Más de 8.000 personas fueron internadas en un CIE en 2017

Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) continúan siendo "espacios de desprotección y contención de las migraciones, para garantizar la rápida repatriación con las menores garantías" y espacios de "sufrimiento inútil". Así lo considera el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que este jueves presentó en el Senado su balance anual respecto a la situación en los centros. En el año 2017, un total de 8.814 personas fueron internadas, de las cuales 396 fueron mujeres y 48 menores de edad. Permanecieron internadas, en su conjunto, 1.217 personas más que en 2016. Si bien la evolución desde 2012 muestra una tendencia descendiente, desde el año 2015 el número de internos no ha hecho más que aumentar en el país.

El contexto general para entender la situación en los CIE requiere de una perspectiva general sobre los movimientos migratorios. A lo largo del año pasado, 28.572 personas entraron irregularmente en España por vía marítima y terrestre y se produjeron 18.794 detenciones de personas migrantes en situación irregular. Se iniciaron 21.834 expedientes de expulsión y se incoaron 20.672 órdenes de devolución, de las que, en total, se repatriaron a 9.326 personas, el 44% directamente desde los CIE.

El motivo principal del internamiento consiste en "estar incurso en un expediente de devolución", que alberga un 85,76% de los casos. De ellos, la entrada ilegal mediante patera supone un 80,52% de los casos recogidos. El segundo motivo de ingreso fue "estar incurso en un procedimiento administrativo de expulsión por mera estancia irregular", aunque a distancia del primero, con un 9,46% de los casos. Son menos numerosos los internamientos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de Seguridad Ciudadana (4,13%) o ligados a la expulsión judicial (0,65%).

La duración media en los CIE es de 26,63 días, lo que supone 2,16 más que en 2016. En cuanto a la baja de los centros, el 61,98% fue para su puesta en libertad y el 37,29% debido a una repatriación forzosa, si bien los datos han de ser mirados "con cautela", según los autores del informe, debido a la "fragmentación de las cifras". En todo caso, "llama la atención el bajo porcentaje de devoluciones y expulsiones efectivas desde los CIE, lo cual implica la desproporción del sufrimiento infligido a las personas internadas".

El aumento de las personas internadas significa que "cada vez hay un mayor grado de sufrimiento inútil". Así se expresó María del Carmen de la Fuente, vicepresidenta de SJM, quien recalcó además la "opacidad y la impunidad policial". De la Fuente insistió en que el Ministerio del Interior, ahora dirigido por Fernando Grande Marlaska, debe trabajar por una "política migratoria diferente, desde una mirada más humana, con el acento puesto en la acogida" para lograr una "disminución de la necesidad de entrar regularmente", proporcionar "opciones de construir un proyecto propio" o fomentar "establecimientos de estancia temporal". En todo caso, insistió, el objetivo principal es "el cierre de todos" y construir "alternativas a la detención". Mientras eso no ocurra, zanjó, las exigencias se basan en "condiciones dignas" para los internos.

En esta misma línea habló Josep Buades, autor del informe. El también responsable de la frontera sur en SJM recordó que la labor de Marlaska ahora es "formarse una imagen completa de la dinámica del internamiento" y de la "inutilidad de la medida en gran proporción", además de prestar atención a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y los autos de los jueces de control, que en gran medida han revelado "preocupaciones por las condiciones generales en las que las personas extranjeras se ven sometidas". Queda, señaló el autor, un "trecho muy largo que recorrer para que las condiciones reales se asemejen al marco reglamentario, que es un mínimo".

José Ignacio García, director del Servicio Jesuita a Refugiados en Europa, describió con crudeza el panorama en las fronteras europeas, que "no es precisamente alentador". Existe, a su juicio, una "incomprensión y desprotección grave", que predicen un "futuro bastante peor que el presente que estamos contemplando". Todo parece indicar, según García, que las condiciones serán "más penosas" y la protección "más escuálida". El experto reconoció que si bien hace siete años existía "cierto entusiasmo" relativo a las posibles alternativas a la detención, hoy "esa dinámica se ha congelado" y "absolutamente ningún gobierno a nivel europeo pone en cuestión la detención". Los derechos humanos, añadió, están siendo "maltratados, cuestionados y puestos en interrogación". La situación, sentenció, "sólo se justifica porque hay un mensaje detrás de hostilidad y de lección que alguien tiene que aprender en cuerpo ajeno".

"Los lamentables sucesos de Archidona"

El informe se esfuerza además en hacer hincapié sobre los "lamentables sucesos de Archidona", que se saldaron con el suicidio de uno de los internos y el desmantelamiento de la cárcel empleada, "en frause de ley", como macro CIE. Los autores del documento insisten en "la intencionalidad del Gobierno de profundizar en las dinámicas de los CIE de frontera y en la política de control de la migración magrebí".

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Este tipo de macro centros de internamiento, añaden, "dificultan el acceso a derechos, las labores de identificación y eventual protección y establecimiento de condiciones dignas de acogida, marcando un camino a no tomar".

En el evento estuvieron presentes también Ana Bosch y Marta Sánchez Briñas, ambas abogadas de Pueblos Unidos y responsables de las visitas a los centros. En su intervención expresaron los dictámenes de los jueces y el Defensor del Pueblo, además de trasladar experiencias personales de los internos. En tres de los relatos narrados sus protagonistas decían sentirse como un "títere, un perro y un trozo de algo sin sentimientos", lo que conduce a un sentimiento común de "no dignidad como personas", resaltaron las letradas.