¿Puede el Gobierno mantener el mando único para la desescalada y el control de confinamiento en toda España sin decreto de estado de alarma, como dice el líder del PP, Pablo Casado, o es imposible, como sostiene Pedro Sánchez?
Los expertos constitucionalistas consultados por infoLibre son unánimes: si el Congreso deniega la prórroga de la declaración del estado de alarma en la votación del próximo miércoles, el Gobierno dejará de tener el control de las medidas sanitarias para luchar contra la pandemia y se quedará sin apoyo legal para limitar los movimientos de los ciudadanos y decidir qué actividades económicas pueden llevarse a cabo.
Si esto ocurriera, a partir de la próxima medianoche del sábado al domingo la situación volvería a comienzos de marzo. Las Comunidades Autónomas, cada una de ellas, estaría en situación de decidir cómo organizar la lucha contra el virus en su propio territorio. Y, de no adoptar ninguna medida, todas las actividades económicas podrían reanudarse sin necesidad de aplicar medidas de prevención y el conjunto de los ciudadanos sería libre de salir a la calle y de desplazarse por todo el territorio.
Los Gobiernos autonómicos dispondrían, sin embargo, cuatro días —de jueves a domingo— para tomar sus propias medidas, si bien no tendrían por qué coincidir entre sí. Incluido el confinamiento, de acuerdo con algunas interpretaciones de la Ley General de Sanidad.
Pedro Sánchez y sus ministros, por el contrario, se quedarían al margen de la gestión de la pandemia. A diferencia de lo que sostiene Pablo Casado, ninguno de los constitucionalistas consultados por infoLibre corrobora que el Gobierno de España disponga de legislación en la que apoyarse para conservar el mando único y seguir decidiendo sobre el confinamiento. No lo dice ni la vieja Ley de Medidas Especiales en materia de Salud Pública de 1986 ni la ley General de Sanidad de 2011. Como tampoco la ley de Protección Civil ni la de Seguridad Nacional que el líder del PP invocó este lunes.
El artículo 54 de la Ley General de Sanidad, por ejemplo, establece que, “con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar” la salud, pero “en el ámbito de sus respectivas competencias”, lo que impide al Gobierno central utilizarla para actuar sobre el sistema sanitario de las comunidades.
Incluso la Ley de Seguridad Nacional de 2015, por citar también este caso, deja claro en su artículo 23.3 que una hipotética “situación de interés para la Seguridad Nacional se afrontará con los poderes y medios ordinarios de las distintas Administraciones Públicas y en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos”, lo que implica que no podría afectar a la libertad de movimientos.
El Gobierno se apoya en todo ello para insistir en que no hay plan B a la prórroga del estado de alarma. Si el Congreso no la aprueba, subrayan, a partir de domingo dejarán de estar en vigor, por ejemplo, las normas que impiden la libre circulación, las reglas de distanciamiento social, la obligación de usar mascarillas en el transporte o las limitaciones a la actividad económica, por poner sólo unos pocos ejemplos. Y será “el caos y el desorden”, subrayaron enfáticamente este lunes los ministros de Sanidad y Transportes, Salvador Illa y José Luis Ábalos, respectivamente.
Para contrarrestar las criticas del PP —pero también las de las formaciones nacionalistas e independentistas—, el Ejecutivo lleva varios días esforzándose en destacar que la declaración del estado de alarma “ha sido un éxito” porque ha hecho posible poner la pandemia bajo control. Cumple estrictamente con la legalidad porque es un “instrumento constitucional” que “no obedeció a un capricho sino a una situación de extrema emergencia” y además resulta “imprescindible” para gobernar la fase más difícil de la crisis sanitaria, la desescalada, y estar preparados para el caso de que tenga lugar un rebrote.
