Amnistía Internacional: “La ley Gallardón nos situaría al nivel de Lituania o Turquía”

La sección española de Amnistía Internacional (AI) ha manifestado este jueves su oposición al anteproyecto de la ley del aborto propuesto por el ministro de Justicia Alberto Ruiz- Gallardón y exige que se retire por "incumplir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres".

Así lo ha manifestado la organización no gubernamental en el marco de la presentación de una nueva campaña a nivel global, Mi cuerpo, Mis derechos, dirigida a "recordar a los líderes su obligación a tomar medidas positivas" en torno a esta materia. Esto se traduce en poner fin al uso de la legislación penal para regular la sexualidad y la reproducción y en facilitar el acceso a la salud y a la educación en la materia. 

AI ha recopilado las historias de mujeres y hombres de todo el mundo que han visto vulnerados sus derechos sexuales y que han sido coaccionados, discriminados e incluso sancionados por tomar decisiones sobre su propio cuerpo.

Algunos datos que arroja la organización contemplan, por ejemplo, que más de 14 millones de adolescentes dan a luz todos los años a causa de relaciones sexuales forzadas y embarazos no deseados, o que 76 países tipifican como delito la conducta homosexual.

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El caso de España

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha informado sobre la decisión de la organización de pedir la retirada del anteproyecto del aborto porque "viola los derechos de salud, vida e información" de las mujeres y niñas, además de ser discriminatorio para las afectadas con menos recursos económicos. Beltrán ha recordado que la mayoría de países europeos tienen una ley de plazos y, en el caso de que se apruebe la reforma (como parece evidente), España se situaría al nivel de países como Lituania, Macedonia o Turquía.

En este sentido, la ONG se muestra dispuesta a presionar al Gobierno para que de marcha atrás y, llegado el momento, a movilizarse en la calle para acabar con lo que califican como una "medida regresiva" que contradice al derecho internacional y a los propios derechos humanos. La organización remitió en febrero una carta a Ruiz-Gallardón pidiéndole una legislación que contemple un aborto legal, seguro y accesible. Además, piden una reunión con el ministro que aún no ha recibido respuesta.