Ayuso no medicalizó las residencias de Madrid porque dio prioridad al hospital de Ifema

El ex alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que firmó los denominados Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre, que impidió el traslado de miles de ancianos residentes a centros sanitarios durante los momentos más duros de la pandemia, y que se desentendió de la aplicación del mismo este mismo martes también aseguró hace seis meses en su declaración que la Comunidad de Madrid no medicalizó las residencias de Madrid porque dio prioridad al hospital de Ifema. "La canalización de medios a otros dispositivos que se estaban abriendo no permitió contar con medios para medicalizar las residencias como debía", aseguró Carlos Mur en su primera declaración ante el juzgado de Plaza de Castilla en marzo de 2023, según publica la Cadena Ser.

En esta primera declaración judicial, Mur explicó también que tan solo se trasladó a ese hospital de Ifema a 23 ancianos procedentes de dos residencias de Villaviciosa de Odón y Collado Villalba. Según su testimonio, no se admitió a nadie más porque "no contaban con medios para atender a este tipo de enfermos". "Los geriatras me transmitieron que iba en contra de los principios de la bioética enviar a alguien a morir a un servicio de urgencia saturado o un pasillo en lugar de intentar darle confort y todo el tratamiento en su lugar habitual", detalló.

En esta declaración, Mur también llegó a justificar la existencia de los Protocolos de la Vergüenza dentro del contexto de la pandemia, "propio de una catástrofe". "Hay que aplicar protocolos en los cuales se trate al paciente donde más puede beneficiarse de dicho tratamiento", afirmó.

El alto cargo de Ayuso que firmó el ‘Protocolo de la Vergüenza’ se desentiende de su aplicación

Ver más

Mur también insistió en este primer testimonio en que estos protocolos eran solo "recomendaciones". Una idea que también trasnmitió al juez este mismo martes cuando también se desentendió de la aplicación del mismo. Sin embargo, ahora ha señalado que su uso no era obligatorio, descargando la responsabilidad de su aplicación sobre las propias residencias, centros hospitalarios y geriatras de referencia.

Mur, que ahora trabaja para el Servicio Andorrano de Atención Sanitaria, compareció en esta ocasión como testigo en la causa en la que se investiga la muerte de más de media docena de personas en las residencias Amavir Arganzuela y Adolfo Suárez, un procedimiento en el que figuran como investigadas.

Solo en marzo y abril, los meses más negros de la pandemia, fallecieron en su residencia en Madrid sin ser trasladados a un hospital 7.291 mayores.