La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha considerado este jueves procedente la entrega del expresident catalán y líder independentista Carles Puigdemont a España por malversación de fondos públicos pero ha rechazado el cargo de rebelión.
La extradición sólo se hará efectiva si lo aprueba la Fiscalía General alemana. El tribunal además ha resuelto que Puigdemont, que reside actualmente en Alemania, siga en libertad.
El tribunal alemán que se ha ocupado del caso ha declarado inadmisible la extradición bajo el cargo de rebelión porque, atendiendo al Código Penal alemán, sus actos no constituyen ni delito de alta traición ni el de alteración del orden público. “La magnitud de la violencia, tal como se prevé en la regulación de la alta traición, “no se alcanzó en los enfrentamientos” ocurridos en España. A Carles Puigdemont, constata la justicia germana, sólo le preocupaba la celebración del referéndum y no era un “líder espiritual” de la violencia.
El tribunal, después de examinar las acusaciones en materia de rebelión, ha vuelto a concluir que no se cumple el principio de “doble incriminación” exigido por la ley para proceder a la extradición, lo que significa que, en opinión de la justicia alemana, los hechos de los que se acusa a Puigdemont no merecen el mismo reproche penal en España que en Alemania. Para hablar de “alta traición”, según el derecho germano, debería haber tenido lugar “un nivel de violencia que no se alcanzó en las disputas en España”.
El referéndum del 1 de octubre de 2017, razona el tribunal, “en sí mismo no provocó este nivel de violencia” por la misma razón de que tampoco “fue capaz de conducir directamente a su separación de España”. Según la voluntad de Puigdemont, añade la resolución judicial, “sólo pretendía ser el preludio de futuras negociaciones”. En cuanto a “los violentos enfrentamientos entre quienes estaban dispuestos a votar y la Guardia Civil o la policía nacional, en particular frente a varios colegios electorales”, en opinión de la justicia germana “no habrían alcanzado volumen suficiente para haber amenazado gravemente el orden constitucional español”.
A juicio del tribunal, Puigdemont tampoco puede ser acusado “como planificador u organizador de un evento violento”. El “requisito previo”, precisa, es “que tal "patrocinador" hubiera sido capaz de reconocer y aprobar los actos de violencia y también de influir en lo que había sucedido”.
El tribunal, sin embargo, sí admite la entrega de Puigdemont por el delito de malversación sin entrar siquiera en el fondo del asunto porque en este caso el delito sí está incluido en las previsiones de la euroorden. “Las autoridades españolas acusan justificadamente a Carles Puigdemont de ser corresponsable de incurrir en obligaciones financieras con el erario público”, algo que “debe ser aclarado exclusivamente en el contexto del proceso penal español”.
Los jueces alemanes han “podido ver con suficiente claridad” que “Puigdemont podía ver fácilmente que la celebración de un referéndum costaría dinero”, lo que, según ela legislación alemana, es “un daño suficiente”. La proporción en que los gastos del reférendum fueron asumidos por fondos públicos “debe aclararse en los procedimientos penales españoles”.
El tribunal “descarta que la solicitud de extradición sirva para perseguir políticamente a Carles Puigdemont en España”, como sostienen sus abogados. “Es absurdo atribuir” tal cosa al Estado español, que es un país “miembro de la comunidad de valores y del espacio judicial común de la Unión Europea”. Por esa raz´pon, la justicia alemana “confía plenamente en que el poder judicial español también cumplirá los requisitos de la legislación nacional y comunitaria”.
No obstante, la resolución recuerda que “el enjuiciamiento penal en España se limita ahora a la extradición declarada admisible” por lo que el Alemania “asume que los tribunales españoles respetarán este principio y no procesarán a Puigdemont tras su extradición por cargos de rebelión”.
Con esta decisión, los jueces cumplen con la petición de la Fiscalía General regional, aunque solo en parte. El Ministerio Público, siguiendo la euroorden dictada por el Tribunal Supremo español, había solicitado a principios de junio por segunda vez tanto el reingreso en prisión del político separatista como su extradición a España.
El paso dado este jueves da un giro en la estrategia seguida hasta ahora por la Justicia alemana, que en un primer momento se mostró poco proclive a acceder a los deseos del magistrado español Pablo Llarena.
Puigdemont fue detenido el 25 de marzo en un área de servicio del norte de Alemania en virtud de una orden de arresto europea emitida dos días antes por el Tribunal Supremo español.
Tras pasar doce días en prisión, los máximos jueces regionales resolvieron dejar al político soberanista en libertad bajo fianza a la espera de que se tomase una decisión sobre su posible entrega a España. Desde entonces, Puigdemont vivió en Berlín y posteriormente trasladó su residencia a la región de Schleswig-Holstein a la espera del fallo judicial que espera se produzca en los próximos días.
El expresident ha valorado la decisión judicial en su cuenta de Twitter: "Hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado". Ha agregado que "la justicia alemana niega que el referéndum del 1 de octubre fuera rebelión". "Cada minuto que pasan nuestros compañeros en la prisión es un minuto de vergüenza e injusticia. Lucharemos hasta el final, ¡y ganaremos!", ha añadido.
Llarena espera a recibir la resolución para decidir si acepta la entrega de Puigdemont
El abogado Gonzalo Boye, que defiende a los exconsellers Toni Comín y Meritxell Serret y trabaja en coordinación con la defensa del expresident Carles Puigdemont, ha considerado que la decisión de la justicia alemana es un paso para "impedir la entrega" del expresident, informa Europa Press.
En varios apuntes en Twitter este jueves recogidos por Europa Press, ha señalado que es "un primer paso de cara a impedir la entrega de @KRLS y, sin duda, una demostración de lo acertado que fue trasladar el debate jurídico a Europa". Ha resaltado que "en los países democráticos los hechos descritos por el juez Llarena no son constitutivos de delito alguno" y no existe la rebelión ni la sedición o los desórdenes públicos.
Además, ha considerado que el contraste entre lo que defiende el juez Pablo Llarena y los magistrados europeos "acredita que es insostenible desde una interpretación democrática hablar ni de rebelión, ni de sedición ni tan siquiera desórdenes públicos".
La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha considerado este jueves procedente la entrega del expresident catalán y líder independentista Carles Puigdemont a España por malversación de fondos públicos pero ha rechazado el cargo de rebelión.