Tres años después del inicio de la pandemia por el covid-19, Amnistía Internacional denuncia "el abandono y la impunidad" de las instituciones del Estado a la hora de investigar los 35.000 fallecimientos de personas mayores en residencias. Una serie de protocolos e instrucciones [ver aquí nuestro dosier] impidieron que decenas de miles de personas recibiesen tratamiento sanitario, a la vez que se produjo una falta de mecanismos y procedimientos para saber qué fue lo que paso y por qué no se llevaron a cabo.
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, asegura que la ONG "documentó cinco violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas mayores residentes y nadie ha rendido cuentas por ello." Estas violaciones fueron la vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y a una muerte digna.
Ha habido, según Amnistía, una tendencia a la opacidad y al abandono generalizado por parte de las autoridades, que no han procedido a una investigación en profundidad de lo sucedido vulnerándose así los derechos humanos de estas personas mayores. Además de producirse un incumplimiento de la normativa internacional ya que se viola el acceso de víctimas y familiares a la vía de los recursos judiciales.
Amnistía Internacional ha denunciado en especial la opacidad de la Fiscalía General del Estado, ya que no se conoce la existencia de datos públicos sobre las diligencias penales en la que dicha institución intervino. Lo único que se conoce son datos a nivel de las fiscalías provinciales. En el caso madrileño, los datos apuntan a que el 86% de los casos fueron archivados en 2021.
Obstáculos en las investigaciones
En algunos casos se ha continuado con las investigaciones aun abiertas gracias al oficio remitido por la Fiscalía el pasado octubre para reactivar los casos, pero la ONG advierte que los casos archivados quedan en un limbo y pide reexaminarlos y valorar si las investigaciones fueron suficientes.
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Amnistía Internacional exige reabrir estos casos incluyendo nuevos testigos y declaraciones de familiares, ya que consideran que al ser archivados no fueron investigados en profundidad y tampoco se les dio los niveles de justicia que merecían según los estándares internacionales.
En las comunidades autónomas, las principales barreras para investigar han sido los partidos gobernantes junto a las autoridades, que no han cumplido con sus obligaciones de cumplimiento con los derechos humanos, destaca AI. La ONG también critica el papel del Defensor del Pueblo y del Consejo General del Poder Judicial, quienes no han mostrado una acción y preocupación en profundidad.
Según Beltrán, “las autoridades pretenden pasar página sobre lo sucedido, sin tener en cuenta que la verdad, memoria, justicia y reparación son imprescindibles para que algo similar no vuelva a suceder y se garanticen los derechos humanos”. Es por ello que exigen la creación de un nuevo modelo de residencias para poder implementar los recursos materiales y formación sanitaria para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos mayores.
Tres años después del inicio de la pandemia por el covid-19, Amnistía Internacional denuncia "el abandono y la impunidad" de las instituciones del Estado a la hora de investigar los 35.000 fallecimientos de personas mayores en residencias. Una serie de protocolos e instrucciones [ver aquí nuestro dosier] impidieron que decenas de miles de personas recibiesen tratamiento sanitario, a la vez que se produjo una falta de mecanismos y procedimientos para saber qué fue lo que paso y por qué no se llevaron a cabo.