Hace ahora seis años, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt explicaron en detalle, para todo aquel que quiso escuchar, cómo la erosión de las instituciones, entre otras cosas, conduce a las democracias a la muerte. No siempre caen a manos de golpes de estado o de revoluciones violentas; a menudo se desintegran gradualmente. Y la erosión de las normas democráticas, muchas de ellas no escritas, y el debilitamiento de las instituciones suelen ser los primeros signos.
La radiografía de Levitsky y Ziblatt, ambos profesores de ciencia política en la Universidad de Harvard, se publicó en forma de ensayo bajo el título Cómo mueren las democracias, publicado en España por Ariel, apenas dos años después de que Donald Trump ganase las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y se hizo extraordinariamente popular, lo cual no impidió que sus argumentos se convirtiesen en un arma arrojadiza intercambiable entre defensores de la democracia y populistas de diferente pelaje.
Alberto Núñez Feijóo no es el único líder del Partido Popular que toma el peligroso camino descrito en el libro, pero sí el que mejor ha sistematizado el cuestionamiento permanente de todas las instituciones que no tiene bajo su control.
Es una estrategia que comenzó negando legitimidad a entidades intermedias que dependen del Ejecutivo, como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por el mero hecho de que sus máximos responsables sean de la confianza del Gobierno —algo que ha ocurrido siempre, también con el PP en el poder, pero que la derecha sólo cuestiona cuando está en la oposición—. Y que a lo largo del último año ha escalado en intensidad hasta incluir, sucesivamente, al Tribunal Constitucional (TC), la clave de bóveda del sistema, a la Presidencia del Gobierno y ahora al Congreso de los Diputados.
Fuera de esa denuncia, Feijóo sólo deja al Senado, la Cámara baja de control exclusivo del PP, gracias a que es la única que se elige mediante un sistema electoral muy distinto del que rige en el Congreso y que es capaz de dar mayoría absoluta a un partido aunque sólo tenga el 33% de los votos, como sucedió el 23J.
El CGPJ y el Supremo
El presidente del PP excluye también al actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dominado por la mayoría conservadora designada por Mariano Rajoy cuando su partido tenía mayoría absoluta en el Congreso. El líder de la derecha española defiende la legitimidad de la composición que el CGPJ tiene en estos momentos pese a que sus miembros llevan más de cinco años en funciones, lo que constituye una violación flagrante de la ley del Poder Judicial, y se niega a proceder a su renovación con el argumento de que, si se lleva a cabo siguiendo la normativa vigente, pasaría a contar con una mayoría de vocales progresistas.
La situación del CGPJ explica que, por extensión, el PP defienda también las decisiones que toma el Tribunal Supremo, dominado por jueces y magistrados designados por el actual Consejo cuando todavía tenía competencias para hacer nombramientos. Sus diferentes salas han vehiculizado durante años diferentes iniciativas contra actuaciones del independentismo o contra iniciativas del Gobierno.
En cambio, el PP lleva cuestionando el Tribunal Constitucional desde que, en enero de 2023, tuvo lugar la renovación de cuatro magistrados. Todos ellos cumplían las condiciones de idoneidad establecidas en la ley que regula la institución, pero para Feijóo el Alto Tribunal perdió en ese momento toda legitimidad y quedó sometido al Gobierno porque la mayoría conservadora que había dictado sentencias en los últimos nueve años pasó a ser progresista. Y porque el perfil de dos de los nuevos magistrados no le gustaba, aunque su trayectoria, de acuerdo a la ley, no afectase a su idoneidad para el cargo.
Desde entonces, el cuestionamiento del TC ha ido en aumento. Hasta el punto de considerarlo “un tribunal de parte” e intentar desacreditar cualquier decisión que suponga dar la razón al Gobierno y quitársela a sus adversarios. Con el telón de fondo de la ley de amnistía, que el PP retrata como inconstitucional y quiere bloquear por todos los medios a su alcance, pero que teme acabe validando el TC si, una vez aprobada, alguien la recurre.
El último episodio se vivió esta semana, cuando Feijóo llegó a acusar al TC de estar “suplantando” al Supremo y admitió que su partido ha decidido someter a vigilancia al tribunal arbitral. “Estamos estudiando y reflexionando con un grupo de juristas qué es lo que está pasando y qué es lo que el Tribunal Constitucional está haciendo en algunas sentencias” que toma “de una forma reiterada”, declaró a una emisora de radio.
Esta pauta es visible también en otros organismos. Feijóo también niega legitimidad al actual Fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo hizo con su antecesora, Dolores Delgado, con el argumento de que, aun siendo fiscal de carrera, había ocupado el cargo de ministra de Justicia. Y lo hace ahora con Ortiz porque, como le nombra el Ejecutivo —algo que sucede también cuando gobierna el PP— y no le gustan las decisiones que toma, le considera “un miembro del Consejo de Ministros”.
“Fraude”
A lo largo de los últimos meses, el presidente del PP no se ha quedado ahí. Basándose en que el suyo fue el partido más votado en las últimas elecciones y en que el PSOE estaba en contra de la amnistía antes de la cita con las urnas, discute la legitimidad de la investidura de Sánchez porque, según él, “nace de un fraude” electoral y de “un ejercicio de corrupción política”, que es como califica que el PSOE haya llegado a acuerdos con otros partidos.
“El hito fundacional de esta legislatura es un acto de corrupción política, que es aceptar que unos políticos queden eximidos de cualquier responsabilidad penal a cambio de sus votos. Si esos políticos apoyan al gobierno serán amnistiados”, sostiene. “Someter a este chantaje a una democracia occidental no se había visto nunca en Europa”.
