El candidato a fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reivindicado este jueves en el Congreso de los Diputados su valía para ocupar el puesto frente a las críticas de PP, Vox y Ciudadanos, que le han acusado de ser "un clon" de su predecesora, Dolores Delgado, le han recriminado su "afinidad" al PSOE por acudir a un acto con socialistas gallegos y le han afeado la postura de la Fiscalía en los casos Miguel Ángel Blanco y Stampa.
García Ortiz ha comparecido ante la Comisión de Justicia como parte del proceso legalmente establecido para ser confirmado como fiscal general del Estado, un trámite que el vicepresidente primero de dicha Comisión, el diputado morado Roberto Uriarte, ha dado por evacuado, anunciando que así se los trasladará a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, para que a su vez se lo comunique al Gobierno, según ha informado Europa Press.
La audiencia ha estado marcada por las acusaciones vertidas por PP, Vox y Ciudadanos, que han dejado claro que no consideran que García Ortiz, hasta ahora jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) sea la persona adecuada para encabezar el Ministerio Público al estimar que no cumple con la debida imparcialidad, autonomía y neutralidad respecto al Gobierno.
"Usted ha sido mano derecha, mano izquierda y alter ego de Delgado", ha dicho el diputado del PP Luis Santamaría, que ha llegado a tildar a García Ortiz de "clon" de la fiscal general dimitida, a la que ha culpado de "una de las etapas más negras de la democracia" en lo que a la FGE se refiere. A su juicio, esta proximidad entre ambos le hace "responsable en parte del descrédito de la institución".
En la misma línea, el diputado de Vox, Javier Ortega Smith, ha sostenido que el hecho de tener como "cartas de presentación" ser "el candidato de Pedro Sánchez y el ahijado de Dolores Delgado" hace que carezca "de cualquier requisito de imparcialidad" y de la "idoneidad mínima" para desempeñar el cargo.
"A mí me hubiera gustado que usted fuera una persona indiscutible (...), que nadie dijera que es afín al PSOE, y que fue y seguirá siendo mano derecha de Delgado, una persona que nunca debió ser fiscal general", ha manifestado, por su parte, el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal, para concluir que García Ortiz "no tiene esa imagen" de imparcialidad, neutralidad e independencia que requiere el cargo.
El candidato ha querido dejar claro que no es el "número dos" de la carrera fiscal, sino "simplemente" el jefe de la Secretaría Técnica, un trabajo que ha recordado que han realizado otros antes, incluido el magistrado del TS Manuel Marchena, "al servicio del fiscal general". "Sobre ellos no habrá manto de sospecha (...), lo que no entiendo es por qué voy a ser diferente", ha apuntado, para añadir: "Lo que no entiendo es lo malvada que es Delgado" para algunos.
No obstante, ha admitido que, aunque en nuestro modelo compete al Gobierno nombrar al fiscal general, puede ser mejorable mediante una reforma legal, que -ha subrayado- es labor de las Cortes Generales. En todo caso, se ha comprometido a una mayor transparencia en la actuación de la FGE: "Intentaremos que el fiscal general no sea el rey Sol".
"Un acto con logos del PSOE"
Santamaría también le ha acusado de incumplir el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) por acudir a un acto organizado en Galicia por la Fundación Ideas, vinculada al PSOE. "Ha dejado bien claro cuál es su afinidad y vinculación con un determinado partido", ha señalado Ortega Smith.
García Ortiz ha respondido que comprende que les haya "molestado" que acuda a "un acto con logos del PSOE", si bien ha recalcado que no incumplió el EOMF porque pidió permiso a la Inspección Fiscal y se le concedió, al tiempo que ha enfatizado que los fiscales también tienen libertad de expresión, criticando que este derecho se le reconozca "a un sector y no a otro". Asimismo, ha subrayado que en el evento se habló de incendios forestales.
