La sanidad pública sigue siendo un ámbito de negocio atractivo para las grandes constructoras. Así lo evidencia la voluntad de cotizadas como Acciona y Ferrovial de ampliar su presencia en el sector sanitario intentando acceder a los contratos millonarios de gestión de los tratamientos de oxigenoterapia y otras técnicas de ventilación asistida que reciben en sus domicilios miles de pacientes aquejados de afecciones respiratorias. Estos procedimientos terapéuticos, que están incluidos en la Cartera de Servicios de la Atención Especializada y se realizan bajo prescripción facultativa, están externalizados en la mayoría de autonomías.
Ambas compañías siguen activas en el procedimiento administrativo que está teniendo lugar en Murcia, donde el Gobierno regional ha sacado a concurso por un periodo de cinco años la gestión de este servicio, que atiende a 40.000 pacientes crónicos de la región. El precio de licitación es de 34 millones de euros, un 30% por debajo del importe actual de prestación. El recorte es de alrededor de 11 millones de euros. Acciona Healthcare Services se ha presentado en una Unión Temporal de Empresas (UTE) con la sociedad Orthem y Ferrrovial Servicios en otra UTE con Sanivida. También ha acudido, aunque en solitario, la compañía especializada en gases hospitalarios Contse.
Pacientes contra el concurso
La merma del presupuesto inquieta a los pacientes, que ya han recogido más de 137.000 firmas a través de Change.org reclamando al Gobierno regional murciano que declare nulo el concurso. "Una bajada del presupuesto va a empeorar la calidad del servicio y va a reducir los recursos destinados para el mantenimiento de los equipos. Habrá menos personal y menos visitas de los técnicos para comprobar que los equipos, la ventilación y el oxígeno funcionan correctamente", señala en la citada página web Francisco Rabal, el joven que ha iniciado la campaña. Aquejado de una distrofia muscular de Duchenne, necesita estar conectado a un respirador de forma permanente.
Rabal también cuestiona que hayan acudido a la licitación dos empresas "sin experiencia en el sector de las terapias respiratorias" como son las filiales de ambas constructoras y que no se hayan presentado Vitalaire y Linde, que son las que hasta ahora gestionaban ese servicio. Estas compañías no se han presentado a este concurso ni a otro previo que se publicó el año pasado y que quedó desierto al considerar que el precio de licitación no cubre los costes operativos. En el procedimiento que está abierto en la actualidad se redujo el período de ejecución del contrato y se introdujeron modificaciones en la barrera de entrada con el objetivo de aumentar el número de competidores.
Consultado por infoLibre, un portavoz de la Consejería de Salud se limita a señalar que los pliegos técnicos "se han realizado en base al criterio de los neumólogos del Servicio Murciano de Salud (SMS)" y que "será un tribunal formado por estos especialistas el que valorará si las ofertas presentadas cumplen con los estándares requeridos".
Por su parte, las constructoras defienden que no son nuevas en el ámbito sanitario. "Ferrovial tiene más de veinte años de experiencia en el sector sociosanitario, especialmente en tareas de mantenimiento y limpieza; de gestión de equipos de electromedicina; de traslados programados, urgentes y especiales; o de gestión de teléfonos de emergencias", asegura un portavoz de la compañía.
Respecto a los tratamientos de oxigenoterapia y otras técnicas de ventilación asistida, el citado portavoz de Ferrovial asegura que la filial de servicios de la constructora lleva cuatro años participando en este tipo de concursos, si bien todavía no ha accedido a ninguno. "Es un servicio que se produce en un entorno conocido, así que en la medida que pensamos que tenemos las capacidades, nos enfocamos a ello", asevera. Acciona no quiso responder a las preguntas de este periódico.
Lo cierto es que, hasta el momento, la voluntad de ambas compañías de hacerse un hueco en el sector de las terapias respiratorias ambulatorias no ha tenido éxito. Ambas fueron excluidas recientemente del macroconcurso por el que el Servicio de Salud de Castilla- La Mancha (Sescam) adjudicará a una empresa externa la prestación de ese servicio para los próximos cuatro años por un precio de licitación de 69,6 millones de euros. En ambos casos, el órgano de contratación determinó que ninguna de ellas había acreditado su "solvencia técnica o profesional". Por ejemplo, ninguna tiene la habilitación como laboratorio que otorga la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Por su parte, Acciona tampoco fue capaz de demostrar sus credenciales en Galicia, en el concurso por el que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) pretende adjudicar el servicio de oxigenoterapia ambulatoria con un presupuesto base de 35,3 millones de euros para los próximos tres años. También fue excluida del proceso al no poder acreditar "solvencia económica y financiera, ni capacidad técnica y profesional". Misma situación en Aragón, donde Acciona también fue excluida del concurso, en este caso valorado en 19,3 millones de euros y con una duración prevista de dos años.
Fórmulas privatizadoras
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El doctor Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones de la Sanidad Pública (FADSP), cuestiona el intento de este tipo de compañías por acceder a un servicio tan especializado como el de las terapias respiratorias domiciliarias. "Es importante que cuando se lleve a cabo una concesión de cualquier servicio sanitario se tenga en cuenta la reconocida experiencia de la empresa que quiere empezar a prestar el servicio en cuestión", subraya. Sánchez Bayle recuerda, no obstante, que la búsqueda de negocio en la sanidad pública por parte de grandes constructoras es un fenómeno que se hizo más evidente con el auge de las fórmulas privatizadoras.
Además de los citados servicios de gestión de tecnología electrónica en medicina, de traslados de pacientes o teléfonos de emergencias, estas grandes compañías irrumpieron con fuerza en el sector a través de los hospitales de modelo mixto en el que empresas concesionarias se encargan de construir y equipar los edificios, así como de explotar los servicios no asistenciales (cafeterías, comercios, cocinas, limpieza, aparcamientos de pago, lavandería, celadores, personal administrativo...).
Las adjudicatarias adelantan el dinero de las obras y a cambio reciben durante decenas de años –habitualmente, veinte o treinta– un canon anual de varios millones de euros de la Administración para financiar la construcción y como contraprestación por ocuparse de la parte no sanitaria.
La sanidad pública sigue siendo un ámbito de negocio atractivo para las grandes constructoras. Así lo evidencia la voluntad de cotizadas como Acciona y Ferrovial de ampliar su presencia en el sector sanitario intentando acceder a los contratos millonarios de gestión de los tratamientos de oxigenoterapia y otras técnicas de ventilación asistida que reciben en sus domicilios miles de pacientes aquejados de afecciones respiratorias. Estos procedimientos terapéuticos, que están incluidos en la Cartera de Servicios de la Atención Especializada y se realizan bajo prescripción facultativa, están externalizados en la mayoría de autonomías.