El diputado del Grupo Mixto y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen las filtraciones de documentos relativos al 'caso Koldo' que le afectan a él y a terceras personas con las que ha tenido relación, y ha insistido en que, al menos de momento, sigue sin tener la condición de investigado en ese proceso.
En concreto, Ábalos ha presentado la denuncia por "delitos indiciariamente constitutivos de descubrimiento y revelación de secretos", pero también por la "omisión de perseguir delitos", es decir, por la inacción ante estas filtraciones.
El también exministro de Transportes, a cuyo exasesor Koldo García Izaguirre investiga el Jugado Central de Instrucción número 2 la Audiencia Nacional por la presunta trama de cobro de comisiones por los contratos de mascarillas durante la pandemia, ha dedido dar este paso ante la "publicación sistemática de informaciones contenidas en el proceso judicial" que le afecta tanto a él como a su familia y "otros ciudadanos corrientes".
Así lo ha explicado en una rueda de prensa en el Congreso en la que se ha quejado de que estas revelaciones no han sido objeto de reproche penal ni de investigación "por parte de quien ha de ser garante de la pureza del procedimiento penal".
En su escrito resalta que ni la Guardia Civil ni el juzgado que dirige el magistrado Ismael Moreno han iniciado actuación alguna para detectar de dónde provienen las filtraciones que están haciendo un "daño enorme" a su reputación personal y profesional.
Ábalos considera que con estas revelaciones se ha establecido un "estado de excepción de derechos y ya no existe derecho a la intimidad" no de personas que tienen relevancia pública como él si no de otras que "no tienen nada que ver" y que, según recrimina "ya han sido privados de sus derechos a la intimidad y el honor".
Investigación descontrolada
En el escrito que ha presentado a la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, Ábalos señala que se están difundiendo "con sistemática precisión" datos sobre su vida privada, como viajes o estancias, "cuyo conocimiento obviamente sólo es posible por información recabada en registros administrativos y policiales".
El diputado recalca que se trata de datos que nada tienen que ver con los hechos que investiga el Juzgado que lleva el magistrado Ismael Moreno y denuncia que están siendo publicados por medios contra los que él ya tenía abiertas actuaciones en el orden civil y penal y que están haciendo "juicios paralelos que se van dosificando en su difusión".
Todo ello le lleva a concluir que se está realizando sobre él una "investigación no controlada" e incluso sospecha que ésta pudo arrancar antes de que se empezara a investigar judicialmente el 'caso Koldo'. En concreto, apunta que la investigación pudo iniciarse después de que en febrero de 2020, relevara a un cargo de la Guardia Civil cuando realizó cambios en la Unidad de Emergencias y Coordinación de Crisis del Ministerio de Transportes.
Además, destaca que los medios que se hicieron eco de aquel relevo son los que están publicando informaciones ahora, que los investigadores etiquetan los documentos que se están filtrando, dándoles distintos niveles de importancia, que no se borran datos personales de los documentos y que no van acompañados de un informe policial que "soporte su eventual relación con la causa".
El foco, en los funcionarios
Asimismo, hace hincapié en la denuncia en que "es obvio" que la difusión de estos documentos "ha sido consentida". "Y el foco -añade- se dirige a quien tiene la obligación de preservar esta privacidad, que no son otros que los funcionarios que hayan intervenido en la investigación y quienes hayan sido custodios de esta".
Por todo ello, entre otras diligencias, solicita a la Fiscalía que requiera al Ministerio del Interior un informe con las fechas de incorporación de informes policiales a la causa y de su publicación en medios, así como de las consultas sobre él o sus familiares de primer grado en registros públicos de toda índole a los que tengan acceso las Fuerzas de Seguridad desde enero de 2020 -registro de la propiedad, registros policiales de salidas y entradas del país, control de hospederías, titularidad de bienes muebles, o la DGT, entre otros-.
También pide una testifical de los funcionarios de la UCO asignados a la investigación, así como una auditoria sobre los accesos al iCloud del juzgado para identificar quiénes y cuándo se ha accedido la fichero de los mails filtrados y cuándo se colgaron.
Ábalos también quiere que se requiera a la Fiscalía Anticorrupción para informe si se están practicando diligencias de investigación sobre él, y las comunicaciones de la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía General, informando de su involucración como mediador en la trama de las mascarilla.
Investigación prospectiva
Durante su comparecencia en el Congreso, Ábalos ha reconocido que las filtraciones también podrían venir de las partes personadas en el caso, pero no apunta a ellas en su denuncia. "Me estoy refiriendo a funcionarios públicos, a nadie más", ha dicho.
Tampoco cree que el PSOE esté detrás. "No tendría sentido, estoy suspendido de militancia y en el Grupo Mixto, ¿qué más quiere?", ha comentado, después de decir que cree estar siendo objeto de una investigación "prospectiva" que "va más allá de los hechos denunciados" para "ver qué va saliendo" y en qué le pueden "pillar".
Según ha relatado, el culmen de esta situación de produjo "con el volcado de determinados correos electrónicos", algunos de 2018, dos años antes de la pandemia que motivó los contratos investigados y que son ajenos a la causa. "Salvo que estemos ante una causa general porque en este caso, todo vale", ha deslizado, apuntando que ese volcado se produjo "curiosamente" 48 horas antes de que la Fiscalía Europea reclamara llevar la investigación.
Respecto a su relación con el PSOE, ha explicado que tiene más con la dirección del grupo parlamentario que con la del partido y, sobre relación con la citación judicial al presidente Pedro Sánchez por parte del juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez, la ha enmarcado en los intentos de deslegitimar al Gobierno de coalición.
Habla de "guerra política" y pide al PSOE que no se rinda
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Tras recordar que el caso de Antonio Costa, acabó dimitiendo como primer ministro de Portugal por una causa que ha sido archivada, ha dicho que aquí también es está aplicando el "manual de la polarización" para "socavar al Gobierno" y "eliminar al adversario político".
En este contexto, ha advertido que no se puede "no ser consciente de todo esto" ni ser "excesivamente confiado", aunque ha subrayado que no queda más remedio que confiar en la Justicia y las instituciones. A la dirección del PSOE le recomienda que "tome nota" porque esto es "una guerra política y uno no se puede rendir".
Además, ha destacado que todo lo que está sucediendo confirma que hizo bien en no dejar su escaño porque así sigue siendo aforado y puede utilizar el Congreso por ejemplo para explicar su denuncia. "Visto lo visto en estos cinco meses, tomé la decisión oportuna. No sé si otros han tomado las decisiones oportunas, pero yo estoy convencido de que sí", ha remachado, recordando que ya avisó entonces de que él sólo era un "peón" en esa "estrategia de eliminación" de dirigentes del PSOE y que a su "señalamiento seguirían otros de mayor relieve y con mayor intensidad".
El diputado del Grupo Mixto y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen las filtraciones de documentos relativos al 'caso Koldo' que le afectan a él y a terceras personas con las que ha tenido relación, y ha insistido en que, al menos de momento, sigue sin tener la condición de investigado en ese proceso.