Cuando Ada Colau (Barcelona, 1974) llamó "criminal" al vicesecretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero, le tembló la voz. En ese discurso, pronunciado en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados el 5 de febrero de 2013, estaban puestas las esperanzas de los colectivos de afectados por las hipotecas. Era la primera vez que podían expresarse por su propia voz en la sede de la soberanía popular.
El Parlamento debatía entonces si aprobar o no la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre los desahucios que había presentado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la que Colau –que este sábado se hizo con la Alcaldía de la capital catalana por Barcelona en Comú– era portavoz. La iniciativa, que contaba con el respaldo de 1,4 millones de firmas, estuvo bloqueada durante meses en la Mesa del Congreso. Del Pleno acabó saliendo descafeinada porque se fusionó con un proyecto de ley antidesahucios en el que el PP ya venía trabajando. No incluyó, por ejemplo, el concepto de dación en pago, lo que llevó a Colau a decir que el texto final "traicionaba el espíritu" de la iniciativa original.
La PAH, organizándose en asambleas y convirtiendo a los afectados en activistas, es el colectivo que más ha contribuido a visibilizar en España el drama de las familias que son expulsadas de sus viviendas por no poder hacer frente a los pagos de sus hipotecas. Desde su creación la plataforma ha parado 1.663 desahucios y ha realojado a 2.500 personas en viviendas ocupadas. No es de extrañar, por tanto, que Barcelona en Comú arrasara el pasado 24-M en tradicionales feudos socialistas como Nou Barris, el distrito con más desalojos. En mayo de 2014, tras cinco años siendo su cara más visible, Colau dejó la portavocía de la PAH. Todavía no habían tenido lugar las elecciones europeas que comenzaron a diseñar un nuevo mapa político, pero ya se presagiaba que Colau daría el salto a la política institucional.
La lucha por la vivienda
El compromiso de Colau, no obstante, viene de lejos. Antes de la PAH participó en otros movimientos relacionados con la vivienda, aunque sus primeros voluntariados fueron en la adolescencia, colaborando con Amnistía Internacional y con Amics de la Gent Gran. En su página web cuenta que su madre le recordaba en los cumpleaños que un día antes de su nacimiento, el 2 de marzo de 1974, el régimen de Franco había matado en la Modelo a garrote vil a Salvador Puig Antich. Asegura que ese hecho ha marcado su "compromiso con la lucha por el cambio social".
Aunque nació en Barcelona –donde ha vivido en los barrios de Guinardó, Congrés, el Gótico, la Ribera, la Barceloneta o el Camp d'en Grassot– su ascendencia es aragonesa y castellano-leonesa. Sus abuelos paternos, que eran pastores en Güel, un pequeño pueblo de Huesca, llegaron a Barcelona en la posguerra. Los maternos llegaron desde Almazán, un pueblo de Soria. Ha declarado no ser independentista, tampoco catalana ni española porque está "por superar las fronteras que sólo existen para la gente pobre".
No obstante, sí defiende el derecho a decidir de los catalanes y ya ha anunciado que irá a la manifestación de la Diada como alcaldesa. Aunque se negó a suscribir el plan para lograr la independencia que ERC comparte con Convergència Democràtica (CDC), Òmnium, la Assemblea Nacional de Catalunya y la Associació de Municipis per la Independència, finalmente los republicanos sí apoyarán este sábado a Colau, que solo tiene 11 concejales en un consistorio de 41.
Desobedecer leyes
Desde 2007 tiene un "trabajo estable" en el Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals, donde ejerció primero como técnica de cooperación y más tarde como responsable del Área de Derecho a la Vivienda y a la Ciudad. Ese mismo año conoció a su pareja, Adrià Alemany, con quien tiene un hijo que hoy tiene tres años: Luca. Junto a Alemany escribió el libro Vidas hipotecadas, que relata cómo ha respondido al colectivo a un problema que, aseguran, estaba oculto y atomizado.
De forma reciente ha sido polémica una frase que pronunció el pasado 1 de junio, ya como concejala electa. "Si hay que desobedecer leyes injustas, se desobedecen", dijo en una entrevista en El Paísen respuesta a una pregunta en la que cuestionaban qué haría si le prohíben hacer una consulta en la que se decida si entran en la Asociación de Municipios para la Independencia. La desobediencia civil, han coincidido juristas expertos en Derecho Constitucional, se puede practicar, pero podría tener consecuencias como que Colau fuera acusada de los delitos de desobediencia y prevaricación
Para su equipo se ha rodeado de personas vinculadas a los movimientos sociales de Barcelona desde hace muchos años. Entre ellos, el profesor de Derecho Constitucional Gerardo Pisarello, que se perfila como primer teniente de alcalde del área de Economía y Trabajo; o el abogado Jaume Asens, que se encargará de la participación y de la forma de hacer política a través de la tercera tenencia, la de Democracia. En su círculo más cercano estará también Laia Ortiz, que durante esta legislatura ha sido diputada de ICV en el Congreso y Janet Sanz, que gestionó durante el tripartito las carteras de Urbanisme y Habitatge.
En su programa, las medidas de apoyo a las rentas más bajas, la lucha contra la corrupción y el mayor control de la actividad turística formaban los ejes de su política para Barcelona. Pero entre los principales retos de la gestión de Colau al frente del Ayuntamiento de la segunda ciudad del país en número de habitantes está también su capacidad para llevar a las instituciones la participación ciudadana que ha crecido en la calle.
Cuando Ada Colau (Barcelona, 1974) llamó "criminal" al vicesecretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero, le tembló la voz. En ese discurso, pronunciado en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados el 5 de febrero de 2013, estaban puestas las esperanzas de los colectivos de afectados por las hipotecas. Era la primera vez que podían expresarse por su propia voz en la sede de la soberanía popular.