camino por no cumplir con algunos de los requisitos establecidos. En total, según los datos facilitados a este diario desde la Consejería de Políticas Sociales, hay catorce geriátricos en esta situación. Una decena de ellos no se han presentado al concurso. Los cuatro restantes sí, pero se han quedado finalmente fuera.
Desde el departamento no entran a valorar los motivos por los que una decena de centros han decidido no seguir manteniendo relación con la Administración. "No se puede obligar a una empresa a que opte", se limitan a decir. Pero a nadie se le escapa que el nuevo acuerdo marco es mucho más exigente con el sector residencial que el anterior. Y quizá ese sea uno de los motivos. El convenio, alumbrado durante el Gobierno de coalición, endurece el régimen sancionador, otorga al Ejecutivo regional mayor capacidad para retirar la gestión de estos centros e incrementa las ratios mínimas de atención directa. Eso sí, el precio diario por plaza concertada que paga la administración aumenta de 54,51 a 74,88 euros.
El descuelgue de estos catorce centros del nuevo acuerdo marco impacta directamente sobre las familias. Según los datos de la Consejería de Políticas Sociales, 649 mayores se verán obligados a cambiarse de residencia si quieren seguir manteniendo su plaza concertada. Es algo que sucede cada vez que se renuevan los convenios. De hecho, señalan desde el Ejecutivo regional, la puesta en marcha del último, el que se firmó en 2017 con Cristina Cifuentes en la Puerta del Sol, afectó a algo más de un millar de residentes. "Administrativamente no nos queda otra, nos vemos obligados. Afortunadamente, es algo que se sucede cada cuatro o cinco años", dicen fuentes de Políticas Sociales.
"Un cambio así la desestabiliza de nuevo"
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Las familias buscan ahora nuevo centro de entre los que constan en la lista de adjudicatarios de plazas concertadas. Tienen hasta este domingo para entregar a los directores de las residencias en las que residen actualmente un impreso indicando cinco de ellos por orden de preferencia. En caso de no hacerlo, reza una carta recibida por los residentes, "se asignará el traslado en función de la disponibilidad de plazas existentes". Está previsto que las derivaciones se lleven a cabo antes del verano. Mientras tanto "continuarán viviendo en las que están", apuntan desde Políticas Sociales, departamento que entiende que puede resultar "molesto" pero que asegura que los traslados se harán de la manera "más ágil, cuidadosa e individualizada posible".
"Me han hecho polvo", se queja Estefanía, que no deja de darle vueltas al proceso de selección de nuevo centro para su marido. Julia, por su parte, no está dispuesta a que su madre, que padece alzheimer, pase por eso. "Después de dos años y medio de un duro periodo de adaptación, ella por fin estaba contenta. Su hogar es su salón, las caras que conoce y su habitación. Pero su situación es muy vulnerable y un cambio tan grande de sus hábitos la desestabiliza de nuevo por completo. No se le puede desahuciar así", se queja amargamente su hija al otro lado del teléfono.
Teniendo en cuenta la complejidad del caso, Julia está viendo si puede mantenerla en el mismo geriátrico. Aunque tenga que pagar la plaza privada. Es consciente de que el Ejecutivo regional tiene a disposición, para casos así, la conocida como Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), una ayuda periódica para financiar los gastos del servicio de atención residencial, diurna o ayuda a domicilio. En su caso, teniendo en cuenta que su madre tiene un grado tres de dependencia, le corresponderían entre 429 y 715 euros. Pero en el centro en el que están ahora mismo la plaza al mes está por encima de los 2.000 euros. Y la pensión de su madre apenas llega a los mil. "O se nos da el máximo o no llegamos", lamenta.
"Es una putada que me está creando ansiedad y angustia". Estefanía lleva días visitando residencias por toda la zona sur de la Comunidad de Madrid. El miércoles, en Las Camelias. El jueves, en el Centro Geriátrico Campodón. Todo lo mira con lupa. Al fin y al cabo, solo quiere que su marido esté atendido en las mejores condiciones. Pregunta siempre por el uso de las sujeciones. Y, por supuesto, pide que le dejen ver las áreas destinadas a personas con deterioro cognitivo. No busca un nuevo centro porque esté descontenta con el actual. Se ha visto obligada a ello después de que la residencia en la que se encuentra su pareja haya quedado fuera del nuevo acuerdo marco regional. No es la única. Es algo que afecta en estos momentos a más de 600 personas que disfrutan de una plaza concertada en suelo madrileño.