Amnistía Internacional, a través de su último informe, ha detectado un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones durante 2012. En ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia hubo frecuentes denuncias contra la Policía Nacional por malos tratos al dispersar las manifestaciones pero, en general, estas denuncias no prosperaron debido a que los agentes no llevaban la placa que les identifica en el momento de los hechos.
Tribunales y organismos de derechos humanos reconocieron estas formas de abuso. En el documento, la organización detalla casos como el de Ángela Jaramillo, quien en la manifestación del 4 de agosto de 2011 en Madrid, necesitó tratamiento médico tras ser golpeada repetidamente por los agentes. El juzgado de Madrid decidió no admitir la denuncia presentada por Ángela al no ser posible la identificación del policía que le golpeó.
O el caso de la periodista Paloma Aznar, que resultó herida por el impacto de una bala de goma cuando cubría las manifestaciones de los mineros en Madrid el 11 de julio. Aznar, ataviada con su acreditación, denunció que los agentes, además de no llevar ningún elemento de identificación visible, dispararon los proyectiles de goma directamente a la multitud.
Derecho a la vivienda
Otros de los aspectos que aborda el informe son los relativos a los desahucios y el derecho a la vivienda. Durante el año pasado, el Ejecutivo aprobó varias reformas legislativas en relación a esta materia sin evaluar qué repercusiones tendrían en los sectores más vulnerables de la población.
Este miércoles, en la presentación del documento, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha reclamado un acuerdo entre PP y PSOE para cambiar la Constitución con el objetivo de que el acceso a una vivienda adecuada sea considerado derecho fundamental. Beltrán ha explicado que en España queda registrado "como principio rector, pero no como derecho fundamental" y que durante la democracia no se ha aceptado nunca el derecho de amparo ante el Tribunal Constitucional de alguien que reclame un derecho a una vivienda adecuada, algo que define como una situación de "indefensión".
Como refleja el informe, en junio del año pasado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó su preocupación por la continua ejecución de desalojos forzosos que se daba en España. Este Comité recomendó adoptar un marco jurídico que estableciera unas directrices antes de proceder a un desahucio.
Entre los ejemplos, Amnistía Internacional destaca el desalojo de 300 personas en un asentamiento en Puerta del Hierro (Madrid), sin que las autoridades les proporcionaran un alojamiento adecuado alternativo.
Refugiados, inmigrantes, racismo y discriminación
En el pasado mes de abril, y tras la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, que reformaba la Ley de Extranjería, se limitó el acceso de los inmigrantes irregulares a los servicios públicos de salud.
Además, en agosto, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que España fue responsable de discriminación, malos tratos al detener, de forma arbitraria, a un ciudadano marroquí. Al parecer, cinco agentes de policía lo sometieron a insultos racistas y lo golpearon en varias ocasiones. El departamento médico del centro de detención constató múltiples hematomas y recomendó su traslado a un hospital. Finalmente no se hizo así, ni tampoco se elaboró un informe médico, denuncia AI.
Por otra parte, el informe señala los obstáculos a los que se enfrentaron la comunidad musulmana y otras minorías religiosas para obtener los permisos de apertura de lugares de culto en algunos municipios de Cataluña. Unido a eso, varias escuelas restringieron el uso de prendas y símbolos religiosos en los centros, afectando sobre todo a las alumnas musulmanas, detecta el documento.
Un juzgado de Madrid ratificó la decisión tomada por un centro público de enseñanza secundaria de Pozuelo de Alarcón de excluir a una alumna por llevar la cabeza cubierta con un pañuelo.
Ante estos hechos, las ONG locales denunciaron los abusos continuados a estos colectivos.
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Delitos de derecho internacional
A pesar de que España ha ratificado la Convención de la ONU contra las desapariciones forzosas, en la legislación nacional se seguía incumpliendo el derecho internacional.
El 27 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo absolvió al exjuez Baltasar Garzón de abuso de autoridad al poner en marcha en 2008 una investigación sobre la desaparición forzosa de 114.266 personas entre julio de 1936 y diciembre de 1951. A pesar del fallo absolutorio, el Tribunal concluyó que Garzón había interpretado erróneamente la ley al considerar que los hechos ocurridos eran crímenes contra la humanidad, según este documento.
Amnistía Internacional, a través de su último informe, ha detectado un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones durante 2012. En ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia hubo frecuentes denuncias contra la Policía Nacional por malos tratos al dispersar las manifestaciones pero, en general, estas denuncias no prosperaron debido a que los agentes no llevaban la placa que les identifica en el momento de los hechos.