La candidata progresista propone máxima transparencia en la Sala del TS que presidía Marchena

Es la Sala Segunda del Supremo. La de lo Penal. La de los juicios históricos como el del procés. La que investiga y procesa a los aforados y la que tiene la última palabra sobre todas las causas penales que se abren en España. También las de corrupción que afectan a los partidos. La Sala que, debido a su crucial relevancia, quiso controlar el PP "por detrás" –según expresó su exsenador Ignacio Cosidó en un whatsapp enviado a sus compañeros de la cámara alta en 2018– mediante el ascenso del conservador Manuel Marchena, su entonces presidente, a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Marchena renunció a esa promoción ante las dudas sobre su imparcialidad aireadas por el principal partido de la oposición, pero siguió al frente de la Sala Segunda del Supremo que, en los últimos años, se ha convertido en el principal escenario del frente judicial contra el Gobierno. El 5 de diciembre dejó el puesto al que ahora optan la progresista Ana Ferrer, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, y el moderado Andrés Martínez Arrieta, apoyado por el sector conservador.

Las conversaciones entre el bloque progresista y el conservador del CGPJ sobre el nombramiento están, por el momento, rotas. Mientras que los primeros apoyan a Ferrer, sus adversarios cierran filas en torno a Arrieta, al que, mediante el bloqueo de la negociación, han conseguido convertir en presidente en funciones por la vía de los hechos, al ser el magistrado más antiguo de la Sala, de cuyos 14 miembros, solo cuatro son progresistas. Pero más allá de las jugadas entre los vocales de las distintas sensibilidades, existen elementos fácticos que, sobre el papel, colocarían a Ferrer en mejor situación de cara a la futura elección del sustituto o sustituta de Marchena.

El primero es la edad. El mandato de un presidente o presidenta de Sala del Supremo tiene una duración de cinco años. La edad de jubilación de los magistrados es la de 72 años. Ferrer tiene actualmente 65 años –en unos días cumplirá 66– por lo que, de los dos candidatos en liza, es la única que puede permanecer en el cargo todo el periodo que establece la ley. Martínez Arrieta, sin embargo, tendrá que dejar su cargo en dos años, cuando le llegue la fecha de retiro. El propio magistrado, muy reconocido en la carrera al igual que Ferrer, lo recoge en el programa que acompaña a su candidatura. "[Mi] programa de actuación se limitará al tiempo en el que desarrollaré la presidencia de la Sala, si resulto nombrado, al alcanzar la jubilación el 13 de abril de 2027", explica en ese documento.

Ley de paridad

El sexo es otro de los factores que pueden contar a favor de Ferrer. La ley de paridad entró en vigor el pasado agosto y el Consejo decide actualmente cómo aplicarla a sus nombramientos. Además de la presidencia de la Sala de lo Penal, los vocales deben decidir sobre otras tres (Civil, Contencioso-Administrativo y Social). La comisión de igualdad del órgano de gobierno de los jueces ha establecido en dos informes que al menos dos de esas cuatro presidencias de Sala del Supremo deben corresponder a mujeres para cumplir con el mínimo del 40% para cada sexo que impone la ley. Frente a esos dos informes, la presidenta, Isabel Perelló, ha encargado otro al gabinete técnico que sostiene que la paridad debe reflejarse en la totalidad de los nombramientos que haga el Consejo a lo largo de su mandato.

La presidencia de la Sala de lo Civil irá previsiblemente al conservador Ignacio Sancho, al ser el único candidato. Para las otras tres, los progresistas apoyan a mujeres –Ana Ferrer, Pilar Teso y Concepción Ureste–, mientras que los conservadores secundan solo a hombres –Arrieta, Pablo Lucas y Juan Molíns–. Los 10 vocales progresistas aspiran a colocar a sus postulantes en dos salas y al menos una en las más decisivas: la de lo Penal, a la que opta Ferrer, o la de lo Contencioso-Administrativo, la que dirime los recursos contra la actuación del Gobierno y demás organismos públicos.

Frente a esos criterios objetivos de edad y sexo que, en principio, darían ventaja a Ferrer, los vocales tendrán que valorar las propuestas de actuación de ambos candidatos. En una Sala vigilada con lupa y cuya actuación es muchas veces cuestionada por la trascendencia política de sus decisiones –el procés, el indulto de los líderes independentistas, la ley de amnistía, el caso Ábalos o el abierto al fiscal general por desmentir un bulo, entre otros– la candidata progresista propone dotar al máximo tribunal penal español de mucha mayor transparencia. Por ello propone dar mayor publicidad a la composición del tribunal en cada caso con criterios objetivos. También la puesta en marcha de una aplicación informática de registro y reparto de asuntos, capaz de asignar ponencias con las normas de reparto vigentes en cada momento, algo que existe en la mayoría de los tribunales pero no en el Supremo.

La sala de los aforados

Esa transparencia y predeterminación, según Ferrer, debe ser especialmente reforzada en una "sala especialmente sensible", la de los aforados, como recuerda en su programa. La candidata defiende que el tribunal que investiga y enjuicia a los políticos debe constar de tres salas. Una de admisión con cinco miembros, que será la que decida si se inicia o no una investigación, designe al instructor de cada caso –"por riguroso orden de antigüedad, comenzando por el más moderno"– y acuerde pedir el suplicatorio al Congreso o al Senado en cada caso. En segundo lugar, otra sala de tres magistrados distintos de los anteriores que resolvería los recursos contra las decisiones del instructor. Por último, una tercera que se encargaría del juicio. De esa manera se evitaría la contaminación de los magistrados que firmen la sentencia por su participación en fases anteriores del proceso. También se reforzaría la apariencia de imparcialidad del alto tribunal.

Ferrer también propone medidas para atajar el "crecimiento exponencial" de querellas y denuncias contra políticos y demás aforados "que distorsiona el funcionamiento de la sala". No se refiere a lo que denomina "causas planteadas con seriedad", sino "al incesante ingreso de escritos [...] procedentes de actores políticos o grupos de presión con el exclusivo afán de instrumentalizar la justicia en defensa de determinados idearios". Esas denuncias y querellas, sostiene la candidata, "pretenden trasladar a los tribunales un clima de crispación y polarización" o "convertir a la Sala en una especie de buzón de desahogo de una ciudadanía que canaliza por esta vía su frustración". Hasta el 30 de septiembre de 2024 se presentaron en la Sala Segunda 204 escritos de ese tipo frente a los 70 que se registraron en todo 2022. De todos ellos solo se admitieron a trámite, dando lugar a la apertura de un caso, un escaso 5%.

Tribunales internacionales

Ferrer también propone "abrir la Sala" a otros tribunales nacionales e internacionales que se ocupan de causas penales, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Penal Internacional. También estrechar las relaciones con organismos europeos como Eurojust (la agencia europea de cooperación penal), la Fiscalía Europea o la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Frente a esas medidas, las propuestas de Arrieta en su programa son mucho más continuistas. Se centran en una serie de medidas procesales para mitigar su elevada carga de trabajo, como la "modulación de los criterios de inadmisión" de nuevos asuntos, agrupar recursos similares o detectar lo que denomina "casos faro" que sirvan para unificar la interpretación del tribunal. El candidato del sector conservador también cree necesario asegurar la coherencia de la sala con sus pronunciamientos previos así como que estos sean observados por los tribunales inferiores, para lo que propone reuniones o cursos con presidentes de tribunales superiores de justicia autonómicos, de audiencias provinciales o jueces decanos.