"Ilegales en teoría pero habituales en la práctica". Así son las cuotas que sigue cobrando la escuela concertada, a pesar de que la ley Celáa lo prohibió hace ya más de tres años. Las paga, en las etapas obligatorias, entre un 81% y un 95% del alumnado. Y cuestan, de media, entre 680 y 860 euros al año. No son, por tanto, anecdóticas. Y menos en Cataluña, Madrid y País Vasco, las comunidades que aglutinan el 70% del pago de todas ellas. En las tres, más del 90% de los niños y niñas que estudian en estas escuelas privadas pero financiadas con fondos públicos asumen este tipo de gastos, que muchas veces los centros denominan como "aportaciones" y van dirigidas por ejemplo a actividades complementarias.
Es una de las conclusiones que alcanza el informe El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas, publicado este miércoles por EsadeEcPol y disponible en este enlace. El documento es, en palabras de sus autores, un intento de "dotar de análisis a un debate ampliamente trabajado pero que ha carecido hasta la fecha de estudios con rigor", señaló el director del área de educación de la organización, Lucas Gortazar, en rueda de prensa. "Es, además, un momento relevante para abordar la cuestión, dados los importantes cambios que está produciendo la caída de la natalidad y el número de alumnos", añadió.
Pero esa es una cuestión a futuro. Por ahora, el peso que tiene la concertada en nuestro país se mide en números muy elevados. En cuanto al volumen de alumnado matriculado en las etapas obligatorias analizadas en el informe —Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO—, la proporción entre la escuela pública y la concertada es de un 70% frente a un 30%, unos porcentajes que se ven más equiparados, precisamente, en Cataluña, Madrid y País Vasco. Según se puede extraer de las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación, en la primera es de un 66,7% frente a un 30,7%; en la segunda, de un 54,2% frente a un 36,5%; y en la tercera, de un 50,6% frente a un 48,5%.
El otro dato para ver el peso de la concertada pasa por la financiación. Según también las cifras oficiales, los centros privados que reciben fondos públicos ingresan en sus cuentas casi 7.500 millones de euros procedentes del Estado. Sin embargo, y según el informe de EsadeEcPol, la "infra-financiación" es uno de los motivos por los que algunos centros cobran cuotas a las familias de su alumnado. Hay, junto a esa, otras dos razones: otros centros lo hacen para hacer frente a "gastos no concertados" por las administraciones educativas —lo que les permite, según el informe, ampliar "los servicios ofertados"— y otros, simplemente, para mayor beneficio económico.
¿Qué importancia tiene cada razón?
Pongamos la lupa precisamente en este análisis que contiene la investigación: el de los centros que cobran cuotas y los motivos por los que lo hacen. Los autores de EsadeEcPol se sirven para ello de la Encuesta de Financiación y Gasto de la Educación Privada (EFGEP), una estadística que Gortazar califica de "representativa" de la situación global. De su revisión, según explicó en rueda de prensa el economista e investigador Ángel Martínez, se extrae que, "al contrario de lo que sugería el debate público hasta la fecha, el sector es más diverso que monolítico".
¿Por qué? Según el informe, y dependiendo de la etapa educativa —siempre dentro de las tres analizadas—, hay entre un 66% y un 75% de colegios que cobra cuotas a las familias, pero se observa un comportamiento diferente si nos atenemos a varias características. Así, en primer lugar, la probabilidad de que se cobren estos importes y la cuantía de los mismos es mayor en los centros peor y mejor financiados y menor en los que se encuentran en una financiación media.
Esa catalogación se relaciona, a su vez, con el número de alumnos y alumnas a los que dan clase. Es decir, con su tamaño. Según concluye el informe, "el tamaño del centro no es independiente de su nivel de resultado económico o financiación". Es decir, los colegios más grandes están, en su mayoría, muy bien financiados, mientras que los de "tamaño medio" se encuentran dentro de los tramos "más intermedios de la financiación". ¿Y qué ocurre con los pequeños? Que hay mucha desigualdad, es decir, pueden estar muy bien financiados, pero pueden ser también los que peores condiciones económicas soportan.
Teniendo en cuenta esto, la investigación concluye que el 90% de los centros más grandes —y mejor financiados a su vez— cobra cuota, mientras que el porcentaje de medianos y pequeños que lo hacen desciende a entre un 60% y un 70%. Los primeros, según la investigación, lo harían por puro beneficio económico, mientras que los peor financiados —más pequeños— lo harían, por su parte, para mantenerse. Lo explica la investigación de la siguiente manera. "Es evidente que, por un lado, los centros con peor financiación cobran cuotas y lo hacen en mayor magnitud con una finalidad de supervivencia económica. También puede desprenderse que aquellos centros con mejor financiación (financiación elevada por alumno), y que cobran cuotas elevadas, lo hacen por motivos relacionados o bien con la ampliación de servicios o, directamente, con el beneficio económico", señala la investigación.
