El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado por primera vez la expropiación del derecho de uso de una vivienda para evitar un desahucio. La familia afectada había acreditado estar en riesgo de exclusión social. Ahora, podrá permanecer en el inmueble durante tres años en situación de alquiler social y a cambio del 25% de sus ingresos (con un tope de 130 euros mensuales). Por su parte, la sociedad que se adjudicó la vivienda en subasta recibirá 4.711 euros en concepto de justiprecio.
El paso aprobado hoy supone el final de un largo recorrido iniciado el 23 de abril, cuando la familia solicitó acogerse al decreto de función social de la vivienda. Esa medida estuvo en vigor apenas unos meses, ya que el Gobierno central, tras las advertencias de Guindos y Gallardón al Ejecutivo autonómico, decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional, que paralizó de forma cautelar el decreto. La réplica de la Junta llegó a finales de septiembre, cuando impulsó las mismas medidas en forma de ley.
Además de aprobar la primera expropiación de este tipo en España, la Junta ha destacado este martes que los potenciales beneficiarios de la ley y de las expropiaciones son "ilimitados". De hecho, hay ya 17 expedientes publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a los que sólo les queda recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno. Y otros 113 casos en una fase previa, si bien ya se ha constatado que las familias cumplen los requisitos. En total, 130 expropiaciones en proceso y otras 507 personas que han iniciado los trámites para acogerse a la ley andaluza.
"Estafa de clase"
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En palabras de la consejera andaluza de vivienda, Elena Cortés (IU), la expropiación del derecho de uso de las viviendas es "un colchón" para evitar que las familias "caigan en el vacío social que supone perder la casa". "En Andalucía ni hay ni va a haber tregua contra los desahucios", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que los desalojos son una consecuencia de la "estafa de clase". A continuación se ha referido al caso de la primera familia beneficiada, residente en Huelva y formada por María del Carmen Andújar, su marido y sus dos hijos. Los cuatro miembros viven con unos ingresos inferiores a 542 euros mensuales.
Cortés también ha acusado a la sociedad que consiguió el derecho de propiedad de la vivienda en una subasta, la gestora de activos Ahorro y Titulización, de participar en operaciones especulativas. Las mismas, ha asegurado, "que han hundido el sector de la vivienda, el empleo y la garantía del derecho a la vivienda". La entidad no ha querido responder a las palabras de la consejera y tampoco ha aclarado si aceptará el justiprecio de 4.711 euros por tres años de expropiación. Esa cuantía es el resultante de calcular el 2% de lo que Ahorro y Titulización pagó por convertirse en propietaria del inmueble.
La gestora de activos dipone ahora de 15 días para dar por buena esa propuesta o recurrir. En ese caso, la Comisión Provincial de Valoraciones, dependiente de la Consejería de Presidencia, sería la encargada de revisar el justiprecio, pudiendo modificarlo tanto al alza como a la baja. Tras su dictamen, la financiera podría aceptarlo o acudir a los tribunales, al igual que ocurre cuando la Administración expropia, por ejemplo, para ejecutar un proyecto de obra pública. Sea como sea, la Junta garantiza a la familia que no tendrá que abandonar el inmueble bajo ningún concepto hasta dentro de tres años, tal y como establece la ley autonómica.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado por primera vez la expropiación del derecho de uso de una vivienda para evitar un desahucio. La familia afectada había acreditado estar en riesgo de exclusión social. Ahora, podrá permanecer en el inmueble durante tres años en situación de alquiler social y a cambio del 25% de sus ingresos (con un tope de 130 euros mensuales). Por su parte, la sociedad que se adjudicó la vivienda en subasta recibirá 4.711 euros en concepto de justiprecio.