Fallecidos esperando hasta 48 horas para ser recogidos. Otros, con trastornos cognitivos, confinados sin necesidad. Bolsas de basura como equipos de protección individual (EPIs). Nada de ayuda. Y nada de apoyo institucional. Son los nuevos relatos contenidos en varias de las actas que la Policía Municipal de Madrid rellenó y firmó tras entrar en varias residencias de mayores durante las peores semanas de la pandemia. Entonces nadie podía acceder a los geriátricos. Los agentes, sí. Por eso conocer el contenido de esos informes, que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende mantener ocultos, es vital para las familias. "Lo que está llevando a cabo la Comunidad es una estrategia para que no se termine de conocer todo lo que pasó. Algo temen", lamenta Miguel Vázquez Sarti, de Pladigmare.
Los nuevos documentos, desvelados este lunes por la Cadena Ser, confirman lo que precisamente desde las organizaciones se lleva años denunciando. Miles de mayores murieron solos, sin ni siquiera una prueba que confirmara o desmintiera su positivo por covid y, lo peor, sin la posibilidad de ser trasladados al hospital. Fueron, en esta última situación, 7.291 los fallecidos entre marzo y abril de 2020. El 77% del total de decesos registrados durante esos dos meses entre los residentes madrileños. El llamado Protocolo de la Vergüenza, que como desveló infoLibre llegó a tener hasta cuatro versiones distintas, lo permitió. Y ex altos cargos del Ejecutivo, al igual que directivos de algunos geriátricos, lo han confirmado. Pero todavía no se han depurado responsabilidades.
Pero las nuevas actas no dejan lugar a dudas. Son, en total, 205 informes que reflejan, entre otros muchos detalles, que no se recogían los cadáveres y el agotamiento físico y emocional de los trabajadores ante la "falta de apoyo institucional". Por ejemplo, en la residencia Ballesol el 5 de abril de 2022, la Policía explica que su directora les relató que necesitaba que se llevaran a tres mayores que habían fallecido y que seguían en el centro: uno había muerto 48 horas antes y los otros dos el día anterior. Relatos similares se registran en los centros Amavir Puente de Vallecas o en Orpea Madrid Valdemarín desde la que pedían sudarios.
En los documentos también inciden en el abandono que sufrieron algunas residencias y dejan por escrito la falta de EPIs o mascarillas. Según publica la Ser, en la Rafael Alberti de Moncloa, el 4 de abril, piden "urgentemente" equipos de protección ya que no se había "personado ni la UME ni Comunidad de Madrid". Lo mismo sucede el 31 de marzo en la Sagrado Corazón, donde no había test, o el 6 de abril en Nuestra Señora de Montserrat, en la que aún estaban usando "bolsas de basura" como EPIs.
Hay más. Las actas también muestran la desesperación en muchos centros donde la sensación es de estar solos. El 3 de abril, en la residencia Santísima Virgen y San Celedonio aseguran haber solicitado ayuda a las diferentes autoridades "no habiendo recibido ninguna contestación". El 11 de abril en el Conjunto residencial las fuentes, en Hortaleza, confirman a los agentes que solicitaron a la Comunidad de Madrid desinfección, test rápidos y un medico sin ningún tipo de respuesta.
Los informes han salido a la luz apenas siete días después de que se publicase que el Gobierno conservador de Ayuso maniobra, precisamente, para que no lo hagan. Según confirmó la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local a infoLibre que la Comunidad interpuso en enero de 2023 un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia competente para no efectuar la orden del Consejo de Transparencia que obligaba al equipo de Ayuso a hacer públicos todos esos documentos. Alegaron que se trataba de un "elevado volumen de información", que los documentos contienen datos "de carácter personal" y que no disponen de una "aplicación informática avanzada" que permita unificar aquellos textos digitalizados de los elaborados a mano por el agente que realizó la visita al centro en cuestión. En resumen: que hay que reelaborar la información.
Sin 'Protocolo de la Vergüenza' "no hubiera habido tantos fallecimientos"
A pesar de la estrategia de la Comunidad de Madrid, han salido otras actas policiales a la luz. infoLibre publicó, en junio de 2020, varias de ellas. Las primeras fueron el 9 de junio y se referían a inspecciones realizadas los días 7 y 9 de abril, cuando el Protocolo de Ayuso que impedía la derivación hospitalaria de los residentes y personas con deterioro cognitivo llevaba tres semanas en vigor. La segunda tuvo lugar en Geriasa, un geriátrico localizado en la calle Doctor Esquerdo de la capital. Allí, la Policía firmó la siguiente información: "Preguntada [la directora del centro] al respecto de la situación manifiesta: si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos puesto que sólo son residencia y no hospital".
