El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que durante años fue el número dos de los ejecutivos de Esperanza Aguirre, tiene un largo y abrumador historial de presuntas vinculaciones con la corrupción. Este miércoles ha sido detenido por la Guardia Civil, acusado de ser el presunto jefe de una "organización criminal".
Imputado por cohecho y blanqueo de capitales en el caso del ático junto a su mujer, Lourdes Cavero, por la jueza de Estepona Isabel Conejo, la revista Tiempo informó ya en 2007 de que González, como máximo responsable de la empresa pública del Canal de Isabel II, adjudicó un campo de golf en el centro de Madrid a una empresa de un socio de su hermanocampo de golf Pablo González. Este último también ha sido detenido en la operación puesta en marcha este miércoles por la Guardia Civil.
También fue polémica la información del diario Público, de 28 de enero de 2009, sobre un dossier de 69 páginas en el que se resaltaban los vínculos de Ignacio González con diferentes casos de corrupción. La conclusión principal del documento era que el entonces vicepresidente madrileño lideraba un grupo de amigos que crean un negocio particular y, además, obtenía beneficios extra de la Comunidad o el Canal de Isabel II. Además, se indicaba expresamente que tenía una "caja de caudales" y que en ocasiones pagaba en negro.
El dossier de 69 páginas detallaba una serie de adjudicaciones públicas presuntamente irregulares, realizadas por organismos controlados por el exvicepresidente. Además del campo de golf en el centro de Madrid, el trabajo analizaba el reparto de televisiones digitales en la Comunidad Autónoma, de la explotación de la plaza de toros de Las Ventas y de la gestión del Palacio de Deportes.
Precisamente, la adjudicación de las TDT, algunas de ellas al empresario Enrique Cerezo, formó parte de la denuncia interpuesta por el colectivo de extrabajadores de Telemadrid, que ejercen la acusación popular en el caso del dúplex de lujo que desde diciembre de 2012 tiene en propiedad en Estepona el matrimonio formado por González y Lourdes Cavero.
Según la investigación realizada por la acusación popular y por la jueza de Estepona Isabel Conejo, un presunto testaferro, en concreto el ciudadano mexicano Rudy Valner, compró el inmueble después de que la propia Lourdes Cavero visita la vivienda. Valner trabaja para Enrique Cerezo en Videomercury, una de las empresas que aparecen en las adjudicaciones de Telemadrid al propio Cerezo denunciadas por los trabajadores despedidos en el ERE de la cadena pública madrileña.
8.000 euros en metálico
Ese mismo documento destacaba que González había pagado en metálico los 8.000 euros que costó un viaje a Sudáfrica. El viaje a Johannesburgo fue la clave del segundo dossier adelantado por Público. En este segundo dossier, de diez páginas, se relatan las relaciones de González con el empresario Enrique Sánchez González, con el que viajó al país africano.
Una parte de este informe fue desvelado por el diario El País, el 20 de enero del mismo 2009, y provocó una denuncia de la Comunidad de Madrid cuyo titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid entendió que había indicios de delito.
Los autores de este documento sostenían que el viaje a Sudáfrica de González y su esposa fue abonado en realidad por el empresario, como supuesto pago por contratos públicos. El vicepresidente aseguró que nunca había adjudicado "nada" a Enrique Sánchez, aunque el diario Público comprobó que esa afirmación no era cierta, ya que el Canal de Isabel II que preside González había otorgado un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una de las empresas de Enrique Sánchez.
Pero el viaje más polémico fue el realizado entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre de 2008, en esta ocasión a Colombia, en el que el expresidente madrileño fue grabado con bolsas de plástico de color negro entrando en una vivienda. Según aseguró González, esas bolsas contenían una toalla, un gorro y una crema. Sin embargo, tal y como consta en una grabación, todos salieron sin las bolsas.
Destituido por Cifuentes
Entre los participantes del polémico viaje estaba Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de preside Inassa, la filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica, que fue destituido por Cristina Cifuentes tras conocerse por los papeles de Panamá papeles de Panamásu vinculación con tres empresas en Hong Kong.
Asimismo, el comisario de la Policía José Manuel Villarejo redactó, el 11 de julio de 2011, un informe de cinco páginas en el que vinculaba el ático de lujo adquirido por Ignacio González con un soborno pagado a cambio del mayor pelotazo de la Gürtel. Según afirmaba el agente se estaba utilizando el Canal de Isabel II para “realizar suculentos pagos” a medios de comunicación.
Además, este dossier policial detallaba prácticas corruptas en la agencia pública ICM descubiertas años después en el caso Púnica, e indicaba que Enrique Cerezo entregaba presuntamente "sobres con dinero en efectivo" a González.
El comisario aportaba más datos sobre el viaje a Colombia del político que ha sido detenido este miércoles en la denominada Operación Lezo. Como por ejemplo un supuesto pago de dos millones de euros a González en relación al mayor pelotazo de la Gürtel, que se desarrolló en Arganda del Rey, y que coincidió con el viaje, "acompañado entre otros de José Manuel Serra Peris", consejero de Martinsa, la empresa que se benefició presuntamente de la adjudicación de Arganda del Rey. Sus movimientos fueron grabados con cámara oculta por detectives, dando lugar al llamado 'caso espionaje de Madrid', en su momento investigado por la Comisaría General de Policía Judicial", completa el agente.