En las últimas semanas, Feijóo se ha concentrado en denunciar la ilegitimidad del Congreso. Primero, retratando a su presidenta, Francina Armengol, como alguien al servicio del Gobierno. Y después denunciando que las decisiones no se toman en el Pleno, sino en reuniones “secretas” entre el PSOE y Junts.
En esa línea de desautorización de la Cámara Baja, esta misma semana proclamó que en ella ya no se producen debates “porque las votaciones se producen antes de las mismas”, en alusión al procedimiento que se utiliza para votar telemáticamente y que ya existía en la anterior legislatura. “La soberanía nacional ya no reside en las Cortes porque lo que digamos allí hay que llevarlo escrito de casa y se vota telemáticamente antes de cada sesión”, asegura.
Así que, para rescatar la democracia, Feijóo ha anunciado su decisión de poner el Senado al servicio de la estrategia del PP convocando tres debates al mes en vez de los dos habituales. ¿El objetivo declarado? Intensificar el control del Gobierno y dificultar la tramitación de las leyes exigiendo comparecencias e informes que no se pidan en el Congreso porque no sean preceptivos.
“Ocupación”
El líder del PP resume todas estas descalificaciones en la acusación genérica de que el Gobierno “ha ocupado las instituciones” —salvo las que controla la derecha, como las ya citadas. La elección del término “ocupación” ya implica una intención deliberada de deslegitimación. A pesar de que los miembros y responsables de todas ellas han sido elegidos y llevan a cabo su labor de acuerdo con la Constitución y las leyes, como demuestra el hecho de que Feijóo no haya encontrado el modo de llevar a los tribunales a ninguna de ellos.
Ernesto M. Pascual, profesor de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya, sostiene que el PP está en línea con el trumpismo. “Una manera de hacer política que se ha instaurado más bien en la nueva extrema derecha”, que incluye a Vox y al bolsonarismo, y que se basa en parte “en el discurso populista de la élite contra el pueblo”, pero que una vez dentro del sistema “lo que dice es: ‘Las instituciones están corruptas porque no las manejo yo’”.
“Es una estrategia política peligrosa para la democracia que en el PP va y viene en función de lo que aprieta Díaz Ayuso, que es la que más muestra esta manera de actuar en contra del Gobierno y desacreditando las instituciones”.
El cuestionamiento permanente al que Feijóo somete a las instituciones se basa, en su opinión, en críticas “hipócritas”, porque pasan por alto, por ejemplo, que el origen del modelo de elección del Tribunal Constitucional fue el resultado de la necesidad de garantizar una composición democrática en plena Transición. “Esto lo han utilizado tanto el PSOE como el PP cuando han tenido mayorías”. Otra cosa, añade, es que ahora eso deba reformarse, pero para hacerlo “se necesitaría el consenso no solo de los dos grandes partidos”.
Pascual advierte que el Gobierno también desacredita en cierta manera las instituciones al gobernar por decreto ley. Aunque no es algo que solo haya hecho el PSOE, también el PP, como demuestra la reciente sentencia del TC que ha anulado una decisión de la época de José María Aznar que se tomó utilizando este mecanismo sin haber motivado las razones de urgente necesidad que exige la Constitución.
“El abuso del decreto ley también ha sido de los dos partidos”, señala. “Es más, es un problema en las democracias occidentales, porque hace perder sentido al Parlamento en muchos aspectos”.
Filibusterismo
En su opinión, el protagonismo que Feijóo quiere dar al Senado, la principal institución bajo control del PP, no es más que “una justificación del filibusterismo. No hay que darle más vueltas”. Lo único que pretende es dificultar la tramitación de las leyes poniendo trabas legislativas. Y para “buscarle una justificación a eso, porque estamos en la época del relato”, dice que “tiene que ver con que en el Congreso no se está ejerciendo realmente la función institucional del Congreso”.
No es cierto, afirma. Y tampoco nuevo: es el legado de Trump, y lo mismo que hace Marine Le Pen en Francia. “Un discurso este contra las instituciones, igual que el neoconservadurismo o los neocon hicieron un discurso agresivísimo contra el estado del bienestar”.
“¿Es peligroso que lo haga un partido como el PP?”, al frente de la oposición y el más votado en las últimas elecciones. “Obviamente es peligroso”. “Lo que pasa es que está presionado por la competición electoral con Vox”.
Un día están dentro de la Constitución, otro fuera: Feijóo se lía al situar a “los enemigos de España”
No obstante, Pascual cree que las instituciones en España son lo suficientemente sólidas como para soportar esta tensión, sobre todo “después de la vacuna del 23 de febrero. La alternativa de gobierno que ha habido entre el PP y el PSOE y el gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos demuestran que las instituciones españolas son suficientemente sólidas”.
“Otra cosa”, añade precisando que se trata de su “opinión personal”, es que “el sistema institucional español está agotado” y sea necesario rediseñarlo. “¿Hacia dónde? Empezando a ser un Estado federal”. Y eso quiere decir, explica, que el Senado debe dejar de ser una Cámara de segunda lectura, como es ahora, para tener competencias reales en el ámbito autonómico. “Y quizás el Congreso habría que reformarlo para que, en vez de ser una representación territorial mediante las provincias, tuviese una circunscripción única poblacional”.
El problema, admite, es que reformar el sistema institucional español abriría el melón de otros debates, como la monarquía, y eso hace pensar “que nunca será posible”.
Hace ahora seis años, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt explicaron en detalle, para todo aquel que quiso escuchar, cómo la erosión de las instituciones, entre otras cosas, conduce a las democracias a la muerte. No siempre caen a manos de golpes de estado o de revoluciones violentas; a menudo se desintegran gradualmente. Y la erosión de las normas democráticas, muchas de ellas no escritas, y el debilitamiento de las instituciones suelen ser los primeros signos.