Fueron muchos partidos, recordó expresamente Ábalos, que reclamaron esta medida antes de que fuese adoptada por el Gobierno, entre ellos el PP. Su líder Pablo Casado, declaró el 13 de marzo: Son “medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias” y la mejor de las opciones posibles, porque “el control de una pandemia no entiende de límites territoriales, administrativos o competenciales”. “Si la emergencia sigue”, concluyó el ministro de Transportes, “no hay motivo para prescindir del instrumento más eficaz” para luchar contra ella.
Las medidas económicas
La posibilidad de limitar la libre circulación no tiene apoyatura legal en ninguna norma, subrayó además Ábalos. Como tampoco las medidas económicas extraordinarias no se podrían haber puesto en marcha, justificó, sin la existencia de las razones de fuerza mayor que se derivan de las restricciones a la movilidad y a la actividad productiva derivadas del estado de alarma.
Sobre este último punto los mismos constitucionalistas que dan la razón al Gobierno cuando sostiene que sin declaración del estado de alarma perderá el control de la situación y este pasará a manos de los 17 gobiernos autonómicos aseguran sin embargo que nada impide al Gobierno desvincular las medidas sociales y económicas de la vigencia del decreto de alarma y, por tanto, garantizar que seguirían en vigor aún si el Congreso rechaza prorrogar la medida extraordinaria a partir del domingo.
El decaimiento de estas medidas, incluidos los ERTE y los fondos extraordinarios por cese de actividad están siendo usados por el Gobierno para advertir al PP de las consecuencias de su voto negativo.
Los expertos consultados por infoLibre coinciden en que lo ideal en esta compleja situación sería que el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas se pusiesen de acuerdo para conciliar la necesidad de adoptar criterios comunes y desarrollar una estrategia conjunta contra el covid-19 con el conocimiento del terreno y la experiencia de gestión sanitaria que acumulan las administraciones de los territorios. Así opinan al menos los profesores Fernando Flores y Joaquín Urías y el catedrático Xavier Arbos, los tres expertos en derecho constitucional.
“Las comunidades son las que conocen mejor el territorio y habría que dejarles decidir” la aplicación de las medidas en cada zona. Algo que, de paso, “trasladaría a la comunidades autónomas muchísima de la presión política y mediática” que en estos momentos soporta el Gobierno de España, apunta Flores.
De lo que no hay duda es de que sin decreto de alarma “volvemos a la situación de antes, la libre circulación absoluta”. Y las comunidades serán libres de “aplicar sus criterios en todas las materias”.
Las comunidades, recuerda Arbos, podrían decidir si declaran nuevos confinamientos y en qué áreas, como ya hizo la Generalitat de Cataluña en la comarca d’Odena antes la declaración de alarma. hizoLa principal diferencia con el confinamiento del Gobierno, explica, es que el de los territorios podría ser invalidado por la Justicia y el del Ejecutivo central sólo por el Congreso.
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Sin alarma, indica, “seguiría funcionando la intersectorial sanitaria, pero el resultado sería un mosaico más o menos coordinado. El Estado tendría sus funciones muy acotadas”. Como alternativa, el Gobierno podrían intentar aprobar un nuevo real decreto de alarma y “poner el contador a cero” pero eso, reconoce, se acercaría mucho a un“fraude de ley”. O podría intentar cambiar por decreto la ley General de Sanidad para alterar el reparto competencial, lo que con toda probabilidad sería recibido de nuevo con mucha hostilidad por parte de las Comunidades Autónomas.
En opinión de Urías, es claro que “sin estado de alarma las comunidades recuperarían sus competencias”. Pero eso no significa que se acabe el confinamiento: dependerán de los que decida cada territorio. Lo que desaparecería es el “mando centralizado” del gobierno de Pedro Sánchez.
¿Sería un caos? El profesor Urías cree que aunque formalmente el Gobierno perdiese el control de la situación tiene mecanismos de sobra, entre otros los financieros, para convencer a las comunidades y hacer que acaben aplicando los mismos criterios en la lucha contra pandemia.