El acuerdo de coordinación del Gobierno de coalición se basa en el que aplican PNV y PSE en el País Vasco

El acuerdo de coordinación entre el PSOE y Unidas Podemos firmado esta semana por las portavoces de ambos grupos, Adriana Lastra e Irene Montero, y que regirá las relaciones entre ambas formaciones lo que dure la legislatura se basa en el documento que, con el mismo objetivo, suscribieron el PNV y el PSOE en noviembre de 2016 para protocolizar sus relaciones tras la formación de gobierno en el País Vasco. En aquella ocasión fueron el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, quienes estamparon su firma.

Socialistas y morados optaron por basarse en el modelo vasco de coordinación por considerarlo “el más solvente y adaptado al derecho y a la tradición política española”, según fuentes de la negociación consultadas por infoLibre. No obstante, y aunque creen que ha funcionado bien durante estos años, han introducido algunas “innovaciones”.

El documento original tiene apenas cuatro páginas y el de PSOE y Unidas Podemos cinco. El del País Vasco establece las reglas de funcionamiento y coordinación en el seno del Gobierno vasco así como la colaboración en el Parlamento de Vitoria, tanto en lo relativo a los proyectos de ley del Ejecutivo como de las iniciativas de impulso y de control, la creación de comisiones especiales y ponencias, el comportamiento en los debates parlamentarios y el funcionamiento de la Mesa de la Cámara.

La principal diferencia

La principal diferencia entre ambos documentos es que el de Euskadi no considera la posibilidad de desacuerdo. Y expresamente deja libertad a los dos partidos en relación con las propuestas para la reforma del autogobierno, un asunto sobre el que PNV y PSE mantienen puntos de vista muy distintos.

“En virtud de la lealtad debida a este pacto y quedando reconocida la libertad de las formaciones que lo suscriben para la presentación de iniciativas correspondientes” al autogobierno, “ambas formaciones y los grupos parlamentarios que les representan en el Parlamento Vasco tratarán de transaccionar un acuerdo entre ambos grupos en primera instancia cuando se presenten Proposiciones No de Ley/Mociones relacionadas con autogobierno y solo si resulta imposible la aproximación se reconocerán libertad para acordar con otros grupos”, detalla el documento.

Cuando dichas iniciativas se refieran a cuestiones “ajenas al programa y no afecten a la acción del Gobierno Vasco, cada grupo parlamentario podrá fijar de manera autónoma su posición, bastando una comunicación e información previa entre los grupos”.

Más allá de eso, el acuerdo se limita a establecer que “las diferencias de criterio que pudieran suscitarse se resolverán a través del diálogo y el acuerdo. En el supuesto de que las diferencias persistieran, éstas serán trasladadas a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno”.

En el acuerdo PSOE-Unidas Podemos, en cambio, sí está previsto el desacuerdo. “El principio de diálogo y búsqueda de consenso será especialmente aplicado para el caso de discrepancia entre los socios”. “En casos excepcionales, para el caso en que los instrumentos previstos en este acuerdo no fuera suficientes para superar una discrepancia, al menos se acordará su alcance y la publicidad que los socios darán a la misma, tanto en sede parlamentaria como ante los medios de comunicación”.

En la hipótesis de que Sánchez decida, en uso de sus facultades, reestructurar el Gobierno, tendrá que mantener “el número de áreas gestionadas por el PSOE y Unidas Podemos y su peso relativo en el conjunto del Gobierno”. Y si la reestructuración implica “una alteración sustancial de lo acordado previamente”, las partes “volverán a abordar las cuestiones esenciales que se planteen en relación con dicha reestructuración”. O, lo que es lo mismo: habría que volver a negociar.

De hecho, uno de los puntos más significativos del documento firmado en Madrid proclama la supremacía de Pedro Sánchez en el Gobierno al recordar que, de acuerdo con el artículo 98 de la Constitución, “el presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión”.

Los órganos de coordinación

Otra de las diferencias son los órganos de coordinación. En el País Vasco sólo hay una comisión compuesta por cuatro representantes de cada formación política que se reunirá, al menos, una vez al año o a petición de cualquiera de las partes. En el acuerdo para el Gobierno de coalición en España hay dos: una “permanente” y otra “parlamentaria”.

La primera tiene carácter más político, porque de ella depende revisar el “funcionamiento de la coalición y el cumplimiento de los objetivos, así como coordinar la acción de ambos socios, unificar criterios y consensuar posiciones políticas” poniendo “en común la agenda política de gobierno” y coordinando y programando, “de forma consensuada, las acciones de comunicación de las iniciativas de desarrollo del programa común”. Además, por supuesto, de “solventar las discrepancias que puedan surgir”.

En esta comisión tendrán asiento diez personas. Del lado socialista participarán seis: dos representantes de Pedro Sánchez, dos de Carmen Calvo, una del grupo socialista y el secretario de Estado de Comunicación. Del lado morado habrá solo cuatro: dos representantes de Pablo Iglesias, otro de su departamento de comunicación y un cuarto del grupo confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

A diferencia de esta, la comisión parlamentaria tendrá un carácter eminentemente práctico, y su objetivo será “vertebrar el diálogo constante y fluido de los grupos parlamentarias entre sí y con el Gobierno de coalición”, así como la coordinación de las iniciativas parlamentarias.

Otra de las diferencias entre el acuerdo vasco y el suscrito por PSOE y Unidas Podemos es que socialistas y morados han previsto desarrollar “una estrategia de comunicación conjunta”. En virtud de ella, “los miembros del Gobierno de coalición se comprometen a mantener una estrategia de comunicacion coordinada y compartida respecto de las iniciativas y acciones que desarrollen en los ámbitos de gestión” que asuman en el ejecutivo.

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La comisión permanente tendrá un papel esencial en la construcción de la imagen pública del nuevo Gobierno porque a ella corresponderá, según el acuerdo, “consensuar y concertar las líneas generales de la agenda de comunicación de las acciones e iniciativas” de la coalición. De hecho, todos los ministerios —también los de Unidas Podemos— estarán obligados a “comunicar con antelación suficiente a la Secretaría de Estado de Comunicación”, que depende de Sánchez, “los principales anuncios y compromisos que se vayan a realizar”. Como también a los gabinetes de comunicación del PSOE y de Unidas Podemos.

El acuerdo vasco limita la capacidad de discrepar en los debates parlamentarios, en los que PNV y PSE están obligados a ajustar “sus manifestaciones a los criterios de apoyo al Gobierno Vasco y al programa de Gobierno suscrito entre ambas formaciones”.

El firmado por PSOE y Unidas Podemos no dice nada de los debates, pero igual que el de Euskadi obliga a los diputados de ambas formaciones a dar soporte parlamentario a las iniciativas del gobierno de coalición.