El Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado su disposición a sentarse en una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia para resolver el pago de la totalidad de los servicios prestados por el turno de oficio, tengan o no el reconocimiento como justicia gratuita. Asimismo, ha advertido de que seguirá adelante con sus reclamaciones administrativas y legales para conseguir que se abonen todos los expedientes, ha informado Europa Press.
Los representantes del Consejo General de la Abogacía Española mantuvieron este miércoles una reunión con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, quien se comprometió a crear esta mesa de trabajo para estudiar las "demandas de de los abogados del turno de oficio", tras las reivindicaciones de la Abogacía a que todos los expedientes que han sido prestados por letrados de oficio el pasado mes de octubre por mandato judicial sean abonados.
Se trata de determinados casos asistidos por abogados del turno de oficio registrados en la denominada zona Ministerio, que comprende Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia e Illes Balears, Ceuta y Melilla, así como al Colegio de Madrid en lo que respecta a los tribunales con jurisdicción estatal, como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Este acuerdo llega después de que el Pleno de la Abogacía acordara emprender acciones legales contra el Ministerio de Justicia, después de que el departamento que dirige Dolores Delgado anunciara que sólo iba a proceder al pago del 95% de los expedientes asistidos por abogados de oficio, dejando fuera aquellos que no hayan sido reconocidos como justicia gratuita en los territorios que gestiona. Por ello, reclamó la dimisión inmediata de la ministra.
"Profundo malestar"
El secretario general del Consejo y decano del Colegio de Pontevedra, Ramón Jáudenes; el vicepresidente primero, José María Alonso; y el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita y decano del Colegio de Zaragoza, Antonio Morán, expresaron durante el encuentro el "profundo malestar que se vive en la familia de la abogacía por la situación que ha generado la decisión unilateral del Ministerio de dejar de pagar las actuaciones del Turno por designación judicial pero sin cobertura de la justicia gratuita", ha informado el Consejo en un comunicado.
Asimismo, los representantes del Consejo General de la Abogacía trasladaron al número dos de Justicia su respaldo a la concentración convocada para este viernes por los abogados de oficio a las puertas de la sede del Ministerio.
Por otro lado, el Consejo subraya que, pese a que el Ministerio esté dispuesto a tratar este asunto y "rebajar su enfrentamiento" con el turno de oficio, su postura supone "de forma implícita que no se abonarán los servicios que no hayan sido reconocidos por las Comisiones paritarias de Justicia Gratuita hasta que se produzca la reforma legislativa".
Ante esto, el decano de Zaragoza advirtió al secretario de Estado y a sus colaboradores que el Consejo seguirá adelante con sus reclamaciones administrativas y judiciales para exigir que el Gobierno pague hasta el último euro de los servicios de oficio prestados por los abogados que ofrecen cada día un servicio de la máxima calidad a unos precios impensables fuera del sistema público pero que el Ministerio de Justicia no quiere asumir.
Reclamación de 600.000 euros
Justicia ya paralizó el año pasado el pago a los abogados del turno de oficio por los servicios que prestaron ese verano tras detectar que el anterior equipo ministerial, el de Rafael Catalá, habría abonado casi 600.000 euros de más para sufragar el trabajo de defensas del caso Gürtel.
Así, el Ministerio pidió a la Abogacía y al Colegio de Madrid la devolución de dicha cantidad, alegando que si no lo hacían no se podría realizar la siguiente transferencia, ya que el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones establece que "no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario sea deudor por resolución de procedencia de reintegro".
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El Consejo anunció este miércoles que iba a reclamar esos 600.000 euros que reintegraron, después de que el Ministerio de Justicia se "extralimitara en la forma que exigió la devolución de parte de los honorarios recibidos por los abogados", afirma en su comunicado.
Según explica la Abogacía, el Ministerio de Justicia ha estimado su recurso en el que reconoce "que no se cumplió con el procedimiento, omitiendo trámites básicos como la apertura del expediente informativo o el establecimiento de un periodo para formular alegaciones".
Por último, añade el Consejo que el convenio del caso Gürtel, firmado entre el Ministerio de Justicia —dirigido entonces por Rafael Catalá—, el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Madrid, "tenía por objeto mejorar las retribuciones de los abogados a los que les correspondió la causa por tratarse de un asunto de especial complejidad y dedicación" y recuerda que la fórmula era la misma que se había utilizado anteriormente con los abogados de oficio a quienes correspondió la defensa de los encausados en el caso del 11-M.
El Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado su disposición a sentarse en una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia para resolver el pago de la totalidad de los servicios prestados por el turno de oficio, tengan o no el reconocimiento como justicia gratuita. Asimismo, ha advertido de que seguirá adelante con sus reclamaciones administrativas y legales para conseguir que se abonen todos los expedientes, ha informado Europa Press.