Desde el día en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tumbó la doctrina Parot, el Gobierno y su partido, el PP, saben que tienen entre manos un asunto de extrema delicadeza. Los conservadores han llevado siempre muy a gala portar la defensa de las víctimas del terrorismo en el ADN de su ideario y eran conscientes de que el asunto se les podía ir de las manos. Primero, por el enfado del colectivo de víctimas del terrorismo, formado por diferentes asociaciones y, en ocasiones, enfrentadas entre ellas; después, por la indignación del ala más dura de su partido y de su electorado. Desde el minuto uno, estos han criticado al Gobierno por su inactividad y por no haber puesto las bases suficientes para frenar la sentencia de Estrasburgo.
A este cóctel de sensibilidades se sumó una reacción dubitativa del Gobierno y del partido que sus dirigentes tardaron en enderezar tres días, hasta que decidieron que la cúpula del PP se uniera a la concentración de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)(AVT)celebrada hace un mes en la madrileña plaza de Colón. Una cita en la que la dirección nacional del partido y la cúpula de los conservadores recibió fuertes abucheos e insultos, mientras que dirigentes como Esperanza Aguirre o Jaime Mayor Oreja se salvaron. Desde este día, los mensajes del PP y del Gobierno respecto a la sentencia han ido siempre en la misma línea: ningún partido defiende tanto a las víctimas como el PP. Y la sentencia no gusta, pero no cabe la insumisión.
En este contexto, destacados dirigentes del partido muestran su malestar por el hecho de que la presidenta del PP de Madrid haya reabierto en esta última semana la herida abierta tras la publicación de esta sentencia cuya aplicación ha provocado que cerca de medio centenar de terroristas ya estén en las calles.
Haciendo uso de las mismas palabras que hace un par de semanas empleó el expresidente del Gobierno José María Aznar, Aguirre se preguntó este jueves en los micrófonos de la cadena Cope por qué el etarra Bolinaga está fuera de la cárcel y el exmilitante del PP y víctima de ETA José Antonio Ortega Lara está fuera de partido. Estas declaraciones volvieron a caer como un jarro de agua fría en Génova y en la Moncloa por lo que implican de crítica a la política antiterrorista del Gobierno y de crítica al tratamiento del partido a las víctimas del terrorismo.
Ortega Lara se dio de baja en el PP en 2008, en los meses previos al XVI Congreso Nacional del PP, justo después de que María San Gil renunciara a la presidencia del partido en Euskadi por discrepancias a la hora de elaborar la ponencia política que iba a debatirse en el cónclave.
Igualmente, criticó la actuación del Ejecutivo ante los homenajes a etarras que han sido liberados en aplicación de la doctrina Parot. "Los cohetes me duraban a mí un minuto", dejó caer.
En un momento de la entrevista, la presidenta del PP de Madrid fue preguntada sobre cuál habría sido su actitud respecto al fallo de Estrasburgo en el supuesto de haber formado parte del Gobierno de España. Su respuesta fue que "el Gobierno no ha aplicado la doctrina Parot, lo han hecho los jueces". Es decir, que no habría dimitido.
Críticas en el Comité Ejecutivo Nacional
Pero no ha sido esta la única vez que la presidenta de los conservadores madrileños ha mostrado esta semana en público su malestar con la actuación del Gobierno y la sentencia sobre la doctrina Parot. El lunes, el Partido Popular celebró una reunión de su Comité Ejecutivo Nacional presidida por Mariano Rajoy. Al término del informe de la secretaria general y de la intervención del presidente, Esperanza Aguirre solicitó la palabra. La expresidenta de la Comunidad de Madrid preguntó por qué el Gobierno no había tomado ninguna respecto a Luis López Guerra, el magistrado español en el TEDH, y uno de los jueces que votó en contra de mantener la doctrina Parot.
Concretamente, Aguirre comentó a sus compañeros que la gente, en la calle, le pregunta por qué no se le ha destituido. Para responderla, tomó la palabra el ministro de Justicia, uno de los grandes rivales internos de la que un día se autodefinió como "lideresa". Alberto Ruiz-Gallardón recordó que España tiene capacidad para proponer candidatos al mencionado tribunal, pero que no puede destituir a nadie puesto que los magistrados son designados por un periodo de nueve años. Ya el mismo lunes, algunos de los asistentes a esta reunión lamentaron que el tema volviese a colocarse en primera línea del debate.
Hay en el PP quien considera que tras esta actuación de Aguirre hay una estrategia planeada y medida para erosionar permanentemente a Mariano Rajoy y mantenerse cerca del ala dura del partido, un sector que tiene en la expresidenta uno de sus máximos referentes. Se trata este de un extremo que niegan en su círculo de colaboradores, donde sostienen que Aguirre, sin responsabilidades públicas ahora, siempre ha opinado de todos los asuntos de actualidad y lo sigue haciendo.
¿Se debe esto a un posible posicionamiento de cara a una posible candidatura a la Alcaldía de Madrid de cara a 2015? Ella misma negó este jueves en la entrevista que concedió a la cadena Cope tener pensado volver a la política. No obstante, fiel a su estilo, dejó el final abierto cuando sostuvo que si el presidente del Gobierno se lo reclama evidentemente le escuchará. "Todo lo que me diga el presidente del Gobierno lo estudio pero en mis planes no entra volver a primera fila de la política".
En la misma entrevista, animó a Rajoy a cumplir ya el programa electoral y bajar los impuestos y criticó a Ruiz-Gallardón por su gestión en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Es un incumplimiento flagrante del discurso que hizo el ministro de Justicia la primera vez que fue al Parlamento. Eso no se ha explicado y exige una explicación".
Desde el día en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tumbó la doctrina Parot, el Gobierno y su partido, el PP, saben que tienen entre manos un asunto de extrema delicadeza. Los conservadores han llevado siempre muy a gala portar la defensa de las víctimas del terrorismo en el ADN de su ideario y eran conscientes de que el asunto se les podía ir de las manos. Primero, por el enfado del colectivo de víctimas del terrorismo, formado por diferentes asociaciones y, en ocasiones, enfrentadas entre ellas; después, por la indignación del ala más dura de su partido y de su electorado. Desde el minuto uno, estos han criticado al Gobierno por su inactividad y por no haber puesto las bases suficientes para frenar la sentencia de Estrasburgo.