Amnistía denuncia que las políticas antiterroristas están desmantelando los derechos humanos en Europa

Un trabajo de más de dos años sobre catorce países europeos ha llevado a la organización Amnistía Internacional (AI) a concluir que, de forma general, "las orwellianas leyes antiterroristas privan de derechos bajo el pretexto de defenderlos". Es la idea que abre su informe Peligrosamente desproporcionado: La expansión continua del estado de seguridad [consultar el documento aquí], presentado este martes por la organización.

El presidente de Amnistía, Esteban Beltrán, expuso las conclusiones del trabajo acompañado por el activista Kartik Raj, experto en contraterrorismo y derechos humanos, el vocalista del grupo Def con dos, César Strawberry, y el abogado Eduardo Gómez, que defendió a los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García y al concejal Guillermo Zapata durante sendos procesos judiciales por presunto enaltecimiento del terrorismo.

Si bien Beltrán subrayó que la amenaza terrorista y los ataques contra la gente en los últimos dos años son "reales y brutales", incidió en que los gobiernos europeos deben proteger a las personas "no a costa de terminar con el sistema de derechos humanos". En este sentido, denunció que existe a nivel global un "desmantelamiento paulatino pero constante del sistema de vida basado en los derechos fundamentales", de forma que está siendo "remplazado por el miedo" a través de una respuesta que tacha de "desproporcionada y discriminatoria".

El presidente de la organización realizó un llamamiento a las autoridades europeas, a quienes reclamó políticas garantistas que proporcionen "seguridad para que la gente disfrute de sus derechos", así como el mantenimiento del principio de no discriminación en las leyes antiterroristas, y que "todo estado de emergencia sea temporal".

España: libertad de expresión en estado crítico

La tortura, la incomunicación o la falta de investigación en las acusaciones por enaltecimiento del terrorismo en España son algunas de las realidades denunciadas por la organización, quien además destaca que todo ello ha sido condenado "en al menos siete ocasiones por el Tribunal Europeo desde el año 2010". A juicio de Beltrán, las condenas internacionales vienen dadas en buena parte por una legislación antiterrorista "ambigua y amplia en su aplicación", puesta en marcha "paradógicamente" en el 2011, coincidiendo con el cese de la organización terrorista ETA.

El Código Penal español no define explícitamente el terrorismo como delito, sino que fue la reforma del 2015 la que "ha ampliado y creado una superposición entre los diferentes delitos de gravedad variable que se consideran constituyentes de actos de terrorismo". En febrero de 2015, cuatro relatores especiales de las Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta en la que censuraban que "el texto del proyecto de reforma incluía definiciones amplias o ambiguas que allanaban el camino para una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades".

Esteban Beltrán denuncia que entre los delitos tipificados como terrorismo se encuentran algunos como la piratería informática, toda manifestación que vaya contra el orden constitucional o las estructuras económicas del Estado, algo que desde la reforma del Código Penal puede conllevar penas de hasta tres años de prisión. Critica que la difusión de mensajes es una práctica perseguida en España mediante investigaciones como la Operación araña, puesta en marcha "al menos cuatro veces" con el único fin de rastrear mensajes en las redes sociales.

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Ante este panorama, Amnistía reclama la reforma de todos los artículos del Código Penal que versan sobre terrorismo, para evitar que "las personas sean detenidas y encarceladas sin que nada tengan que ver con terrorismo, en base a una legislación repleta de ambigüedades". Pide, asimismo, la reforma del artículo 509 y 510 de la ley de Enjuiciamiento Criminal y abolir el régimen de aislamiento, que propicia las prácticas de tortura por parte de policías y antidisturbios.

Además del caso del vocalista César Strawberry, que está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo, el abogado Eduardo Gómez recordó las causas de Guillermo Zapata, Juan Manuel Bustamante, Nahuel, o las operaciones Pandora y Piñata, como reflejo del estado de la libertad de expresión en España, donde "la política del miedo" propicia "una banalización del concepto de terrorismo y una relativización de los derechos". A juicio de Gómez, el riesgo de que "este estado de excepción se convierta en lo normal" únicamente puede ser combatido "no acostumbrándonos y rechazando estas políticas", idea que es compartida por el propio Strawberry, quien considera que el suyo es "uno más de los muchos casos que están poniendo de relieve la existencia de una persecución ideológica".

Finalmente, también el activista Kartik Raj denuncia que "una ola tras otra de leyes desproporcionadas creadas en este entorno histérico nos está llevando a una sociedad en la que la libertad es la excepción y el miedo la norma".