El ala dura del bloque conservador logra forzar un pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial en contra de una amnistía de la que aún se desconoce la letra pequeña. El Pleno extraordinario del órgano de gobierno de los jueces ha aprobado finalmente con nueve votos a favor, cinco en contra y uno en blanco –el del presidente interino, Vicente Guilarte– una declaración institucional en la que señalan que la concesión de un olvido jurídico "en nuestro actual sistema constitucional" constituye "una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes" en que se inspira la Ley Fundamental y sobre el que "se asienta el Estado de derecho". Un pronunciamiento que si bien no tiene ningún efecto práctico, sí tiene impacto mediático.
El texto aprobado por el órgano de gobierno de los jueces, que lleva casi un lustro con el mandato caducado, resalta que la "proyectada" norma supone una "degradación, cuando no abolición, del Estado de derecho". Y apunta que el Parlamento no puede "arrogarse" al "amparo de mayorías coyunturales" incidir "en concretas sentencias" de los tribunales "declarando su nulidad". Al Pleno han acudido 15 de los 16 vocales con los que cuenta actualmente el órgano de gobierno de los jueces. Álvaro Cuesta, del bloque progresista, no ha acudido al entender que el cónclave convocado era "improcedente e ilegal". Su ausencia, aunque rebajaba la mayoría requerida, no ha sido decisiva para que el núcleo duro conservador sacase adelante el texto.
La declaración institucional afirma tanto la "legitimidad" como la "oportunidad" para pronunciarse sobre la amnistía en este momento, cuando ni siquiera se conocen aún los detalles de la misma. "Ante una iniciativa tan trascendental, razones de prudencia y lealtad institucional justificaban su tramitación como proyecto de ley y no como proposición para dar oportunidad a que los órganos consultivos del Estado emitiesen su opinión técnica. No va a ser así. Los partidos que impulsan la iniciativa legislativa, los mismos que sostienen la acción del Gobierno en funciones, anuncian que han optado por la tramitación parlamentaria que permite prescindir de tales informes. Resulta por ello absurdo que se nos pida esperar a hacer algo que no se podría hacer porque deliberadamente se ha escogido la vía que lo impide", recoge el texto aprobado.
Aunque la declaración "no pretende sustituir el informe que se elude con la vía de tramitación escogida", se emite "ante la imposibilidad de formularlo". "Y para hacerla no es preciso conocer los aspectos objetivos y subjetivos que delimitarán los contornos de la ley que se anuncia", continúa el texto, que recuerda que "lo sustancial" de esta norma "ha sido anunciado ya por los diferentes responsables políticos que están negociando", entre ellos "algunos con responsabilidades pendientes de dilucidar ante los tribunales".
El Consejo General del Poder Judicial no discute las "potestades de los grupos parlamentarios para realizar propuestas de leyes. Sin embargo, prosigue, tampoco "puede aceptar que se acometa" una iniciativa que "cercene de forma tan ostentosa" los "derechos fundamentales de los ciudadanos y las potestades que la Constitución reserva al Poder Judicial". "La enormidad de las consecuencias de lo que se ha anunciado por el Presidente del Gobierno en funciones es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera", resalta la declaración.
"Si se autoriza que mediante leyes singulares pueda alterarse una faceta no menor de esa potestad como es la de ejecutar lo juzgado, mediante la declaración particular se dejaran sin efecto lo declarado en sentencia firme, como es una amnistía ad hoc, se produciría una muy peligrosa injerencia del Poder Legislativo en el Poder Judicial, alterando la exigencia de la separación de poderes y, con ello, el principio esencial del Estado de Derecho que garantiza nuestra Constitución", apunta el texto aprobado por el Pleno del Poder Judicial.
"Grave riesgo de confundir a la ciudadanía"
Los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Enrique Lucas, a los que se ubica dentro del denominado bloque progresista, han votado en contra del texto. Todos ellos han argumentado que con la "proposición" se "corre el grave riesgo de confundir a la ciudadanía" sobre la opinión de los jueces y magistrados en relación al "contenido de una norma que no existe" y que, en caso de aprobarse, "se verán obligados a aplicar" o a "someter a los controles constitucionales legalmente previstos".
"La declaración institucional propuesta, con el argumento de proteger la independencia de los tribunales, daña su imagen, ya que su independencia está suficientemente garantizada, y tan solo consigue situar a este órgano de gobierno en un campo de batalla política al que nunca debe bajar por respeto y obligada protección de la imagen de independencia e imparcialidad de aquéllos a quienes gobernamos", ha argumentado el denominado bloque progresista.
Por último, Guilarte, que ha votado en blanco, ha anunciado un voto explicativo en el que señalará, según un comunicado emitido por el órgano de gobierno de los jueces, que "no se puede sustraer a la preocupación derivada de los hechos que se describen en la declaración aprobada" y que la actividad jurisdiccional llevada a cabo por los órganos judiciales "no puede verse cuestionada". No obstante, considera que "en tanto no se conozca un texto prelegislativo que plasme las ideas que se han avanzado" el debate debería quedar "residenciado en el terreno estrictamente político" al que el CGPJ "debiera permanecer ajeno".
El ala dura del bloque conservador logra forzar un pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial en contra de una amnistía de la que aún se desconoce la letra pequeña. El Pleno extraordinario del órgano de gobierno de los jueces ha aprobado finalmente con nueve votos a favor, cinco en contra y uno en blanco –el del presidente interino, Vicente Guilarte– una declaración institucional en la que señalan que la concesión de un olvido jurídico "en nuestro actual sistema constitucional" constituye "una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes" en que se inspira la Ley Fundamental y sobre el que "se asienta el Estado de derecho". Un pronunciamiento que si bien no tiene ningún efecto práctico, sí tiene impacto mediático.