La jueza Mercedes Alaya dio este martes un plazo de diez días a la Intervención General de la Junta de Andalucía para que, a través de la Guardia Civil, entregue todos los informes que haya realizado desde el año 2002 en adelante "para el programa 32D o cualquier otro programa presupuestario relativos a los cursos de formación", todo ello dentro de una investigación en la que hasta el momento están imputados los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda.
En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada pide a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue "las funciones que ha desarrollado la Intervención General de la Junta en las subvenciones otorgadas en concurrencia competitiva mediante bases y convocatorias, en las de concesión directa y en el control financiero periódico de tales subvenciones a la formación".
La magistrada pide a la UCO que recabe "explicación de la intervención sobre el diferente tratamiento en la concesión cuando se trataba de subvenciones otorgadas por el SAE y cuando se trataban de subvenciones otorgadas por las delegaciones provinciales de Empleo, y si existieron algunas particularidades en la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla, y asimismo explicación ajustada a la legalidad sobre las mencionadas exoneraciones y el papel que realizó la Intervención en el control financiero de tales subvenciones".
Cita como testigo a Teodoro Montes
La juez, asimismo, señala que "en el estado en el que se encuentran las actuaciones resulta de especial interés, a los efectos de aquilatar los conocimientos iniciales", el testimonio de Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta, a quien cita a declarar el próximo 9 de octubre, a las 10,30 horas, a fin de que ratifique la declaración prestada ante la Guardia Civil en la que aseguró que la Administración andaluza había adjudicado dinero de la formación de forma "arbitraria" a sindicatos, empresarios y fundaciones y que no había habido un control de estos fondos.
En el auto, además, la magistrada requiere a la Junta para que, a través de la UCO y en el plazo de cinco días, aporte el organigrama desde el 2008 a la actualidad "de los diferentes departamentos administrativos intervinientes en la fase de adjudicación, fase de gestión o control y fase de justificación de las acciones formativas, ya se traten de adjudicaciones provinciales o de adjudicaciones centrales correspondientes a la Dirección de Formación para el Empleo, con mención de sus distintos responsables".
Alaya imputa a un abogado de la Junta y a otras 19 personas en el caso de los ERE
40,3 millones en fianzas civiles a 24 imputados
La juez Mercedes Alaya impuso, a través de un auto dictado este lunes, fianzas de responsabilidad civil por valor de 40,3 millones de euros a un total de 24 imputados en la causa, siendo la más alta la fianza de 10,7 millones fijada para el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez y destacando igualmente las fianzas civiles de 4.070.633,08 y 482.790 euros fijadas para el exconsejero de Innovación Martín Soler y el presidente de Unicaja, Braulio Medel, respectivamente.
En el auto, la juez Alaya impuso también fianzas civiles de 3.466.666,67 euros al exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez; de 2.553.600 euros al expresidente de El Monte José María Bueno Lidón; de 1.607.970 euros al exjefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía Francisco del Río, o de 212.800 euros a Felipe Romera, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía.
La jueza Mercedes Alaya dio este martes un plazo de diez días a la Intervención General de la Junta de Andalucía para que, a través de la Guardia Civil, entregue todos los informes que haya realizado desde el año 2002 en adelante "para el programa 32D o cualquier otro programa presupuestario relativos a los cursos de formación", todo ello dentro de una investigación en la que hasta el momento están imputados los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda.