El pacto al que han llegado PP y Vox para gobernar juntos la Comunitat Valenciana pone en peligro ocho años de avances memorialistas en la región y amenaza con frenar en seco la búsqueda y exhumación de cientos de personas. El Ejecutivo valenciano se había propuesto para este año localizar y rescatar del olvido los restos de más de cuatro centenares de víctimas de la guerra civil y la dictadura. Para ello, sacó a concurso los trabajos poco antes del 28M. El problema es que ese contrato aún no ha sido adjudicado. Y en el Govern ya dan por hecho que no será posible hacerlo antes de que finalice el mandato y las riendas de la región pasen a manos de conservadores y extrema derecha. "Por lo tanto, hay posibilidades de que lo paralicen", asumen fuentes del actual equipo.
La Comunitat Valenciana fue una de las primeras regiones en tener su propia ley de memoria. Entró en vigor a finales de 2017. Y, entre otras cosas, obligaba a la Generalitat a llevar a cabo "las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura". Pero en la actualidad, ese texto tiene los días contados. Sobre todo, tras el acuerdo alcanzado por PP y Vox. Ambas formaciones han pactado borrar todo lo que huela a memoria en la región. "Reivindicaremos la historia de España y de la Comunitat Valenciana y garantizaremos la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos. Por ello, se derogarán las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos".
Al calor de la norma, la búsqueda y exhumación de restos de represaliados por toda la región ha sufrido un impulso nada despreciable. Solo en los dos últimos años se han intervenido en las tres provincias de la comunidad 54 fosas, unos trabajos –algunos realizados a través de la adjudicación de un contrato y otros impulsados vía subvenciones– que han permitido recuperar los restos de 488 víctimas. "Hemos avanzado mucho", celebraba el pasado mes de enero la consellera de Paticipación y Calidad Democrática, Rosa Pérez, al tiempo que señalaba que ya se habían excavado "el 66% de las fosas comunes de la represión franquista en territorio valenciano".
Para este año el Ejecutivo de Ximo Puig había programado la apertura de 49 fosas más con un número teórico de 422 víctimas de la represión. De ellas, 41 se encuentran en el cementerio de Paterna (Valencia) –180 cuerpos–, siete en el de Castellón –228 cuerpos– y una en el de Alicante –14 cuerpos–. Pero el plan de exhumaciones corre el riesgo de irse al traste con la entrada de las derechas en el Gobierno. Aunque el equipo actual sacó a concurso a mediados de mayo los trabajos, el contrato, valorado en 780.000 euros, aún no ha sido adjudicado. De hecho, el plazo para presentar ofertas estuvo abierto hasta el pasado martes. Y en el Ejecutivo saliente ya dan por hecho que el contrato no estará listo antes de que PP y Vox tomen el relevo.
"No va a ser posible que quede adjudicado antes de finalizar el mandato por una cuestión de plazos burocráticos. Por tanto, existe la posibilidad de que el nuevo Ejecutivo lo paralice", señalan a infoLibre fuentes del actual equipo de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática.
La Ley de Contratos del Sector Público contempla, en su artículo 152, la posibilidad de frenar un proceso de adjudicación. "En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores", apunta la norma, que también señala que esa decisión de podrá acordarse "antes de la formalización". No obstante, dicho precepto también deja claro que "solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente".
Del memorial de Paterna a los terrenos del campo de Albatera
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La llegada de la derecha al Ejecutivo valenciano no tiene por qué impedir que todas esas exhumaciones puedan llevarse a cabo en un futuro. Aunque se derogue la normativa memorialista autonómica, aún existe a nivel nacional una Ley de Memoria Democrática que obliga a impulsar la búsqueda y exhumación de víctimas del franquismo. De hecho, el Gobierno ha aprobado este mismo viernes la distribución de dos millones de euros a las comunidades autónomas para realizar intervenciones de este tipo. Ahora bien, habrá que ver qué sucede después de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Al fin y al cabo, el PP ya ha dejado claro que si llega al Gobierno esa norma está en su punto de mira. Una ley que no soporta su principal aliado parlamentario: la ultraderecha de Vox.
Pero en el Ejecutivo valenciano saliente no solo preocupan todas estas aperturas de fosas programadas para este año. También tienen "una altísima probabilidad de ser paralizadas y olvidadas" las identificaciones de los restos que ya han sido exhumados durante los últimos. Según la actualización más reciente sobre la materia de la Generalitat, aún están en "ejecución" los trabajos de identificación sobre más de tres centenares de personas rescatadas de fosas comunes desde 2020.
Algo a lo que se suman otros tantos proyectos memorialistas que estaban en marcha en la actualidad y que ahora corren el riesgo de ser metidos de inmediato en un cajón: la construcción del memorial y centro de interpretación en el cementerio de Paterna, la puesta en marcha del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, la retirada de vestigios franquistas del espacio público o la compra de los terrenos del campo de concentración de Albatera para declararlo lugar de memoria y poner en marcha un centro de interpretación.
El pacto al que han llegado PP y Vox para gobernar juntos la Comunitat Valenciana pone en peligro ocho años de avances memorialistas en la región y amenaza con frenar en seco la búsqueda y exhumación de cientos de personas. El Ejecutivo valenciano se había propuesto para este año localizar y rescatar del olvido los restos de más de cuatro centenares de víctimas de la guerra civil y la dictadura. Para ello, sacó a concurso los trabajos poco antes del 28M. El problema es que ese contrato aún no ha sido adjudicado. Y en el Govern ya dan por hecho que no será posible hacerlo antes de que finalice el mandato y las riendas de la región pasen a manos de conservadores y extrema derecha. "Por lo tanto, hay posibilidades de que lo paralicen", asumen fuentes del actual equipo.