Se ve de mejor manera en el siguiente gráfico, en el que se observa que los peor y mejor financiados —a su vez los más pequeños y más grandes— cobran cuotas más elevadas, de hasta 583 euros en el primer caso y 699 en el segundo.
¿Quién asume esos pagos?
El informe, en paralelo, también analiza quiénes son quienes asumen esos copagos. A grandes rasgos, según la investigación, del mismo modo que un altísimo porcentaje de centros concertados cobra cuotas, un altísimo porcentaje de alumnado de esos colegios también lo hace. Así, en concreto, entre un 81% y un 95% —dependiendo de la etapa— de matriculados y matriculadas en estos centros asume estos importes, que oscilan entre los 680 y 860 euros al año. Si sumamos el Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO, el alumnado de la concertada paga entre 947 y 1.186 millones de euros en cuotas al año.
Pero no obstante también hay factores que determinan pagar más o pagar menos. Según la investigación, hay una correlación en mayor o menor medida equilibrada con la situación económica de las familias, puesto que el 20% con renta más baja paga unas cuotas de 310 euros de media, mientras que el 20% con renta más alta paga unos importes que incluso superan —aunque ligeramente— los 1.000 euros.
Pero también hay diferencia por comunidades. Casi todas las cuotas (el 70%) se pagan entre el alumnado de la concertada de Madrid, Cataluña y País Vasco, pero no sólo es eso. Allí también es donde los importes son mayores. Así, las familias catalanas pagan 1.696 euros de media al año por cada matriculado, las madrileñas 1.156 y las vascas 959. Más del 90% de las familias de centros concertados de estas autonomías pagan estos importes. En Andalucía, como mucho, lo hace el 61%.
Prohibidas por la 'ley Celáa'
El estudio, en cualquier caso, no distingue el concepto de las cuotas ni si éstas son o no obligatorias, algo que en muchas ocasiones sucede, contraviniendo la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, que establece el actual sistema de conciertos y deja claro que la educación obligatoria debe ser gratuita. Y también la ley Celaá, que reforzó esta idea en diciembre de 2020 en su artículo 88: "Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los niños sin discriminación [...], en ningún caso podrán los centros públicos o concertados percibir cantidades por recibir las enseñanzas de carácter gratuito". Tampoco pueden "imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica".
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Y dice más: "Las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar" y su "situación socioeconómica" no debe suponer "una barrera para el acceso a las actividades complementarias".
En cualquier caso, la mera existencia de las cuotas es uno de los motivos por los cuales siempre se afirma que la escuela concertada es segregadora. Lo señala también el informe. La existencia de esa red, apunta, "facilita un sistema de selección social para familias de mayor renta a cambio de un copago". Así, continúa, "los centros concertados escolarizan un alumnado con un nivel socioeconómico más alto y escolarizan en muy menor medida alumnado inmigrante, lo cual aumenta la segregación escolar en España".
Para acabar con ella, señala la investigación, es necesario tomar ciertas medidas que resumió Xavier Bonal, catedrático de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona, y co-autor del informe, durante la rueda de prensa: "Entre otros, proponemos mejoras de información promoviendo estudios del coste del puesto escolar, auditar gastos no concertados, supervisar el coste de los comedores o desarrollar mecanismos para el sistema de conciertos de los centros claramente sobre-financiados y cuyas cuotas son elevadas y se sitúan por encima de los gastos no concertados de su contabilidad".
"Ilegales en teoría pero habituales en la práctica". Así son las cuotas que sigue cobrando la escuela concertada, a pesar de que la ley Celáa lo prohibió hace ya más de tres años. Las paga, en las etapas obligatorias, entre un 81% y un 95% del alumnado. Y cuestan, de media, entre 680 y 860 euros al año. No son, por tanto, anecdóticas. Y menos en Cataluña, Madrid y País Vasco, las comunidades que aglutinan el 70% del pago de todas ellas. En las tres, más del 90% de los niños y niñas que estudian en estas escuelas privadas pero financiadas con fondos públicos asumen este tipo de gastos, que muchas veces los centros denominan como "aportaciones" y van dirigidas por ejemplo a actividades complementarias.