ACS se queda con la mitad del último gran paquete para la gestión de escuelas infantiles en Madrid

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, junto al presidente de ACS, Florentino Pérez.

ACS es una de esas marcas que están por todos lados. Da igual que mires hacia un puente, un hospital, una residencia de mayores o un carrito de la limpieza que se mueve de un lado a otro en cualquier institución pública. Seguramente, de una u otra forma, la multinacional esté detrás de todo ello. Como también lo está, desde hace ya años, de la formación de los más pequeños. Porque la educación infantil es también otra de las líneas de negocio que interesan a la multinacional presidida por Florentino Pérez. Es más, justamente una de sus filiales es la que se ha hecho con más de la mitad del último gran paquete que ha sacado a concurso la Comunidad de Madrid para la gestión de guarderías en la región. De una quincena de centros, siete han caído en sus manos.

Hay varios modelos de enseñanza de los más pequeños en la región. Por un lado están los centros privados, cuyo coste mensual puede moverse alrededor de los 500 euros. Por otro, los centros de titularidad pública, donde conseguir meter la cabeza suele convertirse en una odisea para padres y madres –este curso las peticiones en el primer ciclo de infantil duplicaban al número de plazas disponibles–. Y, entre medias, aquellos cuyas instalaciones son propiedad de la Administración pero cuya gestión está en manos de empresas privadas previo concurso público. Algunas de ellas son pequeñas firmas o cooperativas. Sin embargo, en los últimos años han entrado a competir con fuerza grandes multinacionales que han visto en la enseñanza infantil una oportunidad de negocio.

El pasado mes de julio, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso licitó el último gran paquete de estas características. En concreto, sacó a concurso dos importantes contratos para la gestión de centros con un alumnado que se mueve entre los cero y los tres años. En juego, las riendas de una quincena de guarderías repartidas por toda la comunidad autónoma. Entraron en la pugna más de una veintena de compañías diferentes. Sin embargo, solo entre seis se repartieron finalmente un pastel cuyos contratos fueron formalizados el pasado mes de diciembre. Y más de la mitad del mismo se lo quedó una sola: Koala Soluciones Educativas, que forma parte del inmenso conglomerado empresarial que alrededor del sector servicios ha levantado el grupo ACS, según figura en su propia página.

La firma se ha hecho con siete de los lotes. E ingresará por todos ellos 8,94 millones de euros. Siete centros que gestionará, si nada lo impide, hasta julio de 2024. Dos de ellos se encuentran en Madrid: Rayuela y Rocío Durcal. El resto, están distribuidos por diferentes municipios situados al sur de la capital. Arte en Getafe, El Naranjo en Fuenlabrada, La Comba en Leganés y Zarabanda y El Manzano en Parla. Según los pliegos de prescripciones, cada una de ellas deberá prestar sus servicios durante al menos diez horas diarias y contar, como mínimo, con dos maestros y una cifra de educadores que varía en función del centro. En total, siempre según lo establecido en los documentos técnicos, entre todas estas escuelas sumarán, al menos, un millar de plazas.

Los ocho lotes restantes han ido a parar a otra media decena de firmas diferentes. Zahir infancia, Nanas Escuelas Infantiles y Atreyu Blota se han hecho, cada una, con dos centros de educación infantil, mientras que Arci Nature Intervención Social se ha quedado con uno, al igual que Domicilia Aliados por la Integración.

Una demanda que no cubre la oferta

Las tasas de escolarización a nivel nacional en las primeras etapas han experimentado un avance con el paso de los años. Si en el curso 2009-2010, la de menos de un año se situaba en el 7,8%, en el curso 2019-2020 alcanzaba en el 13,1%, casi el doble. Con un año, la cifra se sitúa en el 43,9%, frente al 26,5% de hace una década, mientras que en el caso de dos años se coloca en el 63,1% –frente al 44,4% de hace diez años– y en el de tres años en el 96,1%. Para este curso, y con las cifras sobre la mesa, la Consejería de Educación espera que la tasa de escolarización temprana se incremente en Madrid hasta el 48,8%.

Pero el problema de oferta y demanda sigue estando ahí. "En España, la demanda es más alta que la oferta en el primer ciclo de educación infantil (menos de tres años) en la mayoría de comunidades autónomas", ya avisaba la Comisión Europea en un informe de 2019. Algo que, no obstante, afecta a la mayoría de países de nuestro entorno. Las únicas excepciones, los nórdicos.

Quizá por eso, el Ejecutivo central ha puesto esta cuestión entre sus prioridades en materia educativa de cara a la llegada de los fondos europeos. Así, en su plan de resiliencia incluye una inversión para dotar de equipamiento más de 65.000 nuevas plazas de educación infantil, prioritariamente de uno o dos años. "Permitirá la mejora de los resultados educativos futuros y reducir las desigualdades en el acceso y participación asociadas al nivel socioeconómico de la familia", recoge el documento.

Una entrada con un "impacto devastador"

Con este contexto sobre la mesa, las grandes empresas han visto en la educación infantil una oportunidad de negocio. Es el caso de ACS, que a través de Koala gestiona por todo el país 59 escuelas infantiles, con más de cinco millares de alumnos. No es la única. Eulen, que inicialmente se dedicaba a la limpieza, también tiene una rama dedicada a la enseñanza de los más pequeños. "No son empresas que crean realmente en esto, sólo buscan ganar mucho dinero fresco y fácil", explica al otro lado del teléfono Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid.

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Para la portavoz del sindicato, el estallido de la burbuja inmobilaria fue el punto de partida para la entrada de estas grandes empresas en el juego. Un camino que se encargaron de ir despejando desde la arena política en plena era Aguirre. "Durante la etapa de Lucía Figar como consejera, se dio un vuelco a la educación infantil. Por ejemplo, flexibilizando los requisitos mínimos: se redujeron los espacios, se modificaron las ratios, las infraestructuras empezaron a ser de peor calidad... Fue durante esta época cuando comenzó a impulsarse esa externalización", explica Galvín en conversación con infoLibre.

La entrada de estas grandes firmas en la enseñanza infantil preocupa, y mucho, a la portavoz educativa de CCOO en la región. "Tiene un impacto devastador", dice. Primero, apunta, porque funcionan sobre la idea de "ganar mucho en poco tiempo". "Suelen lograr los contratos haciendo licitaciones a la baja, yendo al mínimo legal. Si la ley establece que, como poco, debe haber una maestra por cada seis unidades, ellos se quedan en eso, en lugar de ofrecer un profesor para cada tres clases", cuenta. Y eso, el quedarse en el "chasis", continúa, tiene consecuencias directas sobre la calidad del servicio que se ofrece: "Peor atención del alumnado, peor material, peor alimentación...".

Y también van "al mínimo legal en salarios". El sueldo de las trabajadoras, asegura al otro lado del teléfono, está solo diez euros por encima del salario mínimo interprofesional. "Son condiciones laborales leoninas. Y cuantas más escuelas infantiles gestionen más representación tienen en la mesa de negociación del convenio", explica Galvín. Por todo ello, defiende una apuesta firme en escuelas infantiles de gestión directa. Porque, sentencia, "no se puede escatimar" en la enseñanza de los más pequeños.

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