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Martes, 4 de mayo de 2021. Son las once de la noche en la calle Génova y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, agarra su iPhone y deja un mensaje en la red social Twitter. "Me gusta cuando los planes salen bien", escribe el spin doctor de la presidenta. Dos meses después de aquella cita con las urnas, la líder del Ejecutivo regional afronta los primeros compases de esta segunda legislatura en calma. Los conservadores ya no tienen que negociar con dos formaciones que no pueden ni verse –Vox y Ciudadanos–. Ahora, dependen exclusivamente de la extrema derecha. Por el momento, los ultras no parecen interesados en complicarle la vida a Ayuso.
El grupo que encabeza Rocío Monasterio no ha respaldado explícitamente al PP en las primeras cuestiones clave. Pero tampoco ha permitido que se estrelle. El partido se ha abonado a lo que llaman "abstención crítica", una fórmula que en la práctica sirve a los intereses conservadores al tiempo que permite a los ultras seguir marcando perfil propio cargando contra el PP. Ya ocurrió con Telemadrid. Y ahora, volverá a verse con la investigación sobre las muertes en residencias.
En poco más de un mes de legislatura, los conservadores ya han hecho frente a su primera prueba de fuego. Fue el pasado jueves en el Parlamento regional. Y los planes, otra vez, salieron bien. El Grupo Parlamentario Popular logró sacar adelante su reforma exprés de la radiotelevisión pública, esa modificación normativa armada con el objetivo claro de hacer caer a la actual dirección del ente público y designar a dedo a un administrador provisional que pueda llevar las riendas de Radio Televisión Madrid hasta que dos tercios de la Cámara logren ponerse de acuerdo para nombrar a un nuevo director general. Durante la sesión se produjeron dos votaciones. La primera, para decidir si se tramitaba por el procedimiento de lectura única, que impide al resto de formaciones incluir enmiendas al articulado. La segunda, para ver si se aprobaba la reforma. Ambas, salieron adelante solo con los votos a favor de la bancada conservadora. Pero para que eso sucediera, fue clave la decisión de la extrema derecha de ponerse de perfil.
El movimiento se repetirá esta semana en la Asamblea de Vallecas. El último Pleno ordinario antes del parón estival abordará otra de las cuestiones espinosas a las que se lleva enfrentando el Ejecutivo de Ayuso desde el estallido de la pandemia: el fallecimiento de miles de ancianos durante la primera ola en los geriátricos regionales. Nada más comenzar la legislatura, los grupos de la izquierda registraron una comisión de investigación que retomase los trabajos que quedaron pendientes con el adelanto electoral. La Mesa, controlada por los conservadores, tiró en un primer momento la iniciativa argumentando que faltaba concreción en el objeto. Sin embargo, el órgano de gobierno de la Cámara está obligado a calificar las comisiones de investigación. El único bloqueo posible es que algún grupo presente un escrito de oposición, lo que lleva la decisión final al hemiciclo. Es lo que ha hecho el PP y es lo que se someterá a votación este mismo jueves. De nuevo, la abstención de los ultras inclinará la balanza del lado de los conservadores.
"No vamos a servir de correa de transmisión de los intereses revanchistas de la izquierda, esa que pide una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid pero que ha negado esa iniciativa en otras cinco comunidades en las que gobernaba. ¿Qué pasa, que hay que investigar lo que ha pasado con las residencias en Madrid pero no hay que hacerlo en otras regiones donde alomejor han tenido incluso unos datos de mortalidad superiores? Eso no tiene ningún sentido", se ha encargado de decir en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces el número dos del grupo parlamentario de extrema derecha, Íñigo Henríquez de Luna. Los ultras, poco a poco, han ido haciendo suyos exactamente los mismos argumentos esgrimidos por el PP para rechazar la puesta en marcha de este órgano, cuya creación defendió la propia Monasterio hasta la investidura de Ayuso. "Este interés de revolver y usar el dolor de las víctimas no lo tienen en otras comunidades autónomas donde ellos gobiernan", decía el portavoz conservador, Alfonso Serrano, la pasada semana.
Golpear al PP mientras evitan que se estrelle
Vox se enfrenta a un dilema. Si se posiciona del lado del bloque progresista, será el blanco de las críticas de un PP que pesca en su mismo caladero electoral. Y si vota de forma permanente a favor de todo lo que pongan sobre la mesa los conservadores, corre el riesgo de perder fuerza negociadora y que se diluya esa imagen de outsider que tanto intentan potenciar. Ambas opciones suponen un problema a la vista de los resultados del barómetro postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En la última cita con las urnas, Ayuso fue capaz de seducir a nada menos que el 36% de los votantes que habían optado por Monasterio en las elecciones regionales de mayo de 2019.
¿Qué hacer ante eso? Una "abstención activa", "militante" o "crítica", en función de qué diputado de la extrema derecha se pronuncie al respecto. "En el caso de Telemadrid, como en el de las residencias, lo que hemos hecho ha sido una abstención crítica", señalaba este jueves en la Cámara de Vallecas Henríquez de Luna.
El primer mes de Ayuso a secas: pleno control de Telemadrid, frente contra Sánchez y guiños a Vox
Abstenerse es "votar a favor"
La extrema derecha, no obstante, no podrá recurrir a esta fórmula para absolutamente todo. Después del verano, por ejemplo, tendrá que mojarse obligatoriamente con el nombramiento del nuevo administrador provisional de Telemadrid, que el Ejecutivo madrileño dará a conocer previsiblemente en el Consejo de Gobierno de este miércoles y que llevará las riendas de la empresa pública hasta que 90 diputados se pongan de acuerdo para elegir a un nuevo director general. La reforma legal establece que el elegido deberá ser ratificado por la Asamblea de Madrid con mayoría absoluta, por lo que a los votos afirmativos de los conservadores deberán sumarse, sí o sí, los de la extrema derecha. Mayoría absoluta se requiere también, por ejemplo, para cualquier reforma del reglamento de la Cámara de Vallecas. Y de dos tercios –90 parlamentarios– si lo que se pretende es tocar el Estatuto de Autonomía para, por ejemplo, reducir el número de diputados en el Parlamento madrileño, uno de los acuerdos alcanzados por PP y Vox antes de la investidura de Ayuso.
Desde el bloque de izquierdas llevan días intentando visibilizar que la abstención ultra significa aprobación de iniciativas conservadoras. "En esta legislatura, ponerse de perfil es votar a favor", señalaba este martes en rueda de prensa la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Carolina Alonso. Lo hacía, en este caso, con el foco puesto en la investigación sobre el drama vivido en las residencias. Unas pesquisas que el PSOE continuará llevando a cabo fuera de la lógica parlamentaria. Hace una semana, los socialistas dieron el pistoletazo de salida en el salón de actos de la Cámara a unas jornadas centradas en lo sucedido en los geriátricos de la región durante la primera ola. Una suerte de comisión de investigación paralela que se inició con la intervención del exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero y por la que desfilarán, cada dos semanas, periodistas, familiares de las víctimas, alcaldes o expertos en bioética.
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