La investigada Esperanza Aguirre se mostró este viernes arisca y bronca con las fiscales –"fiscalas", las siguió llamando pese la reconvención del juez–, sentada junto a los letrados de la causa porque se negó a ocupar la silla de los imputados alegando que ella misma es abogada, atrincherada en no responder a determinadas preguntas de Anticorrupción y volcada en remachar que jamás supo nada de las cuentas del partido: porque ese, repitió, era asunto del gerente, Beltrán Gutiérrez Moliner, aunque en lo que algunas fuentes consideran una abierta contradicción con su ignorancia, simultáneamente negó que existiera caja B y se declaró convencida de que este no había cometido ninguna ilegalidad.
Beltrán Gutiérrez, el hombre de quien hace solo un año y medio dijo Aguirre en el Congreso, y así lo refleja el Diario de Sesiones, que tenía su "plena confianza", se convirtió este viernes casi en un extraño para la expresidenta más poderosa de Madrid en las más de tres horas de declaración que prestó ante el juez de Púnica como investigada por la supuesta financiación ilegal del PP. Si el jueves señalaron hacia Beltrán Gutiérrez el antiguo delfín de Aguirre y su luego sucesor al frente del Gobierno regional – Ignacio González– y la mujer que en 2010 la relevó en la cúpula de la fundación Fundescam –Gádor Ongil–, el viernes fue la durante años lideresa del PP madrileño quien apuntó hacia el exgerente. Y, también, hacia la dirección nacional del PP -en la etapa de Rajoy- como la que se entendía con Gutiérrez en materia de cuentas y financiación del partido. La figura de Beltrán Gutiérrez, en cuya casa intervino la UCO un pendrive lleno de archivos que destapan la contabilidad B del PP madrileño y buena parte de las tretas utilizadas para desviar fondos públicos, adquiere así mayor relevancia que la que el caso le había deparado hasta ahora.
El exgerente, remachó la expresidenta madrileña, ya estaba allí cuando ella llegó a la cúpula regional del partido en 2004, un puesto el de presidenta –fue su mensaje– de gran relevancia política pero al que apenas dedicaba en la sede un par de horas a la semana como mucho. Fue la dirección nacional la que nombró a Gutiérrez, era la dirección nacional ante la que rendía cuentas aunque no sabe con qué persona concreta lo hacía, y la relación entre ambos se limitaba casi a saludarse por los pasillos aunque igual alguna vez acudió el exgerente a su despacho. Su énfasis en la práctica ausencia de contacto con Beltrán llevó al juez, Manuel García Castellón, a intervenir para decirle que estaba entendiendo que la suya con el exgerente había sido una relación nula. Pero Beltrán es, por ejemplo, el dirigente que llegó a acompañarla en 2014 a los juzgados de Madrid cuando Aguirre se dio a la fuga en la Gran Vía para no ser cazada por la Policía Municipal. El gerente, también, al que Aguirre mantuvo cuando ese mismo otoño estalló el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid. Y el que la acompañaba a numerosos actos del partido. Hoy, todo parece haber cambiado.
De Daniel Mercado a Donald Trump
El enfrentamiento abierto que Aguirre mantuvo con las fiscales durante el interrogatorio –sostuvo que Anticorrupción quiere convertir la fundación Fundescam en el caso Watergate–caso Watergat condujo al juez García Castellón a acerar sus intervenciones mucho más de lo habitual. Por ejemplo, el magistrado le preguntó si a la vista de la descripción vaga y difusa de sus escasas atribuciones prácticas, el cargo de presidenta del partido carecía de funciones. Y cuando a la expresidenta le preguntaron por aquella reunión de 2004 donde su equipo conoció a Daniel Mercado, dueño del ya extinto grupo de publicidad Over Marketing, clave en el supuesto desvío de más de 25 millones que se investiga en la causa y quien ya ha confesado que aceptó pagos en negro y con facturas falsas, Aguirre vino a decir que aquello no fue una reunión. Y que la llamaron simplemente para decirle que fuera a una especie de hall de visitas cercano a su despacho del edificio de la Puerta del Sol porque allí estaba un señor con un power point y que resultó ser el autor del lema Madrid, la Suma de Todos. Era un publicista al que no conocía –sostiene Aguirre– y sobre el que no dio instrucciones para que su equipo lo contratase. Su bronca con las fiscales hizo incluso que se pusiera a discutir si Mercado había declarado o no lo que estaba explicando la fiscal Carmen García Cerdá.
