Interior suprime el CIE de Fuerteventura tras seis años sin uso y con gastos anuales de un millón de euros

El Ministerio del Interior ha dictado una orden por la que se suprime el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Fuerteventura, una instalación de carácter policial no penitenciaria creada en 2003 para alojar a los inmigrantes que llegaban a las Islas Canarias y que está vacío desde el año 2012, pese a que sigue generando gastos a la Administración.

De acuerdo a la Orden INT/675/2018, de 25 de junio que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), el cierre se explica atendiendo a "la situación que presenta" el CIE de Fuerteventura, que "dada su antigüedad y pese a las continuas obras de reparación, adaptación y mejora que se han ido realizando, presenta unas instalaciones que no se adecuan a la vigente normativa", por lo que "procede acordar su supresión definitiva".

Asimismo, expone que la orden "persigue un interés general al suprimir por causas legales un centro público dependiente de este Ministerio; no existiendo ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos, resulta coherente con el ordenamiento jurídico y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya avanzó el pasado martes 19 de junio, en su primera sesión de Control al Gobierno en el Senado, su intención de cerrar el CIE de Fuerteventura, tras valorar la situación y "atendiendo al número de migrantes que llegan a Canarias" y las "previsiones" para estos años, pues, según afirmó entonces, no iba a ser "necesaria la utilización" de esta instalación habida cuenta de que Canarias cuenta con otros dos centros, el de Barranco Seco (Gran Canaria) y el de Hoya Fría (Tenerife).

En aquel momento, Grande-Marlaska dijo que la decisión estaba tomada a falta "del informe previo del ministerio de Hacienda". "Una vez nos conste, se cerrará administrativa y operativamente", señaló.

4,1 millones de euros en cuatro años

El CIE vacío de Fuerteventura ha costado a las arcas públicas 4,1 millones de euros entre 2013 y 2016. Gastos que, según se recoge en documentos de la Dirección General de Policía, y tal y como informó eldiario.es en diciembre de 2017, estaban destinados a servicios de alimentación, limpieza, mantenimiento, suministros de luz y agua, y equipación del centro.

Unos gastos que giran en torno al millón de euros por cada ejercicio anual y que ascendieron tras el cierre del CIE en 2012. En 2010, el Gobierno destinó 789.464,31 euros al centro del Matorral, de acuerdo a lo expuesto en la documentación oficial. En 2013, tres años después y con el centro ya en desuso, el gasto fue de 1.154.690,25 euros.

Según la definición del reglamento oficial, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son instalaciones públicas de carácter no penitenciario, pero de gestión policial, donde son encerradas personas que se encuentran en España en situación administrativa irregular. El máximo de tiempo que estas personas pueden permanecer privadas de libertad son 60 días, mientras se prepara su expulsión al país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, son puestas en libertad.

El cierre no es el final

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha celebrado la supresión del CIE. No obstante, la organización considera el cierre "un gesto vacío si no va acompañado de medidas serias en materia de política de extranjería". Así, ha indicado que el ministro de Interior, Grande-Marlaska, puede hacer gestos "que son agradecidos", pero ha avisado de que por sí solos "no solucionan el grave incumplimiento de los Derechos Humanos ni las múltiples irregularidades" que, le consta, han sido cometidas en estos centros.

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En este sentido, ha pedido al titular de la cartera de Interior que "clarifique de una vez por todas" sus planes en materia de CIE y las vías que contempla su Departamento en esta materia, "sobre todo, tras saber que en concurso con Francia pretende hacer unos CIE 2.0, también para personas potenciales solicitantes de asilo".

Según ha señalado la ONG, el Gobierno de Mariano Rajoy "ha dejado en herencia" al Ejecutivo de Pedro Sánchez "seis CIE que se unen a los tres que proyectó el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido, así como la costumbre de habilitar espacios 'temporales' para hacinar a seres humanos privándoles de derechos, como se hizo en Archidona".

A juicio de la Red, Grande-Marlaska tiene que acometer, "como mínimo", un plan que proceda al cierre de los centros, así como la apertura de una comisión para investigar las irregularidades que "se han cometido en los mismos".