Espionaje contratado por OHL
En el sumario del espionaje, proseguía el informe policial, estaban imputados varios detectives privados que intervinieron en el seguimiento, "y que en todo momento se han negado a facilitar los datos de quienes les contrataron, no obstante fuentes de sus defensas han señalado que no tiene justificación alguna tal imputación, salvo que se trate de presionar a sus defendidos a que entreguen todos los datos recabados en dicho viaje e insinuando que el contratador final de los servicios de espionaje a Ignacio González había sido la constructora OHL".
A continuación el documento policial explicaba que en el viaje de González a Colombia también participaron, además del consejero de Martinsa Serra Peris, Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González, y por entonces gerente de la empresa pública Canal de Isabel II; el mencionado Edmundo Rodríguez Sobrino, y Enrique Sánchez, dueño de la empresa de seguridad Segurisa.
"Todas las fuentes consultadas coinciden en afirmar que es el Canal [de Isabel II] la herramienta para los cobros y pagos de difícil justificación, así como el sistema de enriquecimiento ilícito de ciertos dirigentes de la Comunidad de Madrid, que se quedarían con parte del dinero recaudado para financiar al PP, mediante el cobro de comisiones por adjudicación de obra pública", resaltaba el documento.
Villarejo analizaba la filial Canal Extensia, cuyo presidente era Edmundo Rodríguez Sobrino, que participó en el viaje a Colombia: "El Canal, sin razón empresarial lógica, extendió su infraestructura económica en América Latina, adquiriendo el 75% de Canal Extensia, de la que es propietaria junto con la firma valenciana Tecvasa (consorcio de firmas valencianas y la Caja de Ahorros del Mediterráneo), que posee el 25% restante. Toda una estructura con vocación offshore, controlada por sociedades públicas, todas ellas vinculadas al mismo partido político, sin razón aparente de existir, salvo el de manejar importantes sumas de dinero en un continente muy alejado y con claras dificultades de control".
Por eso, el comisario aseguraba que convendría indagar sobre la atípica estructura exterior del Canal: "Todas y cada una de las fuentes del entorno del PP contactadas señalan que es la herramienta perfecta de corrupción, que los responsables políticos de la Comunidad de Madrid utilizan hasta el día de hoy con total impunidad".
José Martínez Nicolás
El tercer epígrafe del detallado informe del comisario Villarejo se dedicaba a otra de las empresas que se habrían utilizado por el PP para estos pagos irregulares: la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM), cuyo expresidente José Martínez Nicolás, fue detenido en el marco de la Operación Púnica al participar en el pago en negro al conseguidor de la red corrupta Alejandro de Pedro.
"Otra firma con similar función seria ICM, de la que se espera recibir más información en breve. Al igual que opera el Canal, adjudicarían contratos millonarios mediante aparentes licitaciones previamente pactadas con los adjudicatarios, elaborando facturas falsas, engordando contratos y/o liberando fondos en efectivo, parte del cual iría a la caja B del partido político controlador, y parte se quedaría en manos de quienes estarían manejando dichas operaciones", describe Villarejo en 2011.
El autor del informe policial consideraba "de sumo interés, que una vez comprobadas la informaciones que se están recibiendo y judicializadas las mismas, por parte de la UDEF, se investigue muy en profundidad las actividades de una y otra empresa pública", en relación al Canal e ICM.
Caso en Colmenar de Oreja
El último asunto que aborda el documento policial alude al pequeño municipio madrileño de Colmenar de Oreja, en el sur de la Comunidad. "Ya en 2009, el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, inició una causa, cuya referencia policial consta como diligencias número 6480/09. Se trató de la investigación sobre un asunto que surgió en Colmenar de Oreja entre mayo-junio de 2007, donde la alcaldesa fue al parecer condicionada por Ignacio González a que favoreciera una recalificación a Martinsa, llevando las negociaciones por parte de la constructora un tal Juan Carlos Martín Rodríguez".
El nombre de Juan Carlos Martín saltó a los medios en marzo de 2009: el diario Público desveló que era el profesor de pádel de González y que aprovechaba sus contactos políticos para negociar contratos públicos.
Aguirre llora al ser preguntada por González: "Si es culpable sería un palo"
El comisario explicaba en su informe que se conoció la existencia "de unos pagos por un alto importe, calculado mediante la repercusión por metro construido conseguido con la recalificación. Según consta en la causa, los pagos se hacían a colaboradores de Ignacio González, que recibía en bolsas de plástico el dinero en efectivo, la mayoría de las veces en el Hotel Eurobuilding y también a la alcaldesa, que al saberse investigada, abandonó precipitadamente la política, no sin antes aumentar de forma significativa su patrimonio".
"Entre el entramado societario destacaba una firma llamada Preston Child y como conseguidores de Ignacio González entre otros un tal Á. C., realizando movimientos de capitales a través del Barclays Bank y otras entidades. En su momento, colaboradores informaron que parte del efectivo que conseguían, se guardaba en cajas de seguridad del BSCH, a nombre de diversos colaboradores de Ignacio González y que periódicamente se reunían para repartir cuando estas estaban llenas", resalta el comisario.
Tal y como publicó El País el 26 de agosto de 2012, Martinsa-Fadesa adjudicó la sectorización de esta promoción a la empresa Plarquin Consultores, ligada al exdirector general de Urbanismo Enrique Porto. Y esta firma también participó en la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey, con el exalcalde imputado Ginés López a la cabeza, de unas fincas por las que el presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, pudo percibir hasta 25 millones de euros.
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que durante años fue el número dos de los ejecutivos de Esperanza Aguirre, tiene un largo y abrumador historial de presuntas vinculaciones con la corrupción. Este miércoles ha sido detenido por la Guardia Civil, acusado de ser el presunto jefe de una "organización criminal".