La batalla judicial a campo abierto entre el Gobierno y la Generalitat ha comenzado apenas unas horas después de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, convocase oficialmente el referéndum del 1 de octubre. El Estado ha comenzado a desplegar iniciativas para tratar de paralizar la consulta, y no sólo el Gobierno se ha puesto en marcha, sino que también la justicia e incluso la Policía Nacional han comenzado a actuar pese al aviso del Ejecutivo catalán de que hará caso omiso de cualquier proceso en su contra.
A menos de un mes de que se celebre el referéndum de independencia, Cataluña se ha convertido en el asunto prioritario del Gobierno, que tanto el miércoles como el jueves se reunieron sendos Consejos de Ministros extraordinarios para poner en marcha iniciativas con las que intentar parar el 1-O. El Tribunal Constitucional es la corte a la que ha recurrido el Ejecutivo, pero no ha sido el único estamento judicial que se ha movilizado, ya que la Fiscalía General del Estado y las fiscalías catalanas también han comenzado a accionar sus resortes. Sin embargo, los independentistas siguen con su hoja de ruta, y este jueves promovieron en el Parlament el debate y la votación de la Ley de Transitoriedad, la norma que debe servir para aplicar una eventual victoria del sí en el referéndum. Al cierre de esta edición, la ley aún no había sido votada.
Quien primero movió ficha fue el Gobierno, que el miércoles por la tarde presentó al Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia denunciando que la Ley de Referéndum –que se estaba debatiendo en ese momento en el Parlament– incumplía sentencias dictadas anteriormente por el Tribunal. En ese escrito, el Ejecutivo pedía a la corte que no se limitase a hacer una "mera declaración de nulidad" de la norma, sino que tomase "todas aquellas medidas que sean necesarias para evitar la continuación de la vía de hecho del Parlamento de Cataluña en el llamado proceso de secesión de Cataluña". Desde 2015, el Constitucional está facultado para imponer multas, sanciones e incluso inhabilitaciones a los cargos institucionales que desoigan sus sentencias, y eso es precisamente lo que le pide el Gobierno.
Además del incidente de ejecución de sentencia, el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy presentó este jueves un recurso de inconstitucionalidad ante el Constitucional para que éste suspenda tanto la Ley de Referéndum como la convocatoria de la consulta firmada por el Gobierno catalán. El trámite se realizó en tiempo récord, ya que el Consejo de Ministros pidió el miércoles por la noche el preceptivo informe al Consejo de Estado sobre la constitucionalidad de la norma –un documento necesario para recurrir al Constitucional– y en la misma mañana del jueves, tras recibirlo, presentaba su recurso. Al filo de las 21.30 horas, el Constitucional suspendía cautelarmente tanto la Ley de Referéndum como la propia consulta.
En su informe, el Consejo de Estado argumentaba que tanto la Ley de Referéndum como el decreto de convocatoria de la consulta y el reglamento que lo acompaña violan ocho artículos de la Constitución. Según el informe, los pasos dados por el Parlament y el Gobierno catalanes vulneran preceptos constitucionales como la soberanía del pueblo español y la monarquía parlamentaria como forma de Estado (artículo 1), la unidad nacional (artículo 2), la primacía de la Constitución sobre el resto de leyes (artículo 9) o el procedimiento de reforma constitucional (artículo 168). La institución también considera atacados artículos de la Carta Magna como el 149, que establece que el Estado tiene competencia exclusiva para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
Pero no es sólo la Constitución la que el Consejo de Estado considera vulnerada, ya que en su informe también se alertaba de la eventual violación de tres artículos del Estatuto de autonomía de Cataluña: el 1, el 2.4 y el 3.2. Estos artículos establecen que Cataluña ejerce su autogobierno de acuerdo con la Constitución y el propio Estatuto y que tiene en el Estado español su "espacio político y geográfico de referencia", con los valores, principios y obligaciones derivados de ello.
Según anunció el propio Rajoy al presentarlo a la prensa, el recurso del Gobierno ante el Constitucional pedía que se notifique personalmente la suspensión del referéndum y la ley que lo ampara a Puigdemont, a los miembros de su Gobierno, a los "principales altos cargos de la Generalitat que de una forma o de otra estén relacionados con la organización del referéndum" y también a los 947 alcaldes de Cataluña. No obstante, el Ejecutivo se ha adelantado al propio tribunal y ha enviado una carta a los consistorios avisándoles de que es ilegal abrir los colegios –que son propiedad municipal– para utilizarlos como centros de votación.
Movimientos judiciales y policiales
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Pero el Gobierno no ha sido el único que se ha movido en estas primeras horas de enfrentamiento abierto con la Generalitat. También lo ha hecho la Fiscalía General del Estado, comandada por el fiscal José Manuel Maza, que anunció en una breve comparecencia este jueves que la institución está ultimando querellas contra los miembros de la Mesa del Parlament que permitieron la admisión a trámite de la Ley de Referéndum y también contra el Gobierno catalán en pleno, ya que tanto Puigdemont como todos sus consejeros firmaron el decreto de convocatoria de la consulta del 1-O. Según explicó Maza, a los miembros del Gobierno catalán se les acusa de posibles delitos de "desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos".
Además, el fiscal general del Estado señaló que está en contacto con la Fiscalía Superior de Cataluña y las fiscalías provinciales de Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona y apuntó que todas ellas han acordado dar instrucciones a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra para investigar todas las actuaciones dirigidas a la organización del referéndum "ilegal". Y eso implica, concretó Maza, requisar objetos como urnas o papeletas que puedan ser utilizados para tal fin; de hecho, agentes de la Benemérita se encuentran frente a las puertas de una imprenta en Tarragona porque sospechan que podría ser la empresa encargada de imprimir el censo.
Pero el Instituto Armado no ha sido el único cuerpo movilizado. Según publicó este jueves El Confidencial, el Ministerio del Interior ha decidido reforzar la dotación de agentes antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que la Policía Nacional tiene desplegada en Barcelona de cara a la manifestación independentista que se celebrará el próximo lunes, Diada de Cataluña. En principio, la Policía Nacional únicamente se ocupa en Cataluña de proteger las sedes de instituciones estatales, como la Delegación del Gobierno, la sucursal del Banco de España o las oficinas de la Agencia Tributaria.
La batalla judicial a campo abierto entre el Gobierno y la Generalitat ha comenzado apenas unas horas después de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, convocase oficialmente el referéndum del 1 de octubre. El Estado ha comenzado a desplegar iniciativas para tratar de paralizar la consulta, y no sólo el Gobierno se ha puesto en marcha, sino que también la justicia e incluso la Policía Nacional han comenzado a actuar pese al aviso del Ejecutivo catalán de que hará caso omiso de cualquier proceso en su contra.