Otro de los focos de crítica ha sido la posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) en relación a la investigación contra los ex jefes de ETA por su presunta implicación en el secuestro y asesinato del concejal 'popular' Miguel Ángel Blanco. Bal le ha reprochado que, si había "dudas" sobre si los hechos podían estar prescritos debería haberse posicionado "de lado de las víctimas", no de "los verdugos", misma crítica que le han lanzado Vox y PP.
A este respecto, ha asegurado que "no se han dado directrices de ningún tipo, y mucho menos de carácter político" para apreciar la prescripción, incidiendo en que la Fiscalía ha apoyado la reapertura de esta y otras causas contra ex jefes de ETA y en que aún no estamos en el momento procesal "oportuno" para hablar de la caducidad de los delitos. En cualquier caso, ha anunciado que el asunto se elevará a la Junta de Fiscales de Sala para fijar criterio.
Asimismo, Santamaría y Bal han destacado que siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitieron voto particular rechazando su idoneidad, entre otras cuestiones, por la gestión del caso Stampa. En la réplica, García Ortiz les ha señalado que otros doce votaron avalándole y ha acusado a los siete vocales de traspasar la "línea roja" por hablar de un caso que aún colea en los tribunales. "Me he sentido como en un tribunal de honor", ha lamentado.
No obstante, ha entrado en el fondo del asunto para afirmar que "no hay nada que reprobar" en su actuación, aduciendo que si se hubieran seguido antes sus "recomendaciones" en las pesquisas internas sobre Stampa, "si se hubiera hecho bien esa instrucción", habría acabado antes.
El PP advierte sobre indultos a Griñán y Chaves
Además, el PP le ha preguntado si comparte la opinión de Sánchez respecto a los ex presidentes andaluces condenados por los ERE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, de que "pagan justos por pecadores" y si "las prisas" del Gobierno por "ocupar el Tribunal Constitucional" tienen que ver con una eventual suspensión de la entrada en prisión del segundo, con si "se va preparando el indulto" a ambos. Bal, por su parte, ha abogado por reformar la ley para prohibir los indultos por corrupción y por atacar la unidad territorial.
PP y Vox también han querido saber qué va a suponer la "desjudicialización" del "conflicto" en Cataluña, algo sobre lo que el candidato no se ha pronunciado. "¿Habrá impunidad para quiénes promuevan golpes de Estado, va a promover indultos para que los cobardes fugados no comparezcan?", ha espetado Ortega Smith.
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Desde otra óptica, se lo han planteado Jon Iñárritu (Bildu), que ha pedido resolver estos "conflictos" con "política"; Josep Pages (Junts), que ha instado a que "la FGE deje de impulsar montajes judiciales contra el independentismo catalán"; Genís Boadella (PDCat), que ha urgido a "levantar el pide del acelerador de esta acción premeditada en el 'proces'"; y Jaume Asens, de Unidas Podemos, que ha reclamado dejar de lado la "judicialización de la política".
Los diputados de Bildu y de partidos catalanes le han exhortado también a llegar hasta el fondo de las investigaciones sobre el presunto espionaje con Pegasus y le han llamado la atención sobre las "cloacas" del Estado, algo sobre lo que Asens ha alertado igualmente por su intervención para "fabricar pruebas" contra la formación 'morada'.
La audiencia ha servido además para que García Ortiz expusiera su proyecto, con el que se ha comprometido a reforzar la autonomía de la FGE y el "derecho a discrepar" de los fiscales; hacer "transversal" la perspectiva de género; fortalecer la protección a menores y víctimas de trata; "redefinir" la AN para que sume a su especialización antiterrorista la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado; y ser fiscal general para "todos los fiscales".
El candidato a fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reivindicado este jueves en el Congreso de los Diputados su valía para ocupar el puesto frente a las críticas de PP, Vox y Ciudadanos, que le han acusado de ser "un clon" de su predecesora, Dolores Delgado, le han recriminado su "afinidad" al PSOE por acudir a un acto con socialistas gallegos y le han afeado la postura de la Fiscalía en los casos Miguel Ángel Blanco y Stampa.