El geriátrico dispone de 185 plazas y antes de la pandemia tenía 163 ocupadas, que se quedaron en 155 después de que ocho residentes aprovecharan la posibilidad de irse a otro domicilio. Cuando llegaron los agentes ya sólo vivían allí 122 residentes. Los otros 33 habían fallecido. En cuanto al personal, de las 127 personas que lo formaban, siete tenían el virus y 31 estaban de baja. Todo, según los agentes que intervinieron, se encontraban "agotados física y emocionalmente".
Un mes más tarde la Policía volvió al centro. Quedaban allí 102 mayores, veinte menos que en abril. De ellos, 11 habían fallecido y nueve habían abandonado el geriátrico. El total de muertes ascendía, por tanto, a 44 desde el inicio de la pandemia.
La inspección del 7 de abril se realizó en el centro de Amavir en el barrio de Usera. El geriátrico tiene 180 plazas, pero en ese momento sólo había 136 residentes. Otros 30 habían fallecido. Y algunos de los cadáveres todavía seguían allí. "Actualmente en el centro hay cuatro cadáveres (2 ayer y 2 hoy). Personal sanitario en momento inspección: 1 médico, 1 DUE [Diplomado Universitario en Enfermería] y 16 auxiliares. Las derivaciones al hospital de referencia (Hosp. 12 de Octubre) no se admiten para personas con síntomas por covid", recogieron los agentes.
"La directora necesita apoyo psicológico"
El 15 de abril, otros agentes inspeccionan el centro Virgen de la Paloma, que tan sólo tiene 11 plazas. "Los [agentes] actuantes observan cómo la directora necesita apoyo psicológico por esta situación creada por el covid-19 (se derrumba al narrar el fallecimiento de uno de sus residentes por infarto de miocardio certificado)", señala el acta también desvelada por este periódico.
Las actas que Ayuso quería ocultar confirman el abandono de las residencias durante la pandemia
La directora, Sagrario, explicó a infoLibre por qué le ocurrió esto: "Toribio falleció el 25 de marzo y fue una cosa tremenda lo que nosotros vivimos aquí en la residencia. Toribio empezó por la mañana a encontrarse mal, después del desayuno [...] El médico de la residencia llamó al 112 y al 061. [...] Pues bien, no nos atendieron la llamada durante tres horas. Esperando y esperando y esperando a que se pusiera ese médico". En su hospital de referencia tampoco les dieron respuesta porque, recordó ella misma, las urgencias estaban llenas.
Autorización a los familiares para dejar morir a residentes
El último acta desvelada por infoLibre se publicó el 15 de junio de 2020. En el informe, los agentes que visitaron una residencia de DomusVi, el principal grupo en España con 138 centros, constataron cómo el geriátrico informó a familiares de residentes de la imposibilidad de realizar traslados al hospital y les solicitó una autorización escrita aceptando que muriesen en la residencia.
El centro en concreto es DomusVi Mirasierra, donde habían fallecido 69 personas, 60 de ellas en la residencia. En el acta policial, en el capítulo de “Observaciones”, se indica lo siguiente: "De los 69 fallecidos, 9 fallecieron en el hospital, y el resto (60) fallecieron en la residencia provocado por la no admisión de derivaciones de dichos pacientes en el hospital de referencia (Hospital de La Paz)". Los agentes policiales añaden a continuación que María, la directora del geriátrico, "manifiesta que los familiares de 6 residentes, previa comunicación de su gravísimo estado de salud, comunican la no derivación hospitalaria y que su familiar fallezca en residencia (autorizándolo por escrito a la dirección del centro)".
Fallecidos esperando hasta 48 horas para ser recogidos. Otros, con trastornos cognitivos, confinados sin necesidad. Bolsas de basura como equipos de protección individual (EPIs). Nada de ayuda. Y nada de apoyo institucional. Son los nuevos relatos contenidos en varias de las actas que la Policía Municipal de Madrid rellenó y firmó tras entrar en varias residencias de mayores durante las peores semanas de la pandemia. Entonces nadie podía acceder a los geriátricos. Los agentes, sí. Por eso conocer el contenido de esos informes, que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende mantener ocultos, es vital para las familias. "Lo que está llevando a cabo la Comunidad es una estrategia para que no se termine de conocer todo lo que pasó. Algo temen", lamenta Miguel Vázquez Sarti, de Pladigmare.