Ada Colau tacha de “inmoral” que el Gobierno no autorice a Barcelona a reubicar refugiados

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, denunció en Bruselas la actitud "inmoral" del Gobierno central de Mariano Rajoy por no autorizar a Barcelona la reubicación directa de refugiados desde otras ciudades europeas bajo presión, como Atenas, y reivindicó la necesidad de que un porcentaje de las ayudas europeas a los Estados miembros vayan directamente para los municipios dado que son los territorios responsables de su acogida en última instancia.

"El Gobierno central en este caso es inmoral", denunció la alcaldesa de Barcelona en declaraciones a la prensa tras una reunión entre la comisaria de Política Regional, Corina Cretu y los alcaldes de otras ciudades europeas, entre ellas Atenas, para abordar la integración de los refugiados.

"No me quedan palabras para valorarlo. Es incomprensible", apostilló Colau, que recalcó que "el Estado español evidentemente no está a la altura" tras recordar que "se comprometió hace meses a reubicar a 17.000 personas y han llegado 19". "Eso nos produce una profunda vergüenza", sentenció, insistiendo en que los ciudadanos piden ser ciudad de acogida y sienten "vergüenza e indignación" con las imágenes que llegan del campamento de refugiados de Idomeni o Lesbos, informa Europa Press.

Colau insistió en que "no se entiende que, cuando tú estas ofreciendo ayuda para que el Estado pueda cumplir con sus compromisos y sus obligaciones, la respuesta siempre sea 'no' y sin dar ninguna información, ni dar ningún motivo" teniendo en cuenta que "el Estado español ha sido especialmente incumplidor" a la hora de acoger a los refugiados prometidos.

Colau dejó claro en Bruselas que su Consistorio cuestiona el acuerdo entre la UE y Turquía para deportar a este país a todos los inmigrantes irregulares, pero también a los refugiados sirios, que llegaron a Grecia desde el 20 de marzo desde territorio turco "como están diciendo las organizaciones de Derechos Humanos". Recordó que el derecho de asilo "es un derecho individual" y no puede haber expulsiones "de formas colectivas por nacionalidad".

"Y hay que enviarlas a un tercer país seguro y no está claro que, actualmente, Turquía sea un país seguro", apostilló al tiempo que recordaba las imágenes que se vieron de patrullas oficiales de Turquía pegando a refugiados que acudían en embarcaciones muy precarias hacia las costas griegas.

"Eso, en materia de derechos humanos no es admisible", denunció, avisando de que "todos" los países de la UE no pueden desentenderse. "No habrá ninguna situación de desborde si se aprovecha precisamente el ofrecimiento de tantas y tantas ciudades que estamos diciendo (que) podemos ayudar. Reubiquemos y hagamos una política compartida de asilo de la que estar orgullosos y Europa seguro que así tendrá un futuro", dijo.

El alcalde de Atenas, Yiorgos Kaminis, elogió el "proyecto piloto" de Barcelona para acoger a 100 refugiados directamente de la capital griega y lamentó que "no ha tenido eco en el Gobierno español" porque es "un ejemplo muy bueno" para ayudar a responder a la crisis de refugiados.

Porcentaje de fondos para las ciudades

Colau también reivindicó a la Comisión Europea "un porcentaje de financiación directa a los municipios" de las ayudas europeas porque "es el territorio urbano el que tiene que hacer las políticas de acogida" y "dar una respuesta" a sus necesidades. "Todavía no se ha concretado. Ha sido una primera reunión", reconoció al ser preguntada si han recibido un compromiso de financiación directa de Bruselas.

"Nosotros haremos seguimiento de esto y confiamos en que efectivamente en breve se pueda concretar", recalcó, tras denunciar que no han recibido ni el Consistorio ni la propia Comisión Europea "ninguna información" del Gobierno central sobre cómo está gestionando los fondos europeos para inmigración y asilo, una "anomalía" y una "disfunción" que no son buenas "para nadie".

Colau recordó que más de 1.300 demandantes de asilo llegaron a Barcelona en 2015, sobre todo ucranianos, pero también sirios y afganos, pero el Estado es el único competente para reconocer su estatuto de refugiado y desde el Consistorio hacen el máximo para garantizar su acceso a los servicios básicos. "Hay que avanzar en dar derechos a estas personas porque si no la integración no funcionará", avisó.

Bruselas pide al Gobierno que "escuche"

Al ser preguntado por la negativa del Gobierno español a aceptar la oferta de Cataluña de acoger a más de 4.000 refugiados directamente, el comisario de Inmigración y exalcalde de Atenas, Dimitris Avramopoulos, dejó claro que "el interlocutor directo de Europa, hablando institucionalmente, son los Gobiernos de los Estados miembros" pero pidió a "todos los Gobiernos que escuchen las voces de los Gobiernos locales" dado que están "en la primera línea" en los esfuerzos de acogida sobre el terreno y ha apelado al "diálogo" y "la buena fe para tener resultados concretos".

Avramopoulus insistió en que hay que "asistir mejor a los esfuerzos de las ciudades" y subrayó el compromiso de la Comisión de ayudar más tanto a los Estados miembros como a los Gobiernos locales "con medios financieros adicionales", recordando que entre 2014 y 2020 el Ejecutivo comunitario destinará 760 millones de euros de fondos para inmigración y asilo a la integración.

El comisario también instó a los Estados miembros a explorar como se podrían emplear las asignaciones "existentes" de fondos estructurales y de inversión para promover la inclusión social, la educación, la integración al mercado laboral y su acceso a servicios sociales.

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Por su parte, la comisaria de Política Regional recordó que "por primera vez en la historia" las autoridades locales gestionarán "directamente" 15.000 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional entre 2014 y 2020 para promover el desarrollo urbano sostenible. El 17% de estos fondos se reservarán para promover la inclusión social, incluida la acogida de refugiados.

Cretu explicó que están dispuestos "para ser flexibles" con los Estados miembro para redirigir ayudas para responder al desafío de la inmigración.

"No he recibido ninguna respuesta a mi carta que envié al Gobierno español pidiendo si quiere utilizar nuestros fondos para el objetivo de la inmigración. No sabemos todavía (si lo hará)", explicó la comisaria, que precisó que España tiene asignados en 2014 y 2015 un total de 290 millones de euros en ayudas para promover el desarrollo urbano sostenible y el 19% de esta partida se dedicará a combatir la pobreza, si bien tampoco han recibido información del Gobierno español de "cómo se repartirá" entre ciudades las ayudas aunque "no es el único" país.