El juez, en ese momento, acudió a una comparación peculiar para avisar a Aguirre de que su argumento es como si alguien dijese que a Donald Trump lo habían sacado de su despacho para ver a un publicista con el que no tiene relación pero que acaba llevándose casi todos los contratos de publicidad en juego. La publicidad institucional fue la parte del león en el desvío de fondos públicos. Solo el Imade adjudicó 20,3 millones en cuatro años. Extinguido en diciembre de 2010, el Imade era un organismo opaco que, como la propia Aguirre relató, dirigía un directivo casado con una prima de su marido: Aurelio García de Sola, también imputado.
En la pieza sobre financiación, el juez investiga los delitos de cohecho, falsedad electoral, malversación, falsificación, prevaricación, tráfico de influencias e incluso organización criminal.
La Fiscalía y el juez Manuel García Castellón atribuyen a Aguirre la "supervisión" de un "plan preconcebido" destinado a desviar ingentes cantidades de dinero público –Anticorrupción los cifra en más de 25 millones– y ponerlos "al servicio del partido".
El plan delictivo en cuya cúpula los investigadores colocan a Esperanza Aguirre giraba en torno a la publicidad. O propaganda para el partido al margen de la Ley Electoral y con grave daño para las arcas públicas. En forma de mítines, encuestas, vídeos y lo que resultara necesario en cada campaña, ese fue el sistema de desvío que, por ejemplo, permitió al PP gastar en 2011, año de autonómicas y municipales como 2007, más del doble de lo autorizado: 6,2 millones frente a los 3.229.342 de máximo legal.
La imputación a Aguirre se produjo el 2 de septiembre. Pero las sospechas ya planeaban desde antes sobre la expresidenta de Madrid. Un ejemplo: el 13 de abril de 2017, durante el interrogatorio al exgerente del PP, Beltrán Gutiérrez, y cuando se estaba abordando el papel de la fundación Fundescam, pieza clave en la financiación de las campañas electorales, el entonces instructor de la causa, Eloy Velasco, le espetó esto al imputado : "Y al frente [del Gobierno] estaba la misma persona que al frente de la fundación, o sea, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y resulta que con esto se enmascaran gastos electorales". Al frente del Gobierno estaba Aguirre. Al frente de Fundescam, también. Este viernes, Aguirre defendió las subvenciones públicas a Fundescam otorgadas por su Ejecutivo y subrayó que se trataba de una fundación idéntica a las que mantenían PSOE, IU y UPyD. Documentos y testimonios acreditan que Fundescam pagó gastos electorales de Aguirre desde 2003.
Un mes antes de aquel interrogatorio de Eloy Velasco, en marzo de 2017, quien entonces aparecía como el principal político envuelto en Púnica, Francisco Granados, antiguo número 2 del PP madrileño y cuya cuenta suiza destapó la trama, escribió desde prisión una carta a Esperanza Aguirre que publicó okdiario. Granados incorporó el siguiente párrafo: "Una de tus frases preferidas (...) es: 'Todo se puede delegar menos la supervisión' (...) Absolutamente nada, ni en el partido ni en el Gobierno, se ha hecho jamás sin que tú lo ordenaras o, al menos, dieras el visto bueno". Granados, a quien el juez define junto con Ignacio González y el exgerente del PP, Beltrán Gutiérrez, como parte del trío en que se apoyaba Aguirre para ejecutar aquel plan que el auto de imputación refleja como delictivo, es uno de los que ha declarado que la financiación paralela existía.
"Mi inocencia prevalecerá"
Al término de su declaración, Aguirre ha afirmado ante los periodistas que está satisfecha por haber dado su versión de los hechos que se le atribuyen en la trama Púnica y convencida de que se hará justicia. "Mi inocencia prevalecerá", ha asegurado.
"Lo que he explicado es que nunca he hecho ni he consentido, ni he conocido, ni he dejado de ejercer la diligencia necesaria para evitar ningún hecho que fuera una irregularidad y mucho menos, una ilegalidad, en el supuesto de que se hubieran cometido", señaló en una breve declaración sin preguntas a su salida del tribunal.
La investigada Esperanza Aguirre se mostró este viernes arisca y bronca con las fiscales –"fiscalas", las siguió llamando pese la reconvención del juez–, sentada junto a los letrados de la causa porque se negó a ocupar la silla de los imputados alegando que ella misma es abogada, atrincherada en no responder a determinadas preguntas de Anticorrupción y volcada en remachar que jamás supo nada de las cuentas del partido: porque ese, repitió, era asunto del gerente, Beltrán Gutiérrez Moliner, aunque en lo que algunas fuentes consideran una abierta contradicción con su ignorancia, simultáneamente negó que existiera caja B y se declaró convencida de que este no había cometido ninguna ilegalidad.