"A la espera de que las cifras puedan variar al alza, podemos afirmar sin ningún género de dudas que la huelga ha sido un éxito de convocatoria y que el Ministerio de Justicia y el CGPJ deberían buscar soluciones". Con estas palabras las asociaciones de jueces y fiscales consideran el paro que habían convocado para este martes y que, según los datos de seguimiento provisionales a las 18.00 horas, habrían secundado el 64,5% de los jueces —3.537 de 5.407— y el 51,9% de los fiscales —1.297 de 2.500—.
Avisaron de la convocatoria hace un mes: si no se escuchaban sus demandas, jueces y fiscales irían a la huelga. Y, al no cumplirse sus objetivos, este martes los profesionales de la Justicia pararán durante todo el día. "El balance no puede ser más decepcionante en todos estos meses que llevamos de negociaciones. No hay siquiera un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto. Y está pendiente de aprobación la Ley Orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones a los miembros de la carrera judicial y fiscal con enmiendas sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial", se quejaron a través de un comunicado las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales convocantes de la protesta –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)–. Ahora, a todas ellas se sumó el apoyo de una treintena de magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de todo el país.
En un comunicado, los 30 magistrados firmantes trasladan su "total apoyo" a las reivindicaciones planteadas "en defensa de sus justas peticiones" como son unas cargas de trabajo saludables, más autonomía del Ministerio Público o independencia del Consejo General del Poder Judicial, entre otros asuntos. "Compartimos enteramente" las "legítimas reclamaciones" planteadas por las asociaciones de jueces y fiscales, señalan los magistrados del TS firmantes, que trasladan su respaldo a las actuaciones que se están llevando a cabo para que sean atendidas, entre ellas cuatro paros parciales que comenzaron el pasado 26 de abril y se han repetido cada jueves durante un mes y la huelga a nivel nacional de este martes como último movimiento. Además, a las concentraciones convocadas durante las últimas semanas, se sumaron incluso los nueve miembros del Consejo Fiscal.
En opinión de los magistrados del Supremo firmantes, se trata de unas reclamaciones con las que de "manera unánime" se están reclamando "las imprescindibles reformas" que necesita la Administración de Justicia "para cumplir correctamente con la función constitucional que le corresponde". En esta línea, ven "absolutamente imprescindible" para un "eficiente funcionamiento" de la justicia que se atiendan sus reclamaciones sobre la garantía de la independencia judicial, la modernización de la administración de justicia para mejorar su calidad y eficacia y el incremento de las inversiones con el aumento de las plantillas de jueces y fiscales para adecuarlas a las existentes en los países de nuestro entorno y la racionalización de la planta judicial. Asimismo, subrayaron que a estas medidas debe sumarse la protección de los derechos profesionales de jueces y fiscales con la instauración de un sistema de cargas de trabajo razonables, así como la actualización y revisión de las retribuciones en cumplimiento del mandato previsto en la Ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.
La de este martes será la mayor protesta incluida en el calendario anunciado el pasado 5 de abril, día en que arrancaron las protestas frente a las sedes judiciales de toda España, donde se leyeron las reivindicaciones de jueces y fiscales recogidas en el documento 14 propuestas para la mejora de la Justicia, al que se adhirieron más de 3.500 profesionales de la judicatura y la fiscalía. "A los jueces no nos agrada, pero el análisis que hemos hecho es que la gente está desesperada y siente que no nos están haciendo ningún caso", criticó Conrado Gallardo, magistrado y miembro de Foro Judicial Independiente, en conversación con infoLibre.
Pero, además, las movilizaciones de los profesionales de la Justicia continuarán si, a partir de este martes, siguen sin ser escuchados. "Si no cambia nada, habría que tomar medidas más drásticas", avisó Prado en conversación con este diario. Y con él coincidió Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia: "En caso de no conseguir nada, las movilizaciones tendrán su continuidad".
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria denuncia un intento de boicot del Ministerio
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) denunció este lunes un intento de boicot del Ministerio de Justicia a la huelga convocada para este martes. Según explicó la organización a través de un comunicado, tuvieron conocimiento de que "el Ministerio de Justicia ha estado durante toda la tarde de ayer [este lunes] llamando a los secretarios de Gobierno de los tribunales superiores de Justicia prohibiéndoles verbalmente que faciliten a estos los datos de actuaciones suspendidas hoy con ocasión de la huelga de jueces". "Sin esa fuente de información sera difícil dar datos oficiales de incidencia de la huelga", añadieron, por lo que ven en estas actuaciones una forma en la que el Ministerio "pretende aminorar los efectos de la huelga".
No obstante, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, salió al paso de las acusaciones y desmintió este mismo martes que exista ese boicot ya que el seguimiento de los paros no se lleva a cabo desde el Ministerio, sino que compete al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de los datos recabados desde los tribunales superiores de justicia. Así, el ministro indicó que, de hecho, están esperando que les remitan los datos acerca de cuántos jueces se han sumado a la huelga y cuantas vistas orales se suspendieron, aunque espera que la cifra sea la "menor posible" para minimizar el impacto en la ciudadanía.
Dimisión de Catalá
PP y Ciudadanos bloquean 53 veces en el Congreso una reforma que los fiscales creen clave para investigar la corrupción
A la huelga de este martes hay que sumar que el pasado 4 de mayo, más de 200 jueces y fiscales se concentraron ante el Ministerio de Justicia para exponer estas mismas reivindicaciones y pedir la dimisión del ministro Rafael Catalá por sus "injerencias" en la labor de estos profesionales. Días después, las asociaciones se reunieron con la secretaria de Estado Carmen Sánchez-Cortés para tratar estos asuntos y las propuestas de los representantes judiciales y fiscales. Tras este encuentro, las asociaciones se reafirmaron en su idea de continuar con las movilizaciones, pues se quedaron con una visión "negativa" de la reunión.
Por su parte, la secretaria de Estado de Justicia señaló que, de las 14 propuestas consensuadas por las asociaciones, "una amplia mayoría está ya en trámite o en proceso de elaboración", así como que las demás están siendo objeto de "avanzado estudio".
"Estamos obligados a perseguir nuestras reivindicaciones por el bien de la Justicia y por el bien de nuestra situación profesional. Seguimos adelante, nos duele de alguna forma bastante, no nos gusta en este colectivo hablar de huelgas y paros, nos repugna en cierta forma", lamentó el portavoz en la Comunidad Valenciana de la Asociación Francisco de Vitoria, Miguel Ángel Casañ en declaraciones a Europa Press.
"A la espera de que las cifras puedan variar al alza, podemos afirmar sin ningún género de dudas que la huelga ha sido un éxito de convocatoria y que el Ministerio de Justicia y el CGPJ deberían buscar soluciones". Con estas palabras las asociaciones de jueces y fiscales consideran el paro que habían convocado para este martes y que, según los datos de seguimiento provisionales a las 18.00 horas, habrían secundado el 64,5% de los jueces —3.537 de 5.407— y el 51,9% de los fiscales —1.297 de 2.500—.