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La X de la operación Kitchen sigue sin despejarse. Si acaso, las últimas diligencias practicadas en la Audiencia Nacional en forma de declaraciones de imputados y testigos no han servido para aclarar nada acerca de quién dio la orden y dirigió el operativo parapolicial sin control judicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. Pero lo que sí se ha revelado con esta pieza 7 del caso Villarejo es el descontrol en la gestión de los fondos reservados en el Ministerio del Interior, seis millones de dinero público al año de los que los máximos responsables del departamento que dirigía Jorge Fernández Díaz no sabían ni preguntaban a qué operaciones se destinaban.
La cifra de seis millones la ha dado este lunes el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, quien ha declarado en calidad de testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, pues durante siete años fue director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y se encargaba de visar los gastos de fondos reservados que le iban llegando de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Su cometido, ha dicho, era como el de un "tesorero", pues se encargaba de revisar y autorizar los pagos, pero no de dar el visto bueno ni conocer el detalle de las operaciones que se sufragaban con los gastos reservados, pues esto correspondía al jefe de la unidad que solicitaba el dinero, según han informado a infoLibre fuentes jurídicas.
Por eso, ha negado haber tenido conocimiento de una operación llamada Kitchen o cocinero o algún apelativo similar, pues ha asegurado que su función no era conocer los pormenores de los operativos, sino la de ir controlando los pagos para que el presupuesto destinado a los fondos reservados cuadrara y no se sobrepasaran los límites asignados al Ministerio del Interior. Si no sabía del detalle de las operaciones, mucho menos de los confidentes para llevarlas a cabo. En el caso de la pieza 7, uno de los confidentes era Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, captado a razón de 2.000 euros al mes por el comisario José Manuel Villarejo para supuestamente sustraer información comprometedora del partido o sus dirigentes que se habría llevado el tesorero al ser despedido. El conductor, que está imputado, ha pedido declarar de nuevo ante el juez y lo hará este miércoles.
El testimonio de Pérez de los Cobos cierra de momento la puerta a despejar la vinculación de la operación Kitchen con los dirigentes de Interior operación Kitchendel primer Gobierno de Mariano Rajoy, pues su versión coincide con la aportada por el exministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado Francisco Martínez. El primero dijo que se enteró por la prensa de este operativo cuando se empezó a investigar hace dos años en la Audiencia Nacional, y el segundo, que no estaban en los pormenores de la administración de los fondos aunque su departamento los gestionase. Señaló al coronel de la Guardia Civil como el encargado de visarlos, pero éste ha relegado su labor a mera contabilidad.
Un testimonio sin ningún resultado
El nombre de Diego Pérez de los Cobos –pieza fundamental en la acusación por rebelión a los líderes del procés catalán y al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero– ya venía rondando la pieza 7 del caso Villarejo desde hace mesescaso Villarejo por haber ocupado la dirección del gabinete que firmaba los fondos reservados. Dos secretarios generales de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, José Manuel Benavides y Felipe Eduardo Lacasa, hablaron de él como la persona que debía tener conocimiento de las operaciones sufragadas con fondos reservados, pues a él se le reclamaba el dinero y se le entregaba justificación de lo gastado, según obra en el sumario de la causa. El comisario Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), también le mencionó de pasada durante una de sus declaraciones.
Sin embargo, el testimonio del coronel no ha aportado ninguna nueva luz a las pesquisas. Durante su comparecencia, de una hora y media aproximadamente, ha detallado cómo se gestionan los fondos reservados en Interior, a los que aportaba su firma final a medida que le iban llegando las carpetas con informes de las unidades policiales solicitantes. Lo que hacía era revisar que se cumplieran los elementos mínimos exigibles, esto es, meras cuestiones formales, y también se ocupaba de advertir a las unidades cuando se estaban excediendo en los gastos, puesto que se podría sobrepasar el presupuesto y en principio no disponían de ampliación de fondos. A preguntas del fiscal Miguel Serrano, ha manifestado que Fernández Díaz en ningún momento le preguntó o se interesó por una operación llamada KitchenKitchen o sobre un espionaje a Luis Bárcenas o sobre cualquier otra operación, eximiéndole de cualquier tipo de conocimiento.
Este descontrol del dinero público destinado a operaciones secretas ya fue puesto de manifiesto en declaraciones ante el juez de otros imputados de la llamada policía patriótica. Significativo es lo dicho, por ejemplo, por el inspector José Ángel Fuentes Gago, que estaba adscrito a la DAO que comandaba Eugenio Pino: "Los fondos reservados los coge cada uno, firma y ya está. La regla general es no justificar para qué se usan los fondos reservados".
¿Significa todo esto que en Interior, según la versión del coronel, confiaban en el buen hacer de las unidades policiales a la hora de solicitar fondos reservados y por eso se les autorizaba lo que solicitaban para sufragar sus operativos? Es lo que parece. De hecho, Pérez de los Cobos ha explicado que el sistema funcionaba de abajo a arriba y que las solicitudes de dinero ya le llegaban con todas las firmas necesarias de los mandos policiales responsables de los operativos. Si el juez se quedara sólo con las últimas versiones recabadas, cabría deducir que la responsabilidad de la Kitchen no pasó de los mandos policiales ya imputados y que han reconocido, en mayor o menor medida, haber participado en una operación para espiar a Bárcenas.
La vinculación de los dirigentes políticos parece, de momento, confusa, pero el instructor mantiene imputados a Fernández Díaz y Martínez, ya que sus declaraciones fueron muy contradictorias y García Castellón ha encargado diligencias para saber quién de los dos miente: ordenó al exministro que entregara en el juzgado su antiguo teléfono móvil para tratar de saber si intercambió los mensajes que el ex secretario de Estado le atribuyen y en los que habrían hablado de la operación.
Fernández Díaz sugirió ante el juez de 'Kitchen' la citación de Rajoy y Sáenz de Santamaría para que respalden su versión
Un nuevo policía imputado
Todo esto en lo que respecta al Ministerio del Interior. Pero el juez continúa indagando en la pata policial de la operación Kitchen y este lunes ha imputado al que fue jefe de vigilancias y seguimientos en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Vicente Galán. Según las fuentes consultadas, ha acudido a la Audiencia Nacional para comparecer como testigo, pero a medida que se desarrollaba el interrogatorio ha decidido cambiar el estatus jurídico del mando tras avisar la Fiscalía Anticorrupción de que podía estar incurriendo en afirmaciones que le incriminasen.
Todo porque previamente una agente de esta misma unidad había declarado que Galán le encargó –aunque no ha sabido precisar cuándo– dos operativos: uno para verificar la presencia de un vehículo negro en las inmediaciones del domicilio de Bárcenas y otro para comprobar si la mujer del extesorero, Rosalía Iglesias, se encontraba "en peligro". Ante esta declaración, Galán ha confirmado el primer operativo y que se lo ordenó su superior, Marcelino Martín Blas –también imputado–, y que éste le advirtió de que debía tener cuidado porque el vehículo se encontraba cerca de casa de Bárcenas, pero el jefe de seguimientos ha desvinculado totalmente esta vigilancia en una operación dirigida a espiar al extesorero del PP.
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